La financiera administrada por los hermanos Arévalo recogía dinero de la población a cambio de un interés mensual del 7 por ciento. Se calcula que unas 22 mil personas confiaron su dinero y no lo pudieron recuperar. Similar suerte corrieron los ahorristas de otras financieras como Multiactiva y Orcobol.
A los 16 años del cierre de la Firma Integral de Servicios Arévalo (Finsa), aún no se borra de la memoria la estafa que sufrieron cientos de ahorristas de la financiera que llegó a administrar 50 millones de dólares del público que confió en los buenos intereses que redituaba.
La Superintendencia de Bancos advirtió de que algo similar a lo que sucedió con Finsa puede estar ocurriendo con Roghel-Bolivia, que fue intervenida y clausurada el 25 de enero por realizar supuesta actividad financiera ilegal. La reguladora también indaga a otras empresas.
Según Los Tiempos, Finsa estaba administrada por los hermanos Arévalo, y para atraer clientes en Cochabamba llegó a ofrecer un 7 por ciento de interés mensual. La entidad ocultaba su apariencia como inmobiliaria, pero captaba recursos del público, los cuales al final se esfumaron cuando quebró el año 1991, en medio del llanto de cientos de clientes que confiaron los ahorros de toda su vida atraídos por la alta rentabilidad. Se calcula que unas 22 mil personas fueron estafadas.
El diario precisa que a través de procesos continuos a Finsa para la devolución del dinero depositado por miles de acreedores apenas se logró recuperar, de remanentes de dinero y bienes, el 10 por ciento de todo ese capital.
Los archivos de este matutino indican que tuvieron que pasar 12 años de un largo proceso judicial para que el 26 de marzo de 2004 Eddy Franz Arévalo Páez y Carlos René Arévalo Páez, responsables de Finsa, fueran sentenciados a 10 años de prisión en la cárcel de San Antonio.
Ambos fueron condenados por los delitos de estafa y apropiación indebida de 50 millones de dólares. Para entonces los acusados gozaban de libertad provisional, beneficio que obtuvieron por no tener sentencia ejecutoriada, tras haber permanecido recluidos en la cárcel de San Antonio, más de siete años.
Todos los demás procesados, 16 en total, fueron absueltos de pena y culpa pese a haber sido parte de la entidad que dispuso y administró los depósitos de miles de clientes.
Entre las personas acusadas, además de los hermanos Arévalo, se encontraban Hortencia Luciana Flores, Julio Flores Céspedes, Rolando Vásquez, Max Ibarra, Liliana Adriázola de Villapando, Gustavo Arandia, Ramiro Hinojosa Taboada, Javier Villarroel Luque, Hortencia Páez Galindo de Arévalo (madre), David Chávez, Mario Espinoza Terán, Miriam Gutiérrez, Óscar Heredia, Ramiro Antonio Montiel Tapia, Luis Alberto Montiel, Hugo Quiñones y René Wálter Arévalo Martínez.
La querella penal fue planteada contra 40 empleados de la financiera, pero un 50 por ciento fue absuelto.
Durante el proceso, Nelson Arévalo, uno de los hermanos, falleció en circunstancias que nunca se llegaron a esclarecer. Se presume que fue asesinado.
La demanda inicial se presentó por los delitos de estafa, quiebra, abuso de confianza, apropiación indebida, destrucción de documentos y otros el 22 de enero de 1992, a pocos meses del escándalo que destapó la estafa de la inmobiliaria (1991).
Entre los absueltos se encontraban familiares de los Arévalo (sus padres, primos y otros), ex dependientes de la inmobiliaria y colaboradores, quienes, según las pruebas aportadas en el proceso, participaron en los hechos, tanto así que sin su actuación no se habría consumado la millonaria estafa, además de que muchos de ellos se beneficiaron del dinero depositado por los ahorristas y de los bienes adquiridos con ese capital.
Durante el juicio, dos de los acusados, Ramiro y Luis Alberto Montiel, evadieron a la justicia, y cuando se dictó la sentencia, aún eran prófugos de la ley.
Finsa, al igual que Roghel-Bolivia, funcionaba como una empresa comercial fuera del ámbito de la regulación de la Superintendencia de Bancos.
Según conoció este medio, algunos clientes perdieron 10 mil dólares, 14 mil dólares e incluso 20 mil dólares, que depositaron poco a poco con el fin de recibir los buenos intereses. También hubo montos menores.
