La RazonEl costo para el Estado de los bonos entregados por el actual Gobierno creció en 1.213% entre el 2006 y este año. Las transferencias de dinero a los sectores más empobrecidos subieron de 27,7 a 363,9 millones de dólares.
Así lo refleja un informe realizado por la Red de Análisis Fiscal (RAF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, publicado en el sitio web del Banco Central de Bolivia.
El 2006 se empezó a pagar el bono Juancito Pinto de Bs 200 a estudiantes que cursan de primero a octavo de primaria en todo el país. Ese año, la iniciativa demandó $us 27,7 millones.
La cifra incluye el monto de las transferencias provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN) y los costos operativos y logísticos de la distribución. El gasto del bono escolar creció a $us 34,3 millones para el 2007.
Un año más tarde, el Gobierno inició la entrega de la renta Dignidad. El beneficio está dirigido a las personas mayores de 60 años de edad y consiste en el pago de 200 bolivianos mensuales para quienes no tienen jubilación, y de 150 bolivianos para los que ya perciben una renta.
Con ello, el costo para el Estado escaló a $us 267,2 millones, según los datos de la RAF.
Además de recursos del TGN, tanto el bono Juancito Pinto como la renta Dignidad se financian con el 30% de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondiente a las ventas externas de gas.
El 3 de abril del 2009, el Ejecutivo aprobó la distribución de un tercer bono denominado Juana Azurduy. Éste consiste en la
dotación de Bs 1.820 a la madre gestante y a su hijo recién nacido, a cambio de que asistan a consultas médicas de control. También autorizó el pago único de
Bs 1.000 para los funcionarios públicos que no recibieron incrementos salariales en los últimos años. Ambos reciben recursos del erario público y de la cooperación internacional, en el caso del bono Juana Azurduy.
El informe de la Red de Análisis Fiscal da cuenta que el Estado boliviano presupuestó este año un monto total de $us 363,9 millones para pagar los cuatro bonos. El Ejecutivo también autorizó el pago único este año de Bs 1.815
bolivianos a favor de los beneméritos de la Guerra del Chaco. El documento elaborado por la RAF no incluye este beneficio.
Dudas sobre la sostenibilidad
Para el analista económico Napoleón Pachecos, la sostenibilidad en el pago de dos de los bonos entregados por el Gobierno está en duda, debido a su fuente de financiamiento.
Se trata del bono Juancito Pinto y la renta Dignidad, subvencionados con el 30% de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDI), correspondiente a las exportaciones de hidrocarburos del país.
“El financiamiento que se sustenta en un ingreso variable y sujeto a condicionamientos o a restricciones externas no es sostenible. Además, estamos viendo caídas en las recaudaciones petroleras”, dijo a La Razón.
Informes oficiales señalan que los ingresos provenientes del sector de los hidrocarburos cayeron en 14,7% entre enero y mayo, respecto a similar período del 2008.
Pachecos indicó que el Gobierno podría usar el excedente de recursos generados el 2008 o el dinero que tiene depositado en el Banco Central por sus deudas no canceladas para pagar ambos bonos durante esta gestión, pero que la situación “se tornaría insostenible el próximo año” si los precios y la demanda brasileña de gas natural no repuntan.
Así lo refleja un informe realizado por la Red de Análisis Fiscal (RAF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, publicado en el sitio web del Banco Central de Bolivia.
El 2006 se empezó a pagar el bono Juancito Pinto de Bs 200 a estudiantes que cursan de primero a octavo de primaria en todo el país. Ese año, la iniciativa demandó $us 27,7 millones.
La cifra incluye el monto de las transferencias provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN) y los costos operativos y logísticos de la distribución. El gasto del bono escolar creció a $us 34,3 millones para el 2007.
Un año más tarde, el Gobierno inició la entrega de la renta Dignidad. El beneficio está dirigido a las personas mayores de 60 años de edad y consiste en el pago de 200 bolivianos mensuales para quienes no tienen jubilación, y de 150 bolivianos para los que ya perciben una renta.
Con ello, el costo para el Estado escaló a $us 267,2 millones, según los datos de la RAF.
Además de recursos del TGN, tanto el bono Juancito Pinto como la renta Dignidad se financian con el 30% de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), correspondiente a las ventas externas de gas.
El 3 de abril del 2009, el Ejecutivo aprobó la distribución de un tercer bono denominado Juana Azurduy. Éste consiste en la
dotación de Bs 1.820 a la madre gestante y a su hijo recién nacido, a cambio de que asistan a consultas médicas de control. También autorizó el pago único de
Bs 1.000 para los funcionarios públicos que no recibieron incrementos salariales en los últimos años. Ambos reciben recursos del erario público y de la cooperación internacional, en el caso del bono Juana Azurduy.
El informe de la Red de Análisis Fiscal da cuenta que el Estado boliviano presupuestó este año un monto total de $us 363,9 millones para pagar los cuatro bonos. El Ejecutivo también autorizó el pago único este año de Bs 1.815
bolivianos a favor de los beneméritos de la Guerra del Chaco. El documento elaborado por la RAF no incluye este beneficio.
Dudas sobre la sostenibilidad
Para el analista económico Napoleón Pachecos, la sostenibilidad en el pago de dos de los bonos entregados por el Gobierno está en duda, debido a su fuente de financiamiento.
Se trata del bono Juancito Pinto y la renta Dignidad, subvencionados con el 30% de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDI), correspondiente a las exportaciones de hidrocarburos del país.
“El financiamiento que se sustenta en un ingreso variable y sujeto a condicionamientos o a restricciones externas no es sostenible. Además, estamos viendo caídas en las recaudaciones petroleras”, dijo a La Razón.
Informes oficiales señalan que los ingresos provenientes del sector de los hidrocarburos cayeron en 14,7% entre enero y mayo, respecto a similar período del 2008.
Pachecos indicó que el Gobierno podría usar el excedente de recursos generados el 2008 o el dinero que tiene depositado en el Banco Central por sus deudas no canceladas para pagar ambos bonos durante esta gestión, pero que la situación “se tornaría insostenible el próximo año” si los precios y la demanda brasileña de gas natural no repuntan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario