Al 31 de octubre de este año, el 64 por ciento de los aportes de los trabajadores en las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están invertidos en bonos y letras del Tesoro General de la Nación (TGN), por lo que el Estado se convertirá en deudor y acreedor si decide manejar en el futuro parte del sistema con la nueva Ley de Pensiones.
Según datos de la Autoridad Nacional de Control y Fiscalización en Pensiones, la inversión del Fondo de Capitalización Individual (FCI) (conformado por los ahorros de jubilación de los trabajadores) alcanza a 3.685,7 millones de dólares.
De este monto, la mayor parte (64 por ciento) fue invertido por las AFP Futuro de Bolivia y Previsión BBV en la compra de bonos y letras del Tesoro, y el resto (37 por ciento), en bonos, pagarés de empresas privadas.
En 1997, cuando las gestoras privadas de pensiones iniciaron sus labores, el Estado les obligó a comprar 180 millones de dólares anuales de bonos del TGN, para financiar el pago de rentas de los jubilados al antiguo sistema de reparto.
Desde entonces, el promedio anual del endeudamiento con las AFP llegó a 946 millones de bolivianos.
La nueva Ley de Pensiones que propone el Órgano Ejecutivo para su discusión y aprobación en 2010 encarga la administración de las pensiones a una entidad estatal y otra privada en un sistema mixto.
El ex director del Sistema Nacional de Reparto (Senasir) Alberto Bonadona dijo que si se impone ese proyecto, el Estado pasará de acreedor a administrador de las pensiones, lo que puede traer riesgos para los aportantes en la medida en que el Estado tenga nuevamente déficit fiscal en sus cuentas.
Con un portafolio de recursos tan grande en sus manos, no dudará, dice el analista, en solucionar sus problemas financieros con estos fondos que están destinados por ley al pago de rentas de jubilación.
Según Bonadona, hoy existe superávit; pero en el futuro, nuevamente se puede presentar déficit y el Estado recurrirá a los recursos líquidos que genera el sistema para cubrir la brecha.
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la deuda con las AFP al 31 de septiembre asciende a 1.905 millones de dólares.
Sin embargo, desde septiembre de 2007, el Tesoro General de la Nación (TGN) dejó de emitir bonos para su adquisición por las AFP, con lo que frenó el incremento de la deuda.
En 2005, la demanda de recursos para financiar el costo de pensiones antiguo fue de 1.106 millones de bolivianos, pero el Estado sólo se prestó de las AFP 741 millones.
Sin embargo, en 2008, debido al superávit fiscal alcanzado, el Tesoro General de la Nación (TGN) cubrió con recursos propios la totalidad del gasto, 3.972 millones de bolivianos.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el periodo 2012 y 2015 se tendrán los primeros vencimientos de deuda con las AFP y el TGN deberá devolver el capital, y los montos anuales requeridos alcanzarán a 1.580 millones de bolivianos.
El Gobierno espera que la carga se alivie con la bolivianización de la deuda y la reducción de tasas de interés.
El Estado dejó de endeudarse con las AFP desde el año pasado.
Para destacar
El Gobierno impulsará en 2010 la aprobación de una nueva Ley de Pensiones en la Asamblea Plurinacional.
Este año, en el Congreso se inició el debate de los anteproyectos del Órgano Ejecutivo y de la COB.
La Central Obrera Boliviana plantea la eliminación de las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El Ejecutivo propone un sistema mixto administrado por una entidad estatal y otra privada.
Según datos de la Autoridad Nacional de Control y Fiscalización en Pensiones, la inversión del Fondo de Capitalización Individual (FCI) (conformado por los ahorros de jubilación de los trabajadores) alcanza a 3.685,7 millones de dólares.
De este monto, la mayor parte (64 por ciento) fue invertido por las AFP Futuro de Bolivia y Previsión BBV en la compra de bonos y letras del Tesoro, y el resto (37 por ciento), en bonos, pagarés de empresas privadas.
En 1997, cuando las gestoras privadas de pensiones iniciaron sus labores, el Estado les obligó a comprar 180 millones de dólares anuales de bonos del TGN, para financiar el pago de rentas de los jubilados al antiguo sistema de reparto.
Desde entonces, el promedio anual del endeudamiento con las AFP llegó a 946 millones de bolivianos.
La nueva Ley de Pensiones que propone el Órgano Ejecutivo para su discusión y aprobación en 2010 encarga la administración de las pensiones a una entidad estatal y otra privada en un sistema mixto.
El ex director del Sistema Nacional de Reparto (Senasir) Alberto Bonadona dijo que si se impone ese proyecto, el Estado pasará de acreedor a administrador de las pensiones, lo que puede traer riesgos para los aportantes en la medida en que el Estado tenga nuevamente déficit fiscal en sus cuentas.
Con un portafolio de recursos tan grande en sus manos, no dudará, dice el analista, en solucionar sus problemas financieros con estos fondos que están destinados por ley al pago de rentas de jubilación.
Según Bonadona, hoy existe superávit; pero en el futuro, nuevamente se puede presentar déficit y el Estado recurrirá a los recursos líquidos que genera el sistema para cubrir la brecha.
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la deuda con las AFP al 31 de septiembre asciende a 1.905 millones de dólares.
Sin embargo, desde septiembre de 2007, el Tesoro General de la Nación (TGN) dejó de emitir bonos para su adquisición por las AFP, con lo que frenó el incremento de la deuda.
En 2005, la demanda de recursos para financiar el costo de pensiones antiguo fue de 1.106 millones de bolivianos, pero el Estado sólo se prestó de las AFP 741 millones.
Sin embargo, en 2008, debido al superávit fiscal alcanzado, el Tesoro General de la Nación (TGN) cubrió con recursos propios la totalidad del gasto, 3.972 millones de bolivianos.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el periodo 2012 y 2015 se tendrán los primeros vencimientos de deuda con las AFP y el TGN deberá devolver el capital, y los montos anuales requeridos alcanzarán a 1.580 millones de bolivianos.
El Gobierno espera que la carga se alivie con la bolivianización de la deuda y la reducción de tasas de interés.
El Estado dejó de endeudarse con las AFP desde el año pasado.
Para destacar
El Gobierno impulsará en 2010 la aprobación de una nueva Ley de Pensiones en la Asamblea Plurinacional.
Este año, en el Congreso se inició el debate de los anteproyectos del Órgano Ejecutivo y de la COB.
La Central Obrera Boliviana plantea la eliminación de las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El Ejecutivo propone un sistema mixto administrado por una entidad estatal y otra privada.
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