Un nuevo caso de estafa piramidal queda al descubierto. Doscientas personas denunciaron a la Policía que, con la promesa de créditos gubernamentales, la Asociación Suma Kamasiñani (Viviremos Bien) recaudó 25.000 dólares de 700 socios en un año y que para hacerlo sus impulsores se presentaron como militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El hecho se destapó el jueves por la noche cuando los cuatro responsables de esa asociación fueron detenidos por sus víctimas en el pasaje peatonal de la Casa de la Cultura y llevados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Los aprehendidos fueron Ernesto N., presidente; Pánfila A. e Ismael C.; Demetrio Antonio V. se presentó voluntariamente.
Ernesto N. negó las acusaciones, se comprometió a devolver el dinero reclamado por los denunciantes y aseguró que sólo tiene unos 180 afiliados, de quienes “el 70 por ciento me apoya”.
Los presuntos estafadores permanecieron arrestados cuatro horas entre la noche del jueves y la madrugada de ayer en la FELCC, pero, al comprometerse a devolver el dinero en la Plataforma de Atención y Solución Temprana , el fiscal Luis Mamani dispuso su libertad.
En octubre del año pasado comenzó la labor de reclutar afiliados para formar la Federación de Prestatarios de La Paz. Los socios son comerciantes y artesanos. El grupo se reunía en el salón de sesiones del Edificio Fabril de La Paz, ubicado en la plaza San Francisco.
Los aportes semanales eran de 3, 5, 7 y 100 bolivianos, dinero que se destinaba al pago del alquiler de local, papeleo y el trámite para la personería jurídica en la Prefectura de La Paz.
Los préstamos ofrecidos iban desde 2.000 hasta 15.000 dólares a un interés anual del 0,6 por ciento. Según los afectados, el dinero iba a ser proveído por el Banco de Desarrollo Productivo (Bandepro).
Ésta es una entidad creada por el actual Gobierno para el fomento de pequeños emprendimientos productivos.
Mary Inelda Loayza, una de las supuestas víctimas, informó que el nombre de Federación de Prestatarios de La Paz cambió a Suma Kamasiñani, pero no variaron las promesas de préstamos que pasarían por alto los controles de la Central de Riesgos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).
“Nos pidieron tres bolivianos para pagar el alquiler del local donde se llevaban a cabo las reuniones. Después nos pedían aportes para papeleos y gastos de representación, pero lo que nos alarmó fue la cuota de 100 bolivianos que dimos para el trámite de la personería jurídica”.
Loayza dijo que entregó fotocopias simples de los testimonio de propiedad de sus inmuebles, vehículos y otras prendas para garantizar la devolución del eventual préstamo.
No ocultó su angustia al saber que esos documentos pueden ser legalizados y utilizados como garantías hipotecarias o transferidos a terceros.
La modalidad de afiliación al grupo era que cada miembro aceptado llevase consigo a otros dos en condición de invitados.
Suma Kamasiñani se publicitaba con anuncios y volantes en los que ofrecía “créditos fáciles y sin mucho papeleo”.
“Cuando nos invitaron a ser parte de la asociación, los integrantes del Directorio afirmaron que eran parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que por eso iban a conseguir créditos para invertirlos en negocios y otros rubros, pero que era imprescindible realizar el trámite de la personería jurídica”.
María Luisa Cuevas, otra damnificada, afirmó que Pánfila Alvarado “no perdonaba” retrasos o faltas y que cada socio era multado con diez a 50 bolivianos, ingresos de los que no existen registros oficiales”, por lo que no será posible recuperarlos.
“Nos dijeron que el préstamo iba a ser financiado por el Gobierno, pero después de cobrar las cuotas estas personas desaparecieron hace tres semanas”.
Otra de las afectadas, Nelly Montecinos, explicó que durante los diez meses en los que formó parte de la organización aportó alrededor de 250 bolivianos.
“Yo no fui multada por nada y no fallé a ninguna reunión, por eso es que no invertí mucho, pero ahora quiero mi dinero”.
Una de las víctimas aseguró haber entregado 10.000 bolivianos, extremo que fue desmentido por Ernesto N., al igual que la supuesta vinculación con el MAS o con entes gubernamentales.
Aseguró que se gestionan los créditos en una entidad financiera, cuyo nombre tampoco reveló, y que se debe devolver no más de 1.400 bolivianos.
“El dinero que se ha pedido (100 bolivianos) era para gestionar la personería jurídica, que cuesta 2.000 bolivianos, los honorarios del abogado y 405 bolivianos que se pagan a la Prefectura. También se pedía dinero para pagar el alquiler del salón. que cuesta 80 bolivianos cada semana, pero no se cobraba multas por faltas o retrasos”.