Multiactiva y Orcobol, similares
La quiebra de la inmobiliaria Finsa no fue la única que ocurrió en los años 90. Otras empresas corrieron con similar suerte y con el mismo resultado: cientos de personas estafadas.
Según el diario Opinión de la “Llajta”, la empresa Multiactiva, en Cochabamba, y Copacabana y Lavalle, en La Paz, ofrecían fabulosos intereses a fines de los años 80 y principios de los 90.
Otra financiera conocida que incurrió en la misma práctica fue la Organización Comercial Boliviana (Orcobol), que incluso se dio el lujo de financiar y administrar un equipo de fútbol en la Liga Profesional entre 1992 y 1993, aunque éste posteriormente tuvo que desaparecer junto a la firma.
Estas entidades utilizaban la misma táctica para captar clientes: ofrecer una elevada tasa de interés, que no estaba respaldada en inversiones que pudieran generar los rendimientos necesarios para responder a los ahorristas. Operaban bajo la figura de empresas comerciales.
Poco tiempo después, en 1994, en el sistema financiero nacional quebraron los bancos Sur y Cochabamba, y en 1996, el Bidesa.
A diferencia de los ahorristas de las financieras, los clientes de estos bancos, por ser éstos regulados por la Superintendencia del sector, no perdieron su dinero. El Banco Central de Bolivia (BCB) desembolsó los recursos necesarios para la devolución y la reguladora aún lleva adelante los procesos judiciales correspondientes.
La Prensa informó hace dos semanas que estas entidades aún le adeudan al instituto emisor 201,8 millones de dólares.
Para cumplir con estas obligaciones, el BCB tuvo que erogar un total de 285,6 millones de dólares. De este monto, 145,9 millones se dirigieron en favor de los ahorristas del Banco Sur, que fue intervenido por la Superintendencia de Bancos el 25 de noviembre de 1994. Otros 74,8 millones fueron destinados al Banco de Cochabamba donde la reguladora actuó en la misma fecha.
Además de 64,7 millones que se desembolsaron para responder por los depósitos del banco Bidesa que fue intervenido el 12 de diciembre de 1997.
Los recursos dilatorios presentados por los ejecutivos de estos bancos y la cartera vinculada a sus familiares y amigos dificultan la recuperación de los recursos, pese a que ya transcurrieron 14 años de haberse procedido con su liquidación por la insolvencia y quiebra en la que se encontraban.
A los 16 años del cierre de la Firma Integral de Servicios Arévalo (Finsa), aún no se borra de la memoria la estafa que sufrieron cientos de ahorristas de la financiera que llegó a administrar 50 millones de dólares del público que confió en los buenos intereses que redituaba.
La Superintendencia de Bancos advirtió de que algo similar a lo que sucedió con Finsa puede estar ocurriendo con Roghel-Bolivia, que fue intervenida y clausurada el 25 de enero por realizar supuesta actividad financiera ilegal. La reguladora también indaga a otras empresas.
Según Los Tiempos, Finsa estaba administrada por los hermanos Arévalo, y para atraer clientes en Cochabamba llegó a ofrecer un 7 por ciento de interés mensual. La entidad ocultaba su apariencia como inmobiliaria, pero captaba recursos del público, los cuales al final se esfumaron cuando quebró el año 1991, en medio del llanto de cientos de clientes que confiaron los ahorros de toda su vida atraídos por la alta rentabilidad. Se calcula que unas 22 mil personas fueron estafadas.
El diario precisa que a través de procesos continuos a Finsa para la devolución del dinero depositado por miles de acreedores apenas se logró recuperar, de remanentes de dinero y bienes, el 10 por ciento de todo ese capital.
Los archivos de este matutino indican que tuvieron que pasar 12 años de un largo proceso judicial para que el 26 de marzo de 2004 Eddy Franz Arévalo Páez y Carlos René Arévalo Páez, responsables de Finsa, fueran sentenciados a 10 años de prisión en la cárcel de San Antonio.
Ambos fueron condenados por los delitos de estafa y apropiación indebida de 50 millones de dólares. Para entonces los acusados gozaban de libertad provisional, beneficio que obtuvieron por no tener sentencia ejecutoriada, tras haber permanecido recluidos en la cárcel de San Antonio, más de siete años.
Todos los demás procesados, 16 en total, fueron absueltos de pena y culpa pese a haber sido parte de la entidad que dispuso y administró los depósitos de miles de clientes.
