La RazonEn el país hay 20 empresas nacionales y 11 extranjeras que no están autorizadas para operar como entidades financieras. Así lo señalan datos manejados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).
El órgano fiscalizador advierte que las primeras no cuentan con la autorización legal “para recibir dinero del público en calidad de depósitos, préstamos mutuos o bajo otra modalidad; o para realizar actividades de intermediación financiera (ver infografía)”.
También alerta de “supuestas empresas del exterior —sin licencia de funcionamiento—, (que) estarían ofreciendo recursos financieros a personas naturales y jurídicas en Bolivia, bajo la forma de préstamos autocancelables, préstamos a fondo perdido, préstamos garantizados, entre otras operaciones. Señala que para acceder a los “préstamos”, los interesados deben depositar a favor de las firmas una suma de dinero equivalente a una fracción del crédito, para luego obtenerlo sin la necesidad de repagarlo.
Un medio local informó ayer de dos empresas, en La Paz, que captan depósitos del público sin control de la Asfi. La primera, denominada Interexporbol, se presenta como comercializadora y usa el nombre de una firma venezolana para conseguir clientes. La segunda, anónima, recibe donativos con la promesa de entregar sumas mayores al cabo de un tiempo. Ambas ofrecen intereses entre el 9 y 20% mensual.
Ambos casos “están en proceso de investigación” para “comprobar de modo fehaciente la ilegalidad de las entidades”, indicó a La Razón el ente regulador, en respuesta a un cuestionario.
Señaló que las actividades de captación irregular de ahorros “se desarrollan generalmente de modo silencioso y en círculos cerrados a grupos que comparten ciertos intereses comunes” y que “las personas o empresas que se organizan para este fin, generalmente se disfrazan con actividades de otro giro, por lo que evaden la regulación y control”.
Sin embargo, aseguró, el reglamento para clausurar locales que realizan operaciones de intermediación financiera ilegal —en actual vigencia— permite investigar a personas o empresas presuntamente ligadas a la comisión del mencionado delito.
Por otro lado, la Asfi da cuenta que el proyecto para modificar la Ley de Bancos ya “ha sido remitido al Congreso para su tratamiento”. Éste “plantea que el delito de la estafa piramidal y otros delitos financieros sean incorporados dentro de la tipología establecida en el Código Penal como delito autónomo”.
La Asfi trabaja además en modificar la normativa referida a la publicidad de las entidades para incrementar las tareas de prevención; y en agilizar los procedimientos de indagación.
En Bolivia, la primera estafa ocurrió en los 80, cuando los hermanos Arévalo, propietarios de Finsa (Financiera de Servicios Integrales y Servicios Arévalo), estafaron $us 50 millones a unas 22.000 personas. Entonces, también se registraron los casos de Multiactiva y Orcobol.
En enero del año pasado, la ex Súper de Bancos (ahora Asfi) clausuró la empresa Roghel Bolivia, que habría estafado a cerca de 15.000 individuos con un daño económico próximo a los $us 40 millones. En abril, la Fiscalía allanó las oficinas de la firma Orión en Cochabamba, que se estima realizó 800 estafas. El 24 de septiembre de ese año fue desbaratada LV Pharma, que habría captado de manera ilegal $us 2,8 millones de unas 1.350 personas.
Puntos de vista
“Lo que no está supervisado no puede garantizar la plata de la gente”
Juan Carlos Salaues, presidente de la Asoc. Nacional de Bancos.
“Lo lamentable en todo esto es que la gente sabe que hay instituciones reguladas que garantizan de alguna forma sus ahorros. No puede ser que las personas no lo entiendan.
La recomendación es que la gente sepa dónde deposita su dinero. El sistema financiero regulado, garantizado, es muy grande; las opciones son de todo tipo: hay cooperativas, fondos privados, bancos, microfinancieras. Lo que no está regulado, lo que no está supervisado, no puede garantizar la plata de la gente. En todo caso, también es responsabilidad de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) el no permitir el funcionamiento de estas instituciones ilegales.
La tasa de interés es una medida del riesgo (...). No creo que el sistema tenga que competir con tasas de mentira”.
“El problema no consiste en falta de regulación, sino en falta de control”
FERNANDO PRADO, ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras.
“Es un gran negocio engañar a los incautos. Ofrecen tasas altas de interés (9%) y nunca faltan personas que depositan su plata y después se lamentan, cuando esas personas escapan.
Alguien debería proteger a la gente y decirles cuáles son las entidades que están prohibidas, para posteriormente cerrarlas.
El problema no consiste en falta de regulación, sino en falta de control. El Estado tiene que controlar a las entidades que reciben depósitos del público y otorgan créditos sin autorización. La ex Superintendencia de Bancos (ahora Asfi) controla a quiénes están bajo su ámbito, pero debería haber un ente estatal que vaya a clausurar este tipo de instituciones. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) debería tomar cartas en el asunto, al igual que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”.