Los detenidos firmaron el viernes por la mañana un compromiso para devolver los aportes de las víctimas hasta el 30 de noviembre, siempre y cuando cuenten con los recibos respectivos.
“Como hemos arreglado, ya no tenemos nada más que hacer, hemos presentado todas las pruebas al investigador de la FELCC y al Fiscal. Las señoras nos están acusando porque las hemos excluido de la asociación. Han fraguado documentos y presentado carnets de identidad falsos. Son sólo 14 personas que reclaman su dinero”.
Sin embargo, uno de los investigadores de la división de Delitos Económicos y Financieros de la FELCC aseguró que, durante la aprehensión de los responsables de este organismo, alrededor de 200 personas protestaban y exigían su dinero.
El efectivo informó que, pese a haber acudido a sus oficinas, las supuestas víctimas no presentaron querella, por lo que la fuerza anticrimen no abrió investigación.
Éste es el segundo caso denunciado de estafa piramidal en La Paz este año. El primero se registró entre el 10 y el 18 de septiembre, cuando la empresa Kontakt se llevó 67.500 bolivianos por ofrecer víveres en un tercio de su valor.
Asfi aún no se pronuncia
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) no emitió ayer un pronunciamiento sobre este nuevo caso de presunta estafa piramidal producida en La Paz.
La Unidad de Comunicación del organismo rector de las actividades financieras y de captación de recursos del público solicitó ayer a La Prensa la remisión de un cuestionario por correo electrónico para ser respondido el martes, después del largo fin de semana.
Ante las denuncias de irregularidades al parecer cometidas en empresas como Interexporbol o una, sin nombre, que recaudaba dinero del público, la reguladora sólo emitió comunicados en los que expresaba que 43 empresas bolivianas y extranjeras o que operaban a través de internet no están autorizadas para efectuar labores de intermediación financiera.
Se trata de diez sitios de internet que no se saben dónde se originan; 11 empresas extranjeras que desarrollan sus labores en el país; 19 compañías nacionales, entre las que se cuenta a las clausuradas Roghel Bolivia, LV Pharma y Orión, cuyos propietarios afrontan procesos ante la justicia ordinaria, y tres sitios que ofrecen pasanaku digital.
Las investigaciones de la FELCC
Después de conocerse la estafa piramidal perpetrada por la empresa Kontakt, que recaudó alrededor de 67.500 bolivianos de unas 450 personas a quienes había ofrecido víveres a precios equivalentes a un tercio de los del mercado, la división de Delitos Económicos y Financieros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) abrió una investigación de oficio.
Los responsables de esa organización aseguraron que en “algunos días” reanudarían sus operaciones, lo que nunca sucedió. Ochenta de los 450 afectados presentaron querella contra los responsables de esa firma. Al recibir los documentos, los investigadores emitieron citaciones para que prestasen declaraciones, pero se conoció que no todos los querellantes acudieron al llamado policial.
La Prensa publicó, además, que dos empresas, Interexporbol y otra sin denominación, captaban dinero del público sin regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). La primera se presentaba como “comercializadora”, que ofrecía utilidades que variaban entre 9 y 20 por ciento mensual, en tanto que la segunda recibía donativos que permitían a sus afiliados multiplicar un primer aporte de 25 dólares hasta recibir 225 a condición de abonar 15 dólares para la organización e incluir a dos personas más en el programa.
Este caso mereció una investigación de oficio de la FELCC, pero el suboficial al cargo de esta labor fue declarado en comisión por motivo de estudios.
Los detalles
La entidad comenzó a funcionar aproximadamente en octubre del año pasado.
Sus impulsores pretendían crear la Federación de Prestatarios de La Paz.
Los socios se reunían en el salón de reuniones de la Federación de Fabriles de La Paz.
Las reuniones se cumplían los jueves a las 15.00. Los atrasados y faltones eran multados.
Los dueños del local cobraban 80 bolivianos de alquiler por cada reunión.
Cada socio aportaba seis bolivianos para el pago del alquiler del salón y otros gastos.
Las supuestas víctimas aseguran que en promedio aportaron 250 bolivianos en un año.
Si fueran 700 socios, el monto recaudado ascendería a aproximadamente 25.000 dólares.
Según la FELCC, unas 200 personas se presentaron para exigir la devolución de su dinero.
Los cuatro responsables de la asociación se comprometieron a devolver aportes en un mes.
Los afectados aseguran que los impulsores se presentaron como militantes del MAS.
Les ofrecieron créditos de 2.000 a 15.000 dólares con un interés anual del 0,6 por ciento.
Pistas
El “gancho” para atraer socios eran préstamos del Banco de Desarrollo Productivo.
