Asignan Bs 200 millones para dar vida a gestora

El Gobierno asignó Bs 200 millones para el arranque de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, que en cinco meses más administrará los fondos del sistema integral de pensiones, ahora en manos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

Con el Decreto Supremo 2248, el 2015 se crea la gestora estatal, con un patrimonio inicial de Bs 80 millones, transferidos del Tesoro General de la Nación (TGN). A fines de marzo de 2017, el ejecutivo aprobó el DS 3123, que define las características generales para la constitución y ejecución de un fideicomiso de Bs 120 millones provenientes también del TGN, a favor de la gestora y que será administrado por el Banco Unión (BUN).

“Estos recursos se utilizarán para todas las inversiones de la nueva entidad. Se trata de financiar la estructuración y la puesta en marcha de la gestora. Hay que comprar servidores, inmuebles, entre otras cosas. Son gastos operativos y administrativos. La oficina central funcionará en La Paz, pero tiene que tener regionales en todos los departamentos”, manifestó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén.

El artículo 9 del DS 2248 establece que la gestora pública podrá recurrir, adicionalmente, al financiamiento por medio de fideicomisos, previa emisión del decreto supremo que le autorice títulos valores crediticios.

Migración de los fondos
La gestora iniciará sus funciones, a mediados de septiembre, luego de un año de retraso de su apertura que estaba prevista en primera instancia, para julio de 2016.

El Estado, a través de la gestora, trabaja con un software para transferir los datos sobre los fondos que manejan las AFP y hacerse cargo de su administración.

“Nos ocupamos en adaptar el módulo de pensiones que tiene la empresa contratada. El estándar de software que tienen no contempla el fondo solidario. Esto va a durar hasta fines de este mes y posteriormente se va a empezar a hacer la migración de datos de las dos AFP (Previsión y Futuro de Bolivia), a las bases de datos de la gestora”, explicó el viceministro Guillén.
Aseguró que esta migración va a ser imperceptible para los aportantes del país y lo que debería cambiar con la empresa estatal es “la mejora en la atención al público”.

Jubilados y recursos

Según el Viceministerio de Pensiones, a diciembre de 2010 había 30.000 personas jubiladas. Ahora, según el registro oficial, hay 103.000. Entre diciembre 2014 y diciembre de 2015 se han jubilado 15.000 nuevas personas. El 2016 se incrementaron a 16.000.

De las 103.000 personas jubiladas, más de 58.000 (57%) se han jubilado con el fondo solidario. Si se suman los choferes, con quienes se debate su inclusión, habrá un total de 277.000 aportantes.
El viceministro Mario Guillén informó también que la gestión 2016 se cerró con $us 14.100 millones de ahorro de la gente, que están siendo administrados por las AFP, las que recaudan casi $us 150 millones al mes.

“Es decir que por año se recaudan casi $us 1.800 millones. Terminaremos este año con casi $us 16.000 millones de plata ahorrada y hay que buscar dónde invertirla para dinamizar la economía. Uno de los planteamientos es el fondo para el sector agropecuario (de unos $us 150 millones que está en proceso) y mejorar el rendimiento de 5,28%”, dijo.

No obstante, existen también al menos 7.000 juicios coactivos iniciados con la nueva Ley de Pensiones y que están siendo sometidos a una auditoría legal.
Estas acciones han generado una mora efectiva y presunta, de $us 700 millones que la gestora va a depurar.

Cambios a la ley
Por su parte, el ejecutivo de la Confederación de Jubilados y Rentistas de Bolivia, Grover Alejandro, observó de que las AFP se aplazaron en la administración de los recursos de los trabajadores, ya que a su parecer, no han generado ninguna rentabilidad, sino más bien, han perdido recursos y propone cambios en la Ley de Pensiones (Ley 065).

“Por ejemplo, con los préstamos que hicieron a la Empresa Nacional Textil (Enatex) que cerró el Gobierno el año pasado, se ha perdido capital e intereses. La gestora estatal tendrá una pesada carga económica porque es mucho dinero de la capitalización individual y ahora el llamado fondo solidario, donde los empresarios aportan el 3%”, señaló.

En ese sentido, Alejandro manifestó que si bien el trabajador no va a sentir la migración de la gestora, el afectado va a ser el futuro jubilado que recibirá “rentas miserables de Bs 400, de acuerdo con sus aportes”, por lo que planteó, a través de la Central Obrera Boliviana (COB) una nueva Ley de Pensiones que contemple tres aporte solidarios: el patronal, el estatal y el laboral.
El martes, la COB y el Ministerio de Economía retomaron el trabajo de la Mesa Económica donde trataron el tema de la Ley de Pensiones.

Durante la reunión, el ministro de Economía, Luis Arce, y el viceministro de Pensiones expusieron la situación de la Ley de Pensiones en el ámbito internacional en lo que se refiere a la edad de jubilación y la densidad de aportes mínima para acceder a la jubilación, además de la rentabilidad real de las inversiones.

Control social
Vitaliano Mamani, ejecutivo de la COB, lamentó por su parte, que el Gobierno haya obviado al sector en el control de la empresa estatal que administrará los fondos de los trabajadores en el futuro.
“Sin consultar a los aportantes, que somos propietarios de esos recursos, no nos tomaron en cuenta en la conformación del directorio de la nueva gestora. Un claro ejemplo es cuando no nos han consultado nada para los créditos agropecuarios que utilizarán recursos de los aportantes. El Gobierno no da ningún aporte y ellos no pueden ser los dueños de los fondos. Por eso, siempre pedimos, aunque sea como control social, la participación de parte de los trabajadores en la gestora”, sostuvo