El uso de recursos provenientes de la deuda pública deja dudas sobre la sostenibilidad de los pasivos del país, que —en el caso de la externa— crecieron en 22% por año tras las condonaciones, cuando la expansión media anual de la economía fue de 5%.
Datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) dan cuenta de que tras el retorno de la democracia, desde 1983 hasta 2016, el adeudo exterior nacional de mediano y largo plazo respecto al Producto Interno Bruto (PIB) nominal alcanzó su nivel más bajo en 2008 (15%) —en el gobierno de Evo Morales— y su pico más alto en 1987 (99%) —durante la presidencia de Víctor Paz—.
La evolución del valor de estas obligaciones, por el contrario, muestra en el mismo periodo otro comportamiento. Su cúspide se marcó el año pasado ($us 7.267,7 millones) y su base en 1983 (3.176 millones) —en la gestión de Hernán Siles—, última referencia que se calcula sin tomar en cuenta los $us 2.208 millones en compromisos externos que se registraron en 2007, luego de que tras gestiones realizadas en los gobiernos de Morales y de otros mandatarios los acreedores de Bolivia le condonaran al país unos $us 2.915 millones.
A su vez, la deuda interna en proporción al PIB alcanzó su máxima expresión en 2003 (31%) —en el año de transición entre Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa— y su cota ínfima en 2015 (12%). Su valor, no obstante, llegó a su apogeo en 2011 ($us 4.596 millones) —bajo la guardia del oficialismo— y a su ocaso en 1998 ($us 939 millones) —al comenzar el mandato de Hugo Banzer—.
“La principal trampa de la deuda pública es el hecho de que en algún momento hay que pagarla. El país lo hizo, por ejemplo, con una crisis económica entre 1982 y 1985 y con fuertes restricciones al crédito en los años posteriores”, recuerda Beatriz Muriel, investigadora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad).
“Lo que se ha logrado con los procesos de condonación de deuda y el incremento de los recursos fiscales es tener una deuda sostenible. Entonces, es importante que la gestión de las obligaciones del país mantenga esos niveles de sustentabilidad y que el uso de esos recursos sea responsable y eficiente”, agrega Patricia Miranda, analista de la Fundación Jubileo.
Después de la conmutación de parte de los compromisos internacionales del país, ambas deudas en relación al PIB se redujeron de 38% en 2008 a 30% en 2013, para luego aumentar progresivamente a 31% en 2014 y 2015 y a 34,1% la gestión pasada, poco menos de seis puntos porcentuales (pp) por debajo de la barrera establecida por el Mercosur para un endeudamiento sostenible y 22 pp menos que el límite máximo que puede permitirse el país (56%), según el Gobierno.
No obstante, el porcentaje de adeudo combinado, de 34,1%, podría subir a 40% del PIB de 2016 si se incluyen los $us 2.000 millones en bonos soberanos colocados por el Gobierno desde 2012 y a 62% si solo se toma en cuenta el más importante de los procesos de contratación de pasivos que lleva adelante el Ejecutivo, el crédito chino de $us 7.500 millones, lo que pondría a la deuda del país por encima de los cercos de sostenibilidad definidos por la CAF y la Unión Europea, 50 y 60%, respectivamente.
El analista Jimmy Osorio alerta que parte de los recursos provenientes de la deuda y de los ingresos fiscales están siendo utilizados por el Ejecutivo para satisfacer gasto corriente y proyectos que, en muchos casos, todavía no han demostrado su viabilidad ni su rentabilidad para reponer este capital.
Políticas. “Hay deuda que se ha contraído, por ejemplo, para inversión en infraestructura, y eso es muy bueno porque dinamiza la economía. Pero hay otras” inversiones ejecutadas con recursos de adeudo público “que no han sido rentables, como las efectuadas en algunas empresas (estatales) como Enatex, Papelbol y otras o en el programa ‘Bolivia cambia, Evo cumple’, que hace canchas y más canchas”, afirma.