Los afectados entregaron en garantía títulos de propiedad de sus bienes.
Sin embargo, nadie recibió los desembolsos prometidos durante un año.
El hecho se destapó el jueves por la noche cuando los cuatro responsables de esa asociación fueron detenidos por sus víctimas en el pasaje peatonal de la Casa de la Cultura y llevados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Los aprehendidos fueron Ernesto N., presidente; Pánfila A. e Ismael C.; Demetrio Antonio V. se presentó voluntariamente.
Ernesto N. negó las acusaciones, se comprometió a devolver el dinero reclamado por los denunciantes y aseguró que sólo tiene unos 180 afiliados, de quienes “el 70 por ciento me apoya”.
Los presuntos estafadores permanecieron arrestados cuatro horas entre la noche del jueves y la madrugada de ayer en la FELCC, pero, al comprometerse a devolver el dinero en la Plataforma de Atención y Solución Temprana , el fiscal Luis Mamani dispuso su libertad.
En octubre del año pasado comenzó la labor de reclutar afiliados para formar la Federación de Prestatarios de La Paz. Los socios son comerciantes y artesanos. El grupo se reunía en el salón de sesiones del Edificio Fabril de La Paz, ubicado en la plaza San Francisco.
Los aportes semanales eran de 3, 5, 7 y 100 bolivianos, dinero que se destinaba al pago del alquiler de local, papeleo y el trámite para la personería jurídica en la Prefectura de La Paz.
Los préstamos ofrecidos iban desde 2.000 hasta 15.000 dólares a un interés anual del 0,6 por ciento. Según los afectados, el dinero iba a ser proveído por el Banco de Desarrollo Productivo (Bandepro).
Ésta es una entidad creada por el actual Gobierno para el fomento de pequeños emprendimientos productivos.
Mary Inelda Loayza, una de las supuestas víctimas, informó que el nombre de Federación de Prestatarios de La Paz cambió a Suma Kamasiñani, pero no variaron las promesas de préstamos que pasarían por alto los controles de la Central de Riesgos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).
“Nos pidieron tres bolivianos para pagar el alquiler del local donde se llevaban a cabo las reuniones. Después nos pedían aportes para papeleos y gastos de representación, pero lo que nos alarmó fue la cuota de 100 bolivianos que dimos para el trámite de la personería jurídica”.
Loayza dijo que entregó fotocopias simples de los testimonio de propiedad de sus inmuebles, vehículos y otras prendas para garantizar la devolución del eventual préstamo.
No ocultó su angustia al saber que esos documentos pueden ser legalizados y utilizados como garantías hipotecarias o transferidos a terceros.
La modalidad de afiliación al grupo era que cada miembro aceptado llevase consigo a otros dos en condición de invitados.
Suma Kamasiñani se publicitaba con anuncios y volantes en los que ofrecía “créditos fáciles y sin mucho papeleo”.
“Cuando nos invitaron a ser parte de la asociación, los integrantes del Directorio afirmaron que eran parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que por eso iban a conseguir créditos para invertirlos en negocios y otros rubros, pero que era imprescindible realizar el trámite de la personería jurídica”.
María Luisa Cuevas, otra damnificada, afirmó que Pánfila Alvarado “no perdonaba” retrasos o faltas y que cada socio era multado con diez a 50 bolivianos, ingresos de los que no existen registros oficiales”, por lo que no será posible recuperarlos.
“Nos dijeron que el préstamo iba a ser financiado por el Gobierno, pero después de cobrar las cuotas estas personas desaparecieron hace tres semanas”.
Otra de las afectadas, Nelly Montecinos, explicó que durante los diez meses en los que formó parte de la organización aportó alrededor de 250 bolivianos.
“Yo no fui multada por nada y no fallé a ninguna reunión, por eso es que no invertí mucho, pero ahora quiero mi dinero”.
Una de las víctimas aseguró haber entregado 10.000 bolivianos, extremo que fue desmentido por Ernesto N., al igual que la supuesta vinculación con el MAS o con entes gubernamentales.
Aseguró que se gestionan los créditos en una entidad financiera, cuyo nombre tampoco reveló, y que se debe devolver no más de 1.400 bolivianos.
“El dinero que se ha pedido (100 bolivianos) era para gestionar la personería jurídica, que cuesta 2.000 bolivianos, los honorarios del abogado y 405 bolivianos que se pagan a la Prefectura. También se pedía dinero para pagar el alquiler del salón. que cuesta 80 bolivianos cada semana, pero no se cobraba multas por faltas o retrasos”.
Los detenidos firmaron el viernes por la mañana un compromiso para devolver los aportes de las víctimas hasta el 30 de noviembre, siempre y cuando cuenten con los recibos respectivos.
