Después de que su vehículo saliera de la oscuridad del túnel del Instituto Americano, en La Paz, el dueño de la empresa Roghel Bolivia, Windsor Goitia, fue trasladado a un sitio aún más lúgubre: una celda de la Fiscalía de Cochabamba. Su abogado anuncia la defensa legal.
A eso de las 16.00, un grupo de policías y un fiscal lo esperaban en la calle Sánchez Lima esquina Ecuador para aprehenderlo porque no se presentó a declarar en las tres ocasiones en que había sido convocado por el Ministerio Público de la ciudad del valle para que esclarezca el destino de los recursos que captó de unos 15.000 ahorristas de manera ilegal.
Goitia fue interceptado después de salir de una reunión en el Defensor del Pueblo con representantes de la Superintendencia de Bancos y una delegación de clientes, que según cálculos de la reguladora confiaron al menos 15 millones de dólares.
El 25 de enero, la supervisora de Bancos intervino sus siete oficinas en el país por una presunta intermediación financiera ilegal, es decir, captar dinero del público sin estar autorizada por la entidad.
Apenas se enteraron de la aprehensión, un grupo de clientes de la empresa pidió, con carteles, la liberación de Goitia a las puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Hace días, también marcharon en demanda de la apertura de Roghel.
El comandante de la FELCC, Adolfo Espinoza, dijo que el detenido fue trasladado a Cochabamba después de la captura.
Según la red ATB, la aprehensión se hizo en cumplimiento de una solicitud del fiscal Hernán Soria, quien indaga el caso desde principios de año.
El abogado defensor de Goitia, Carlos Ávila, dijo que su defendido fue detenido de manera ilegal, por lo que no descartó la presentación de un hábeas corpus en las siguientes horas.
Contó que, de manera repentina y sin explicación alguna, “personal de Inteligencia” abordó el vehículo en el que su cliente se trasladaba luego de salir del Defensor. Agregó que en esa reunión el propietario de Roghel se comprometió a devolver los intereses y capital a sus clientes, lo cual fue aceptado por los miembros de la reguladora.
En una entrevista con La Prensa, el 14 de febrero, Goitia admitió que tiene unos 15.000 socios en todo el país y que no recordaba bien el monto que les debía. Creía que era un millón de dólares y que había realizado diferentes inversiones.
“Ahora, con la detención —precisó el abogado—, todo lo pactado queda en la incertidumbre. La gente va a reaccionar y va a querer tomar la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía”.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, precisó que el propietario de Roghel solicitó hace algunos días la intermediación de su persona para llegar a un acuerdo con la reguladora y los clientes. Por esa razón se llevó adelante una reunión ayer, pero aclaró que en la oportunidad se solicitó a Goitia que para el próximo viernes lleve por escrito una propuesta con la forma de devolución del dinero.
Sin embargo, admitió que, con la detención, el compromiso de devolución del dinero a los ahorristas se dificulta.
La Superintendencia, en un comunicado, lamentó “el drama que están viviendo miles de familias bolivianas que confiaron sus ahorros a Roghel” y dejó el caso a los investigadores del Ministerio Público.
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