Entre las personas acusadas, además de los hermanos Arévalo, se encontraban Hortencia Luciana Flores, Julio Flores Céspedes, Rolando Vásquez, Max Ibarra, Liliana Adriázola de Villapando, Gustavo Arandia, Ramiro Hinojosa Taboada, Javier Villarroel Luque, Hortencia Páez Galindo de Arévalo (madre), David Chávez, Mario Espinoza Terán, Miriam Gutiérrez, Óscar Heredia, Ramiro Antonio Montiel Tapia, Luis Alberto Montiel, Hugo Quiñones y René Wálter Arévalo Martínez.
La querella penal fue planteada contra 40 empleados de la financiera, pero un 50 por ciento fue absuelto.
Durante el proceso, Nelson Arévalo, uno de los hermanos, falleció en circunstancias que nunca se llegaron a esclarecer. Se presume que fue asesinado.
La demanda inicial se presentó por los delitos de estafa, quiebra, abuso de confianza, apropiación indebida, destrucción de documentos y otros el 22 de enero de 1992, a pocos meses del escándalo que destapó la estafa de la inmobiliaria (1991).
Entre los absueltos se encontraban familiares de los Arévalo (sus padres, primos y otros), ex dependientes de la inmobiliaria y colaboradores, quienes, según las pruebas aportadas en el proceso, participaron en los hechos, tanto así que sin su actuación no se habría consumado la millonaria estafa, además de que muchos de ellos se beneficiaron del dinero depositado por los ahorristas y de los bienes adquiridos con ese capital.
Durante el juicio, dos de los acusados, Ramiro y Luis Alberto Montiel, evadieron a la justicia, y cuando se dictó la sentencia, aún eran prófugos de la ley.
Finsa, al igual que Roghel-Bolivia, funcionaba como una empresa comercial fuera del ámbito de la regulación de la Superintendencia de Bancos.
Según conoció este medio, algunos clientes perdieron 10 mil dólares, 14 mil dólares e incluso 20 mil dólares, que depositaron poco a poco con el fin de recibir los buenos intereses. También hubo montos menores.
Multiactiva y Orcobol, similares
La quiebra de la inmobiliaria Finsa no fue la única que ocurrió en los años 90. Otras empresas corrieron con similar suerte y con el mismo resultado: cientos de personas estafadas.
Según el diario Opinión de la “Llajta”, la empresa Multiactiva, en Cochabamba, y Copacabana y Lavalle, en La Paz, ofrecían fabulosos intereses a fines de los años 80 y principios de los 90.
Otra financiera conocida que incurrió en la misma práctica fue la Organización Comercial Boliviana (Orcobol), que incluso se dio el lujo de financiar y administrar un equipo de fútbol en la Liga Profesional entre 1992 y 1993, aunque éste posteriormente tuvo que desaparecer junto a la firma.
Estas entidades utilizaban la misma táctica para captar clientes: ofrecer una elevada tasa de interés, que no estaba respaldada en inversiones que pudieran generar los rendimientos necesarios para responder a los ahorristas. Operaban bajo la figura de empresas comerciales.
Poco tiempo después, en 1994, en el sistema financiero nacional quebraron los bancos Sur y Cochabamba, y en 1996, el Bidesa.
A diferencia de los ahorristas de las financieras, los clientes de estos bancos, por ser éstos regulados por la Superintendencia del sector, no perdieron su dinero. El Banco Central de Bolivia (BCB) desembolsó los recursos necesarios para la devolución y la reguladora aún lleva adelante los procesos judiciales correspondientes.
La Prensa informó hace dos semanas que estas entidades aún le adeudan al instituto emisor 201,8 millones de dólares.
Para cumplir con estas obligaciones, el BCB tuvo que erogar un total de 285,6 millones de dólares. De este monto, 145,9 millones se dirigieron en favor de los ahorristas del Banco Sur, que fue intervenido por la Superintendencia de Bancos el 25 de noviembre de 1994. Otros 74,8 millones fueron destinados al Banco de Cochabamba donde la reguladora actuó en la misma fecha.
Además de 64,7 millones que se desembolsaron para responder por los depósitos del banco Bidesa que fue intervenido el 12 de diciembre de 1997.
Los recursos dilatorios presentados por los ejecutivos de estos bancos y la cartera vinculada a sus familiares y amigos dificultan la recuperación de los recursos, pese a que ya transcurrieron 14 años de haberse procedido con su liquidación por la insolvencia y quiebra en la que se encontraban.
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