En Bolivia, el trópico de Cochabamba, más conocido como Chapare, es un paraíso fiscal como no ocurre con otras regiones del país. El área fue declarada Zona Económica Especial exportadora y turística, mediante la Ley 3420 de junio del 2006 y su Decreto reglamentario 1349 de septiembre del 2012, aprobados por el Gobierno de Evo Morales.
Los municipios de Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Puerto Villarroel y zona tropical del municipio de Entre Ríos gozan de privilegios para implementar condiciones de productividad y competitividad para emprendimientos productivos y turísticos a través de un tratamiento especial en los ámbitos legal, administrativo, tributario y financiero que permita fomentar la inversión productiva, la formalidad y promover el desarrollo económico de la región, etc.
Los incentivos aprobados abarcan la exención del IUE, del Gravamen Arancelario y del IVA para importaciones, pago de solo el 3% de importaciones de materias primas, insumos y herramientas, exención del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y descuentos de impuestos municipales.
De igual forma, la ley establece que el Gobierno, la Gobernación de Cochabamba y los municipios deben dar prioridad a la construcción de infraestructura, como carreteras, caminos, vías de acceso, iluminación, redes de gas natural, telecomunicaciones, energía, servicios básicos e infraestructura civil y otras en la zona.
Precisamente el alcalde de Entre Ríos, Aurelio Rojas, destacó la norma, pues permite un mejor despegue económico de la región y la unión de los gobiernos municipales con la Gobernación para encarar proyectos conjuntos. En el caso de este municipio, se tiene programada la ejecución de más de 40 proyectos este año.
Casi similar accionar, aunque con características diferentes y menores, se dan en otras cinco zonas especiales: Oruro, Pando (zona franca pública de Cobija), Ley de Promoción económica de El Alto, Potosí con el tratamiento especial de promoción de inversiones y Chuquisaca con su zona franca cultural y turística.
Piden auxilio a Evo
Ante tal situación, y a raíz de una profunda crisis causada por la devaluación de la moneda brasileña y de políticas económicas adoptadas por el Gobierno de Brasil, en los municipios fronterizos y el Comité Interinstitucional de Frontera (CIF) de Puerto Quijarro, Puerto Suárez y El Carmen Rivero Tórrez reclaman a gritos al presidente Evo Morales para que se los declare Zonas Económicas Especiales (ZEE). El objetivo es atraer inversiones y contrarrestar el cierre de más de un centenar de negocios en el cinturón fronterizo.
El grito del polo de desarrollo está orientado al mandatario, pues varios de los ministros de Estado y asambleístas del MAS no se han hecho eco de los proyectos, pese a que visitaron la zona y recibieron los documentos de manos de las autoridades y comerciantes de esas poblaciones fronterizas.
La demanda está sustentada en que Brasil aprobó la creación de tiendas libres de impuestos (duty free) y avanza con el proyecto de Ley 533/15 en la Cámara de Diputados, que crea el área de libre comercio en la ciudad de Corumbá. Ambas normas hacen tambalear el comercio fronterizo.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Wilfredo Rojo, afirma que es imperioso declarar ZEE a esos municipios fronterizos, mucho más si se toman en cuenta las normas aprobadas por Brasil para desarrollar la frontera de Corumbá. Además, argumenta que hay proyectos de siderurgia, de cemento, Puerto Busch, la ferrovía, el turismo, etc.
Un ministro pide el proyecto
EL DEBER buscó a los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo Productivo, pero no pudieron ser contactados. También se enviaron cuestionarios y no se obtuvo respuesta. El único que habló fue el ministro de Autonomías, Hugo Siles, que aseguró que este tema es de competencia del Ministerio de Economía. Sin embargo, solicitó a las autoridades de esa región que le hagan llegar su proyecto para evaluar si corresponde la declaratoria de zona económica especial.
“No tengo nada formal, pero los municipios que buscan promover esta zona deben acompañar su plan con un proyecto económico local. Ellos deben insertar nuevas formas de ingresos que sean generadas por los propios municipios, planes de instalar un parque industrial, etc.”, enfatizó.
La presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Adriana Salvatierra, admitió que recibió la demanda porteña con el ministro de la Presidencia, Juán Ramón Quintana; el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y algunos viceministros, pero que el tema no es fácil de aprobar. Prometió analizar el tema en marzo
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