“Como hemos arreglado, ya no tenemos nada más que hacer, hemos presentado todas las pruebas al investigador de la FELCC y al Fiscal. Las señoras nos están acusando porque las hemos excluido de la asociación. Han fraguado documentos y presentado carnets de identidad falsos. Son sólo 14 personas que reclaman su dinero”.
Sin embargo, uno de los investigadores de la división de Delitos Económicos y Financieros de la FELCC aseguró que, durante la aprehensión de los responsables de este organismo, alrededor de 200 personas protestaban y exigían su dinero.
El efectivo informó que, pese a haber acudido a sus oficinas, las supuestas víctimas no presentaron querella, por lo que la fuerza anticrimen no abrió investigación.
Éste es el segundo caso denunciado de estafa piramidal en La Paz este año. El primero se registró entre el 10 y el 18 de septiembre, cuando la empresa Kontakt se llevó 67.500 bolivianos por ofrecer víveres en un tercio de su valor.
Asfi aún no se pronuncia
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) no emitió ayer un pronunciamiento sobre este nuevo caso de presunta estafa piramidal producida en La Paz.
La Unidad de Comunicación del organismo rector de las actividades financieras y de captación de recursos del público solicitó ayer a La Prensa la remisión de un cuestionario por correo electrónico para ser respondido el martes, después del largo fin de semana.
Ante las denuncias de irregularidades al parecer cometidas en empresas como Interexporbol o una, sin nombre, que recaudaba dinero del público, la reguladora sólo emitió comunicados en los que expresaba que 43 empresas bolivianas y extranjeras o que operaban a través de internet no están autorizadas para efectuar labores de intermediación financiera.
Se trata de diez sitios de internet que no se saben dónde se originan; 11 empresas extranjeras que desarrollan sus labores en el país; 19 compañías nacionales, entre las que se cuenta a las clausuradas Roghel Bolivia, LV Pharma y Orión, cuyos propietarios afrontan procesos ante la justicia ordinaria, y tres sitios que ofrecen pasanaku digital.
Las investigaciones de la FELCC
Después de conocerse la estafa piramidal perpetrada por la empresa Kontakt, que recaudó alrededor de 67.500 bolivianos de unas 450 personas a quienes había ofrecido víveres a precios equivalentes a un tercio de los del mercado, la división de Delitos Económicos y Financieros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) abrió una investigación de oficio.
Los responsables de esa organización aseguraron que en “algunos días” reanudarían sus operaciones, lo que nunca sucedió. Ochenta de los 450 afectados presentaron querella contra los responsables de esa firma. Al recibir los documentos, los investigadores emitieron citaciones para que prestasen declaraciones, pero se conoció que no todos los querellantes acudieron al llamado policial.
La Prensa publicó, además, que dos empresas, Interexporbol y otra sin denominación, captaban dinero del público sin regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). La primera se presentaba como “comercializadora”, que ofrecía utilidades que variaban entre 9 y 20 por ciento mensual, en tanto que la segunda recibía donativos que permitían a sus afiliados multiplicar un primer aporte de 25 dólares hasta recibir 225 a condición de abonar 15 dólares para la organización e incluir a dos personas más en el programa.
Este caso mereció una investigación de oficio de la FELCC, pero el suboficial al cargo de esta labor fue declarado en comisión por motivo de estudios.
Los detalles
La entidad comenzó a funcionar aproximadamente en octubre del año pasado.
Sus impulsores pretendían crear la Federación de Prestatarios de La Paz.
Los socios se reunían en el salón de reuniones de la Federación de Fabriles de La Paz.
Las reuniones se cumplían los jueves a las 15.00. Los atrasados y faltones eran multados.
Los dueños del local cobraban 80 bolivianos de alquiler por cada reunión.
Cada socio aportaba seis bolivianos para el pago del alquiler del salón y otros gastos.
Las supuestas víctimas aseguran que en promedio aportaron 250 bolivianos en un año.
Si fueran 700 socios, el monto recaudado ascendería a aproximadamente 25.000 dólares.
Según la FELCC, unas 200 personas se presentaron para exigir la devolución de su dinero.
Los cuatro responsables de la asociación se comprometieron a devolver aportes en un mes.
Los afectados aseguran que los impulsores se presentaron como militantes del MAS.
Les ofrecieron créditos de 2.000 a 15.000 dólares con un interés anual del 0,6 por ciento.
Pistas
El “gancho” para atraer socios eran préstamos del Banco de Desarrollo Productivo.
Los afectados entregaron en garantía títulos de propiedad de sus bienes.
Sin embargo, nadie recibió los desembolsos prometidos durante un año.
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