Según un experto en el sistema financiero, los contratos que la intervenida empresa Roghel-Bolivia suscribió con sus clientes para captar dinero eran “engañosos” en al menos cuatro cláusulas. Sin embargo, cientos de ahorristas en La Paz y Cochabamba salieron ayer en defensa de sus acuerdos y pidieron la liberación del dueño de la compañía, Windsor Goitia, quien un día antes fue detenido por la Policía, por supuesta estafa, y trasladado a la “Llajta”.
Roghel-Bolivia fue clausurada por la Superintendencia de Bancos el 25 de enero por realizar intermediación financiera ilegal. La empresa tiene 15 mil ahorristas en todo el país y se prevé que están en juego unos 15 millones de dólares captados.
La Prensa accedió a un contrato de Roghel-Bolivia, que fue analizado por el gerente de Finrural, Reynaldo Marconi.
Según el ejecutivo, el documento es “engañoso” porque, primero, Roghel-Bolivia “jugaba con los ahorros de la gente y los arriesgaba en inversiones desconocidas que sólo se mencionaban de manera verbal y en la propaganda”.
En ninguna parte del contrato figuran las inversiones que hará Roghel-Bolivia, aunque ésta, junto al documento privado, entregaba un archivador con información de los productos que tenía la compañía. Entre ellos, la lapidadora de piedras y gemas preciosas Anelkor Gemas y Joyas Bolivianas; Calor instantáneo, consistente en una bolsa que provee calor; Ecoagua-Airless, una válvula que tiene por finalidad economizar el uso del agua potable, ahorrando hasta un 50 por ciento. Además de Powerball, un producto para desarrollar músculos.
En segundo lugar, el documento privado tenía el tenor de un “contrato de adhesión por servicios empresariales” y Roghel-Bolivia se hacía conocer como una compañía que tenía “por finalidad coadyuvar a las personas naturales a facilitar la adquisición de bienes y la prestación de diversos servicios empresariales”.
Según Marconi, ése era el perfil de presentación de la firma, pero en los hechos y de manera operativa, su actividad principal era la intermediación financiera, es decir, captar el dinero del público.
Una tercera cláusula cuestionable es la comisión del 15 por ciento que se cobraba al cliente a fondo perdido. Es decir que se dirigía a “cubrir los gastos operativos, de administración y de funcionamiento de la empresa”. En el documento se deja sentado que “el interesado renuncia a formular reclamos al respecto”.
Esto implica en los hechos que los costos de funcionamiento de Roghel-Bolivia eran subvencionados por los clientes con el 15 por ciento que entregaban cuando colocaban su dinero.
Marconi explicó que se desconoce a dónde va ese porcentaje, porque incluso los gastos administrativos podrían ser menores. Cualquier entidad financiera regulada cubre estos costos con la diferencia que resulta del interés que cobra por un préstamo y del que paga por un depósito. Si paga al público 2 por ciento de interés y percibe por un crédito 10 por ciento, la diferencia costea los gastos administrativos de la institución. Una cuarta observación tiene que ver con el hecho de que el cliente podía dar por acabado el contrato siempre y cuando presentara una carta notariada a la empresa.
Marconi señaló que cuando uno decide cerrar su caja de ahorros o su depósito a plazo fijo (DPF), no necesita ningún documento. Además, la comisión que se cobraba antes por el mantenimiento de cuenta quedó si efecto por orden de la Superintendencia de Bancos.
Ayer, clientes de Roghel-Bolivia protestaron frente a la reguladora y la obligaron a cerrar sus puertas. Inmediatamente, la Policía llegó al lugar e impidió daños al edificio. Los ahorristas fueron gasificados en la confusión.
Juez ordena arresto domiciliario y arraigo de Goitia
La juez del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar, Mirtha Montaño, instruyó ayer la detención domiciliaria y arraigo para el propietario de la empresa Roghel-Bolivia, Windsor Goitia, después de que éste fuera detenido el martes en La Paz y trasladado a Cochabamba por una denuncia de estafa.
Goitia fue llevado en la mañana a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para prestar declaraciones ante el fiscal Hernán Soria, quien investiga la denuncia efectuada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras por el funcionamiento irregular de la compañía.
Apenas se enteraron de que Goitia se encontraba en esa instancia policial, unos 300 clientes de Roghel-Bolivia llegaron hasta el lugar con pancartas de apoyo al detenido y frases contra el Ministerio Público.
