El presidente en ejercicio Álvaro García Linera aseguró que los aportes que los trabajadores realizan para su jubilación no serán objeto de confiscación por parte del Gobierno, cuando éstos sean administrados por entes públicos.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, afirmó —en una entrevista con La Razón el 6 de diciembre— que tras la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE), “a nosotros nos queda claro que van a ser entidades estatales las que administren la plata de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones)”.
En esa misma línea, el lunes, el director de Políticas para la Previsión Social del Ministerio de Trabajo, Sócimo Paniagua, informó que como parte de la adecuación de la nueva Ley de Pensiones a la Carta Magna, las actuales AFP privadas serán reemplazadas por tesorerías o administradoras públicas.
Ninguna de las dos AFP que operan en el país quiso pronunciarse al respecto. Desde Futuro de Bolivia se indicó que “aún no existe una postura oficial del Gobierno a la cual referirse”; mientras que desde Previsión BBVA pidieron una solicitud escrita.
“El Gobierno va a respetar los ahorros personales, individuales de los trabajadores; las cuentas individuales serán protegidas, garantizadas, serán inviolables”, dijo ayer García, en una rueda de prensa en el Palacio Quemado.
Agregó que a diferencia del pasado, el Ejecutivo “no necesita estar tocando ni agrediendo a nadie, ni pidiendo limosna para financiar sus proyectos”.
El 21 de diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Pensiones presentado por el Gobierno. El mismo habilita a dos AFP, una pública y la otra privada, para que la persona pueda elegir a cuál confiar sus aportes.
Sin embargo, Paniagua señaló que su despacho trabaja en la reglamentación y actualización de la futura norma en base al texto aprobado en Diputados y a la propuesta elaborada el 2008 por la Central Obrera Boliviana.
“En el tema de pensiones hay que debatir. Será una de las tareas fundamentales de la Asamblea (Legislativa) Plurinacional; se tomarán en cuenta varios criterios, la Constitución también enmarca y pide ciertas orientaciones, pero el trabajador tiene que estar seguro de los lineamientos generales: universalidad, (jubilación) para todos los bolivianos y protección del ahorro personal”, expresó García.
La Carta Magna establece, en su Artículo 45, que dirección y administración de la seguridad social “corresponde al Estado, con control y participación social” y que “los servicios de seguridad pública no podrán ser privatizados ni concesionados”.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, afirmó —en una entrevista con La Razón el 6 de diciembre— que tras la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE), “a nosotros nos queda claro que van a ser entidades estatales las que administren la plata de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones)”.
En esa misma línea, el lunes, el director de Políticas para la Previsión Social del Ministerio de Trabajo, Sócimo Paniagua, informó que como parte de la adecuación de la nueva Ley de Pensiones a la Carta Magna, las actuales AFP privadas serán reemplazadas por tesorerías o administradoras públicas.
Ninguna de las dos AFP que operan en el país quiso pronunciarse al respecto. Desde Futuro de Bolivia se indicó que “aún no existe una postura oficial del Gobierno a la cual referirse”; mientras que desde Previsión BBVA pidieron una solicitud escrita.
“El Gobierno va a respetar los ahorros personales, individuales de los trabajadores; las cuentas individuales serán protegidas, garantizadas, serán inviolables”, dijo ayer García, en una rueda de prensa en el Palacio Quemado.
Agregó que a diferencia del pasado, el Ejecutivo “no necesita estar tocando ni agrediendo a nadie, ni pidiendo limosna para financiar sus proyectos”.
El 21 de diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Pensiones presentado por el Gobierno. El mismo habilita a dos AFP, una pública y la otra privada, para que la persona pueda elegir a cuál confiar sus aportes.
Sin embargo, Paniagua señaló que su despacho trabaja en la reglamentación y actualización de la futura norma en base al texto aprobado en Diputados y a la propuesta elaborada el 2008 por la Central Obrera Boliviana.
“En el tema de pensiones hay que debatir. Será una de las tareas fundamentales de la Asamblea (Legislativa) Plurinacional; se tomarán en cuenta varios criterios, la Constitución también enmarca y pide ciertas orientaciones, pero el trabajador tiene que estar seguro de los lineamientos generales: universalidad, (jubilación) para todos los bolivianos y protección del ahorro personal”, expresó García.
La Carta Magna establece, en su Artículo 45, que dirección y administración de la seguridad social “corresponde al Estado, con control y participación social” y que “los servicios de seguridad pública no podrán ser privatizados ni concesionados”.
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