Las víctimas de una estafa piramidal con alimentos están libradas a su suerte, pues ni la Policía, ni la Fiscalía, ni la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) hacen algo para localizar y procesar a los propietarios de la empresa que se calcula que se llevó 67.500 bolivianos con la promesa de entregarles víveres.
Los damnificados se organizan para plantear una sola demanda penal contra Enrique A. A. y Tatiana V. A., propietarios de la empresa Kontakt, a fin de recuperar sus aportes.
Bacilia Monzón y Nestora Laurel Mamani, dos de las afectadas, efectúan desde ayer un recorrido por varios medios de comunicación para convocar a las víctimas a reunirse este lunes por la mañana en el edificio Camacho, ubicado en la calle Figueroa, donde funcionaban las oficinas de esa compañía desaparecida.
El coordinador de la Fiscalía de Distrito de La Paz, Fernando Ganam, dijo ayer que no tiene conocimiento del caso y que espera que la Policía tome cartas en el asunto para dar paso a una investigación formal.
“No hemos recibido documento alguno de denuncia, y si lo hubiera, éste debe ser canalizado por la Policía Nacional”.
Sin embargo, el artículo sexto de la Ley del Ministerio Público establece que éste obligatoriamente “promoverá de oficio la acción penal pública, toda vez que tenga conocimiento de un hecho punible y existan suficientes elementos fácticos para verificar su comisión”.
Uno de los funcionarios de la división de Delitos Económicos y Financieros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) explicó ayer a La Prensa que mientras no se reciba una denuncia sobre este caso, esa unidad no puede actuar.
La fuente, que pidió reserva sobre su identidad, dijo que todas las acusaciones fueron planteadas a los medios y no llegaron a esa instancia para que se abra la investigación respectiva.
“Por el momento, todos son supuestos mientras no haya un documento que plantee la necesidad de iniciar una indagación, la Policía nada puede hacer”.
Otro jefe policial confirmó que hasta las 18.00 de ayer no se había recibido en la FELCC una demanda por esta causa, aunque puede ingresar posteriormente.
La ASFI, entretanto, mantiene en su página electrónica oficial los comunicados que advierten a la población del peligro de aceptar ofrecimientos muy altos por intereses o beneficios por su dinero y no ejecuta otras acciones.
La reguladora tampoco actuó, a pesar de que era de conocimiento público, en los casos de las financieras Roghel Bolivia, Orion SC Consultores Financieros y LV Pharma.
Las actuaciones de la ASFI se realizaron posteriormente a que se consumaran las estafas piramidales. Los propietarios de Orion huyeron, en tanto que el dueño de Roghel Bolivia será juzgado en breve y el principal accionista de LV Pharma, Luis Omar Vargas, fue recluido en el penal de San Pedro.
La modalidad de Kontakt
La empresa Kontakt pedía a sus clientes un aporte de 150 bolivianos y atraer a otras tres personas al sistema, para que efectúen un similar desembolso. Cuando los cuatro aportantes hacían sus pagos, el primero recibía el denominado “paquete Maná”, que constaba de 10 productos alimenticios, cuyo precio normal es de 425 bolivianos.
La empresa llegó a entregar 150 paquetes, pero unas 450 personas quedaron afectadas, aunque algunas de ellas —no se pudo determinar cuántas— recibieron el reembolso de sus cuotas el lunes 21, cuando las oficinas de la compañía amanecieron cerradas.
La devolución de aportes fue hecha en los pasillos del centro comercial en el que funcionaba esta empresa.
La proveedora planteará denuncia contra empresa
Lidia Q., propietaria del establecimiento comercial que proveía a la empresa Kontakt de los víveres destinados a sus clientes, anunció ayer que presentará una demanda por estafa contra Enrique A. A. y Tatiana V. A., propietarios de esa empresa.
Los afectados exigirán a la proveedora que, en caso de que no reaparezcan los propietarios de la empresa, sea ella quien les entregue los alimentos comprometidos.