El órgano fiscalizador advierte que las primeras no cuentan con la autorización legal “para recibir dinero del público en calidad de depósitos, préstamos mutuos o bajo otra modalidad; o para realizar actividades de intermediación financiera (ver infografía)”.
También alerta de “supuestas empresas del exterior —sin licencia de funcionamiento—, (que) estarían ofreciendo recursos financieros a personas naturales y jurídicas en Bolivia, bajo la forma de préstamos autocancelables, préstamos a fondo perdido, préstamos garantizados, entre otras operaciones. Señala que para acceder a los “préstamos”, los interesados deben depositar a favor de las firmas una suma de dinero equivalente a una fracción del crédito, para luego obtenerlo sin la necesidad de repagarlo.
Un medio local informó ayer de dos empresas, en La Paz, que captan depósitos del público sin control de la Asfi. La primera, denominada Interexporbol, se presenta como comercializadora y usa el nombre de una firma venezolana para conseguir clientes. La segunda, anónima, recibe donativos con la promesa de entregar sumas mayores al cabo de un tiempo. Ambas ofrecen intereses entre el 9 y 20% mensual.
Ambos casos “están en proceso de investigación” para “comprobar de modo fehaciente la ilegalidad de las entidades”, indicó a La Razón el ente regulador, en respuesta a un cuestionario.
Señaló que las actividades de captación irregular de ahorros “se desarrollan generalmente de modo silencioso y en círculos cerrados a grupos que comparten ciertos intereses comunes” y que “las personas o empresas que se organizan para este fin, generalmente se disfrazan con actividades de otro giro, por lo que evaden la regulación y control”.
Sin embargo, aseguró, el reglamento para clausurar locales que realizan operaciones de intermediación financiera ilegal —en actual vigencia— permite investigar a personas o empresas presuntamente ligadas a la comisión del mencionado delito.
Por otro lado, la Asfi da cuenta que el proyecto para modificar la Ley de Bancos ya “ha sido remitido al Congreso para su tratamiento”. Éste “plantea que el delito de la estafa piramidal y otros delitos financieros sean incorporados dentro de la tipología establecida en el Código Penal como delito autónomo”.
La Asfi trabaja además en modificar la normativa referida a la publicidad de las entidades para incrementar las tareas de prevención; y en agilizar los procedimientos de indagación.
En Bolivia, la primera estafa ocurrió en los 80, cuando los hermanos Arévalo, propietarios de Finsa (Financiera de Servicios Integrales y Servicios Arévalo), estafaron $us 50 millones a unas 22.000 personas. Entonces, también se registraron los casos de Multiactiva y Orcobol.
En enero del año pasado, la ex Súper de Bancos (ahora Asfi) clausuró la empresa Roghel Bolivia, que habría estafado a cerca de 15.000 individuos con un daño económico próximo a los $us 40 millones. En abril, la Fiscalía allanó las oficinas de la firma Orión en Cochabamba, que se estima realizó 800 estafas. El 24 de septiembre de ese año fue desbaratada LV Pharma, que habría captado de manera ilegal $us 2,8 millones de unas 1.350 personas.
Puntos de vista
“Lo que no está supervisado no puede garantizar la plata de la gente”
Juan Carlos Salaues, presidente de la Asoc. Nacional de Bancos.
“Lo lamentable en todo esto es que la gente sabe que hay instituciones reguladas que garantizan de alguna forma sus ahorros. No puede ser que las personas no lo entiendan.
La recomendación es que la gente sepa dónde deposita su dinero. El sistema financiero regulado, garantizado, es muy grande; las opciones son de todo tipo: hay cooperativas, fondos privados, bancos, microfinancieras. Lo que no está regulado, lo que no está supervisado, no puede garantizar la plata de la gente. En todo caso, también es responsabilidad de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) el no permitir el funcionamiento de estas instituciones ilegales.
La tasa de interés es una medida del riesgo (...). No creo que el sistema tenga que competir con tasas de mentira”.
“El problema no consiste en falta de regulación, sino en falta de control”
FERNANDO PRADO, ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras.
“Es un gran negocio engañar a los incautos. Ofrecen tasas altas de interés (9%) y nunca faltan personas que depositan su plata y después se lamentan, cuando esas personas escapan.
Alguien debería proteger a la gente y decirles cuáles son las entidades que están prohibidas, para posteriormente cerrarlas.
El problema no consiste en falta de regulación, sino en falta de control. El Estado tiene que controlar a las entidades que reciben depósitos del público y otorgan créditos sin autorización. La ex Superintendencia de Bancos (ahora Asfi) controla a quiénes están bajo su ámbito, pero debería haber un ente estatal que vaya a clausurar este tipo de instituciones. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) debería tomar cartas en el asunto, al igual que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”.
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