La Ley de Servicios Financieros Nº 393, de fecha 21 de agosto de 2013, ha sido implementada en un macroentorno muy propicio y oportuno, marcado internacionalmente por una gradual recuperación de las economías avanzadas, por un esfuerzo de los países emergentes por dinamizar el crecimiento y, por sobre todo, por un contexto económico a escala nacional que, a pesar de arrastrar crónicas barreras estructurales, genera las condiciones necesarias para la aplicación de un marco regulador que potencie la calidad de gestión, incentive la innovación financiera, apoye la eficiencia de los mercados, promueva una mayor democratización de los servicios financieros y vele por la prudencia en el manejo de los ahorros del público que serán canalizados hacia la inversión.
En la ley se pueden claramente identificar los siguientes objetivos estratégicos:
Un nuevo rol del Estado como rector y actor del sistema financiero, un mayor empoderamiento de los órganos ejecutivos del Gobierno, el fomento a la creación de entidades financieras no bancarias, la función social de los servicios financieros para disminuir la pobreza, el fomento a una mayor cobertura de los servicios financieros en las áreas rurales, fomento a la canalización de recursos a los sectores productivos y de vivienda social, una fuerte protección de los consumidores financieros.
Por ultimo, el control de los precios, es decir, de las tasas de interés activas (préstamos) y pasivas (ahorros), comisiones y otros cargos, cobrados por las entidades del sector financiero.
Las espirales especulativas
La implementación de leyes trascendentales como esta, se deben realizar precisamente en contextos económicos dinámicos y sustentados en indicadores económicos saludables, ya que a su vez este mismo dinamismo económico tiende a formar espirales especulativas y altos niveles de apalancamiento de los agentes económicos (alto endeudamiento).
Bolivia goza de estas condiciones, las mismas que se reflejan, al cierre de la gestión 2013, en un crecimiento económico del 6,5%, una inflación del 6,48%, altas reservas internacionales de $us 14.430 millones, superávit comercial de $us 2.880 millones, superávit fiscal del 0,5% y un crecimiento de las colocaciones de crédito del 19%.
Con la nueva Ley de Servicios Financieros, Bolivia se inserta en la tendencia global de mayor regulación de los mercados financieros, recogiendo sanas prácticas de gestión de riesgos sistémicos y asumiendo una postura preventiva con miras al futuro.
Este perfil normativo es proactivo y saludable, y reconoce que, pese a los importantes avances en materia económica y social, nuestra economía es altamente vulnerable a la demanda internacional de materias primas (economía de base angosta, altamente concentrada en pocos productos y mercados, y fuertemente dependiente de los precios internacionales).
Sin jugar a la adivinanza, pero conscientes de que las leyes de la ciencia económica están por demás sustentadas en los procesos históricos, en algún momento el ciclo económico expansivo que vive nuestro país en los últimos 8 años, basado en un modelo primario exportador, una fuerte intervención del Estado en la economía y un pujante espíritu emprendedor del sector privado, puede perder el dinamismo actual y, por lo tanto, la capacidad de inversión y generación de nuevos empleos, con efectos perversos en el consumo interno (demanda) y en la capacidad de pago de las unidades productivas (oferta).
Algunas directrices
Debemos prepararnos aún más y hacer mayores esfuerzos, poniendo en la escena de la praxis política y económica, y desde una perspectiva financiera, las siguientes directrices en consideración:
• Mayor fortalecimiento de los órganos de regulación sobre sólidos principios de independencia de gestión y cooperación institucional.
• Descentralización de la supervisión y control.
• Promover una mayor profundización de los servicios financieros mediante incentivos a las entidades.
• Flexibilidad en criterios de regulación de tasas de interés y comisiones para no generar desincentivos en el mercado.
• Programas de riesgo compartido entre entidades financieras del estado y privadas que permitan canalizar los excedentes improductivos de la excesiva liquidez hacia programas productivos.
• Fomento a entidades de intermediación financiera microespecializadas, evitando nuevas barreras de capital.
• Incentivos a la formalización de los agentes económicos para facilitar el acceso a mejores y mayores productos y servicios financieros
PERFIL
Experto en economía
Economista (Uagrm), Especialista en Estudios Bancarios (NUR) y Máster en Administración de Empresas (MPD-Harvard Institute).
Alto ejecutivo bancario, extitular del Colegio de Economistas de Santa Cruz, ex oficial mayor de Administración y Finanzas del municipio de Santa Cruz, docente de posgrado, analista económico, consultor financiero y director de empresas privadas.
LAS FRASES
“La implementación de leyes trascendentales, como esta, se deben realizar precisamente en contextos económicos dinámicos sustentados en indicadores saludables”
“En algún momento el ciclo económico expansivo que vive nuestro país puede perder el dinamismo actual y, por lo tanto, la capacidad de inversión y generación de nuevos empleos”
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