Nestora Laurel Mamani, una de las víctimas, dijo que Lidia Q. está obligada a dar los víveres, “porque ella tiene contacto con las personas que nos han engañado y debe responder por ese mal comportamiento hacia gente pobre”.
Lidia Q. fue contratada por Kontakt para la provisión de los alimentos. Le explicaron que se trataba de un “pasanaku grande”, por lo que muchas personas acudirían periódicamente a su almacén, ubicado en la calle Antonio Gallardo, para recoger los paquetes ofrecidos, con un recibo y una ficha que las identifiquen.
La proveedora entregó 150 paquetes, por cuyo concepto cobró 54.600 bolivianos y no recibió más pagos, por lo que suspendió las entregas. Kontakt operó entre el 10 y el 18 de este mes.
El jueves por la noche, unas 20 personas se reunieron en torno al depósito de la proveedora, situada en la calle Virrey Toledo, en Villa Victoria, de donde se llevaron 20 quintales de harina.
En declaraciones a la red televisiva PAT, la proveedora dijo que “el 110 nada pudo hacer porque eran muchas personas las que me atacaron y huyeron por todas partes”.
Los dos propietarios de la empresa desaparecieron sin dejar rastros, después de que hasta el jueves respondieron a sus acreedores con algunas evasivas o promesas de cumplir los ofrecimientos hechos a sus clientes en las semanas precedentes.
Otro caso en El Alto
Una fundación ofrece un sistema similar en la ciudad de El Alto. Los ejecutivos de ésta piden a los clientes un depósito de 150 bolivianos y atraer a otras tres personas al sistema.
Cumplida esta condición, el beneficiario se hace acreedor el primer mes a una arroba de arroz, una arroba de azúcar y dos litros de aceite.
El segundo mes, el aportante recibe un quintal de arroz, un quintal de azúcar, cinco kilos de fideos y cinco litros de aceite.
El tercer mes, la entrega es de dos arrobas de harina, un tarro grande de leche, ocho litros de yogur, cinco kilos de fideos, tres litros de aceite, cinco kilos de avena y media arroba de quinua.
El cuarto mes, el interesado se hace acreedor a un quintal de harina, 10 kilos de avena, 10 libras de lenteja, un tarro grande de leche, tres latas de sardina, cinco kilos de fideos y un tarro de Chocolike.
Los requisitos son ser mayor de edad, contar con una familia (matrimonio o concubinato), cédula de identidad, croquis de ubicación del domicilio y fotocopia de la factura de energía eléctrica o agua potable del domicilio.
Los interesados deben asistir a una reunión informativa, hacer el depósito de 150 bolivianos y referir a tres personas. “No se paga un centavo más”, dice un panfleto de la organización.
Los víveres tienen un precio aproximado de mercado de 1.130 bolivianos.
El documento no ofrece una dirección o número telefónico, sin embargo, define a la fundación como una institución sin ánimo de lucro, que ha generado un plan de asistencia alimentaria.
La Prensa recorrió las calles de Villa Dolores, en la ciudad de El Alto, la zona donde presumiblemente esta fundación tiene sus oficinas de atención al público, pero no pudo hallar estas instalaciones, pese a algunas referencias de los vecinos.
En otra parte del panfleto se lee: “El programa brinda asistencia a las familias bolivianas con productos y servicios de calidad, con los cuales las personas no sólo se benefician, sino que además les permite ayudar a su prójimo, fortaleciendo así la estructura social y familiar; de esa manera, nuestros beneficiarios nos ayudan a ayudar a otros, mientras ellos también reciben ayuda”.
Algunas versiones recogidas en El Alto dan cuenta de que los beneficios se habrían ampliado a productos cosméticos y de belleza, aunque éstas no pudieron ser verificadas o desmentidas.
Acciones
La Fiscalía espera que la Policía reciba una denuncia para abrir una investigación.
La Policía no puede abrir una indagación de oficio y espera una denuncia particular.
La proveedora anunció que presentará una demanda contra la empresa que la contrató.
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