La defensa legal del acusado por estafa indicó que aceptó la detención domiciliaria como una muestra de que el empresario no piensa huir del país y está dispuesto a responder por el dinero de sus clientes. El fiscal Soria, tras la imputación, dijo que continuará la investigación, y aclaró que el proceso recién comienza.
Roghel-Bolivia fue clausurada por la Superintendencia de Bancos el 25 de enero por realizar intermediación financiera ilegal. La empresa tiene 15 mil ahorristas en todo el país y se prevé que están en juego unos 15 millones de dólares captados.
La Prensa accedió a un contrato de Roghel-Bolivia, que fue analizado por el gerente de Finrural, Reynaldo Marconi.
Según el ejecutivo, el documento es “engañoso” porque, primero, Roghel-Bolivia “jugaba con los ahorros de la gente y los arriesgaba en inversiones desconocidas que sólo se mencionaban de manera verbal y en la propaganda”.
En ninguna parte del contrato figuran las inversiones que hará Roghel-Bolivia, aunque ésta, junto al documento privado, entregaba un archivador con información de los productos que tenía la compañía. Entre ellos, la lapidadora de piedras y gemas preciosas Anelkor Gemas y Joyas Bolivianas; Calor instantáneo, consistente en una bolsa que provee calor; Ecoagua-Airless, una válvula que tiene por finalidad economizar el uso del agua potable, ahorrando hasta un 50 por ciento. Además de Powerball, un producto para desarrollar músculos.
En segundo lugar, el documento privado tenía el tenor de un “contrato de adhesión por servicios empresariales” y Roghel-Bolivia se hacía conocer como una compañía que tenía “por finalidad coadyuvar a las personas naturales a facilitar la adquisición de bienes y la prestación de diversos servicios empresariales”.
Según Marconi, ése era el perfil de presentación de la firma, pero en los hechos y de manera operativa, su actividad principal era la intermediación financiera, es decir, captar el dinero del público.
Una tercera cláusula cuestionable es la comisión del 15 por ciento que se cobraba al cliente a fondo perdido. Es decir que se dirigía a “cubrir los gastos operativos, de administración y de funcionamiento de la empresa”. En el documento se deja sentado que “el interesado renuncia a formular reclamos al respecto”.
Esto implica en los hechos que los costos de funcionamiento de Roghel-Bolivia eran subvencionados por los clientes con el 15 por ciento que entregaban cuando colocaban su dinero.
Marconi explicó que se desconoce a dónde va ese porcentaje, porque incluso los gastos administrativos podrían ser menores. Cualquier entidad financiera regulada cubre estos costos con la diferencia que resulta del interés que cobra por un préstamo y del que paga por un depósito. Si paga al público 2 por ciento de interés y percibe por un crédito 10 por ciento, la diferencia costea los gastos administrativos de la institución. Una cuarta observación tiene que ver con el hecho de que el cliente podía dar por acabado el contrato siempre y cuando presentara una carta notariada a la empresa.
Marconi señaló que cuando uno decide cerrar su caja de ahorros o su depósito a plazo fijo (DPF), no necesita ningún documento. Además, la comisión que se cobraba antes por el mantenimiento de cuenta quedó si efecto por orden de la Superintendencia de Bancos.
Ayer, clientes de Roghel-Bolivia protestaron frente a la reguladora y la obligaron a cerrar sus puertas. Inmediatamente, la Policía llegó al lugar e impidió daños al edificio. Los ahorristas fueron gasificados en la confusión.
Juez ordena arresto domiciliario y arraigo de Goitia
La juez del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar, Mirtha Montaño, instruyó ayer la detención domiciliaria y arraigo para el propietario de la empresa Roghel-Bolivia, Windsor Goitia, después de que éste fuera detenido el martes en La Paz y trasladado a Cochabamba por una denuncia de estafa.
Goitia fue llevado en la mañana a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para prestar declaraciones ante el fiscal Hernán Soria, quien investiga la denuncia efectuada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras por el funcionamiento irregular de la compañía.
Apenas se enteraron de que Goitia se encontraba en esa instancia policial, unos 300 clientes de Roghel-Bolivia llegaron hasta el lugar con pancartas de apoyo al detenido y frases contra el Ministerio Público.
La defensa legal del acusado por estafa indicó que aceptó la detención domiciliaria como una muestra de que el empresario no piensa huir del país y está dispuesto a responder por el dinero de sus clientes. El fiscal Soria, tras la imputación, dijo que continuará la investigación, y aclaró que el proceso recién comienza.
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