La Razón envió un cuestionario al MEFP para tener más información sobre la gestión de la deuda pública, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Muriel coincide en que los recursos de pasivos deben ser utilizados para inversión productiva, la cual genera empleos formales, más recursos para la economía, mayores ingresos para el Estado por impuestos y permite el cumplimiento de las obligaciones.
Miranda considera, de su parte, que es necesario que el país realice una evaluación del impacto real de los proyectos que son financiados con esos recursos. El uso de “la deuda debería tener un impacto positivo para la población y no impactos negativos socioambientales, porque además de tener que pagar los intereses” de ésta “estamos comprometiendo recursos del futuro”, subraya.
Entre 2008 y 2016, luego de las condonaciones que beneficiaron al Estado, la deuda externa se incrementó en casi 198%, es decir a un ritmo de 22% por año, una tasa cuatro veces mayor al promedio anual de expansión de la economía en el mismo periodo (5%) y siete veces más grande que el crecimiento anual de los compromisos externos entre 1983 y 2005 (3,1%).
En los últimos nueve años, por su lado, el crecimiento promedio de las obligaciones internas del país fue del 4,4% por gestión, cifra inferior a la media anual del avance de la economía del Estado.
“El problema de la deuda” es que su pago puede causar al Gobierno iliquidez —“lo cual está asociado principalmente a limitaciones al acceso al crédito”— e insostenibilidad —si continuamente se pagan “las obligaciones de gasto con crédito”—, dice Muriel.
Armando Méndez, expresidente del Banco Central de Bolivia, advierte en uno de sus artículos que la “dramática” situación de deuda pública que algunos países europeos arrastran desde 2010 “no llegó de la noche a la mañana, sino poco a poco”. Producto de ese problema, agrega, estos Estados tuvieron que “hacer drásticos ajustes fiscales, aumentar impuestos y bajar gastos, tarea titánica y de difícil aceptación social” y que “trae consigo crisis económica”.
Deuda externa suma $us 2.305 millones en poco más de 5 meses
Wálter Vásquez
En cinco meses y nueve días, el Estado aprobó mediante ley y autorizó vía decreto la contratación de $us 2.305,6 millones de recursos internacionales, un monto que representa casi el 32% del saldo de la deuda externa registrado por el país hasta el año pasado.
De acuerdo con el registro de normas publicadas en la Gaceta Oficial de Bolivia, de enero al 9 de julio de este año, el Gobierno promulgó a través de 17 leyes la aprobación de $us 1.036,4 millones en préstamos y autorizó por medio de 10 decretos la suscripción de contratos de crédito por un valor de $us 1.269,2 millones.
Los recursos se recibirán de financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Fonplata, el Eximbank de China y el JICA de Japón, entre otras, y se invertirán en proyectos de infraestructura, de generación de energía, de seguridad alimentaria y otros.
Con ambos montos, los pasivos internacionales de Bolivia a 2016, de $us 7.267,7 millones ascenderían a 9.573,3 millones.
Según datos del Banco Central de Bolivia, actualmente los tres principales acreedores multilaterales del país son el BID, la CAF y el BM, mientras que los tres mayores prestamistas bilaterales con los que trabaja el país son China, Brasil y Alemania.
El Estado Plurinacional, como otros países con ingresos principalmente dependientes de las materias primas, ha estado en los últimos años financiando su presupuesto con crédito externo, recuerda Patricia Miranda, analista de la Fundación Jubileo. “Hasta 2016, la deuda está dentro de los márgenes de sostenibilidad. Sin embargo, es importante ver cuál va a ser la capacidad de pago del país a futuro, porque los endeudamientos que se están adquiriendo se van a amortizar en los siguiente años, no ahora”, dice.
Un fácil cumplimiento de la deuda pública estará en función de la evolución de los precios del petróleo, afirma por su lado Beatriz Muriel, investigadora del privado
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