El icono financiero cruceño no pudo salir adelante a pesar de la ayuda que recibió desde el Fondesif y de una ley que amplió su agonía hasta 2007. Un proyecto ambicioso, malos negocios y pérdidas constantes la llevaron a la ruina.
En mayo de 2004, la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo Guapay, que para entonces ya debía haberse adecuado patrimonialmente conforme al compromiso adquirido con el Estado para acceder al Programa de Fortalecimiento Patrimonial (Profop), se salvó de ser intervenida gracias a que el Congreso Nacional había aprobado la Ley 2682, que prolongó su agonía tres años más, hasta diciembre de 2007.
El superintendente de Bancos, Marcelo Zabalaga, afirmó hace dos semanas que por la vigencia de esa norma la reguladora no pudo actuar antes en contra de la entidad, aunque adoptó algunas medidas administrativas, como la sanción y suspensión de varios de sus ejecutivos.
La Ley 2682, promulgada el 5 de mayo de 2004 por el entonces presidente Carlos Mesa, en su primer artículo señala que “las cooperativas de ahorro y crédito abiertas y las mutuales de ahorro y préstamo que ingresaron al Profop adecuarán su capital a lo dispuesto por los artículos 72 y 75 de la Ley 1488 de Bancos (…) para efectos de lo establecido en el artículo 47 de la citada ley, hasta el 31 de diciembre de 2007, con los alcances previstos en el segundo párrafo del artículo 7 del Decreto Supremo No. 26204”.
El artículo 75 hace referencia a las mutuales y dice que “el capital primario de las mutuales (…) tiene carácter institucional y no podrá ser menor del equivalente en moneda nacional de 300 mil derechos especiales de giro (DEG)”, unos 1,4 millones de bolivianos.
El artículo 47 de la citada ley obliga a las entidades financieras a mantener un patrimonio neto igual al menos al 10 por ciento de sus activos y contingentes, ponderados en función de sus riesgos.
Este medio también se comunicó con el domicilio del ex presidente Carlos Mesa para que diera su versión sobre la Ley 2682, pero no respondió.
La Prensa consultó al menos con tres fuentes en el ámbito mutualista, ex autoridades del Gobierno de entonces y otra que estuvo vinculada a Guapay, quienes confirmaron que en la aprobación de esa ley hubo presión política y regional para que la entidad tuviera más plazo para superar su deficiencia patrimonial.
El presidente del Directorio de Guapay entre 2000 y 2004, Mario Barbery, negó aquel contexto y precisó: “Por favor, eso es volar lejos. Nadie del Directorio tiene el poder para sacar una ley. Eso es pretender que todos los parlamentarios estén comprometidos con una situación anómala”.
El proyecto de la norma fue impulsado y presentado el 6 de abril de 2004 por la senadora del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Mirtha Quevedo, quien en la exposición de razones señaló que el plazo inicial de adecuación (hasta 2004) resultó demasiado corto para su cumplimiento, ya que “los graves acontecimientos políticos y sociales que han conmocionado al país (tras la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003) han ocasionado un deterioro aún mayor en la ya malograda economía boliviana, se hace imprescindible la adecuación de la norma financiera, en atención a la delicada situación económica y la frágil estabilidad financiera”.
También argumentó que los recursos del Profop recién fueron puestos a disposición de las entidades en enero de 2002 , por lo que el plazo de adecuación que fenecía el 4 de mayo de 2004 sólo comprendía un tiempo de dos años y no los tres previstos.
El proyecto de ley luego pasó a la Comisión de Hacienda, dirigida por el senador beniano del MNR Sandro Giordano, quien el 15 de abril de ese año recomendó a la Cámara Alta su aprobación. El 27 de abril, el Senado la avaló.
Un ex funcionario del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Carlos Mesa, que prefirió guardar su nombre en reserva, indicó que el Poder Ejecutivo se opuso a la aprobación de esa disposición legal, pero que “había demasiada presión” regional para que el proyecto siguiera su curso.
Con el Profop, la mutual Guapay se benefició de seis millones de dólares. De este monto, aún adeuda 3,75 millones de dólares al Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif), según el jefe de División de la Intendencia de Riesgos, Amilcar Gonzales.
Las irregularidades
Al menos cuatro causas llevaron a una lenta agonía y muerte a la tercera mutual más importante del país: Guapay. Ellas son la ejecución de un proyecto demasiado ambicioso, el de Aqualand; la adquisición en Santa Cruz de un edificio que le reportaba pérdidas; el maquillaje de cifras en el que incurrieron sus ex ejecutivos y el incumplimiento de los compromisos para fortalecerla patrimonialmente.
El 11 de enero, la entidad financiera fue intervenida por la Superintendencia de Bancos luego de presentar pérdidas acumuladas de 95,5 millones de bolivianos, monto superior al 50 por ciento de su capital primario (aporte financiero con el que nació).
Además, por haber incumplido hasta el 31 de diciembre de 2007 el plazo que se le había otorgado para regularizar su deficiencia patrimonial y superar su situación de insolvencia.
Barbery dijo a La Prensa que el origen de los problemas de Guapay se halla en 1997, cuando la empresa adquirió su edificio principal en Santa Cruz.
La infraestructura tiene seis pisos, es amplia, cómoda, vistosa y moderna. Está ubicada en la calle Sucre esquina Potosí, a unas cuatro cuadras al este de la plaza principal 24 de Septiembre, en el primer anillo.
Barbery explicó que esa instalación generaba pérdidas de un millón de dólares al año, porque se ocupaba sólo el 10 por ciento de sus ambientes.
Al mes, el daño era de unos 90 mil dólares, y 30 mil dólares adicionales por el gasto en electricidad.
Un ex director de la mutual, quien prefirió guardar su nombre en reserva, reveló que la obra fue financiada con recursos de los ahorristas, y coincidió con la idea de que la infraestructura fue improductiva.
Barbery no supo confirmar esta última versión, pero aseguró que en su gestión se hicieron vanos intentos por transferir el activo o alquilarlo. Con ese propósito dialogó con diferentes empresas, entre ellas la Cooperativa de Teléfonos (Cotas) y la Cooperativa de Electricidad (CRE), sin éxito alguno.
Como el edificio no generaba ninguna ganancia, los recursos que se invirtieron en su construcción estaban estancados, al igual que las previsiones que se quedan congeladas en las bóvedas para hacer frente a la mora.
Una de las últimas autoridades que estuvieron al frente de la financiera señaló que era muy complicado transferir el edificio porque se sobrevaluó el precio del metro cuadrado a 1.500 dólares. El costo promedio para un departamento moderno y lujoso apenas es de 500 dólares el metro cuadrado.
Barbery, aun así, destacó el buen manejo de la entidad porque se logró rebajar la mora de 40 por ciento en 2000 a 9 por ciento cuatro años después.
Se logró reducir el elevado costo de la energía eléctrica luego de adquirir un generador con motor de gas natural.
El ejecutivo aseguró también que durante su administración se rebajaron las dietas de los directores de 5.000 a 1.500 dólares, gasto administrativo que en su momento llegó a generar más pérdidas a la entidad financiera, lo que acentuó su debacle.
Aqualand
Según un funcionario que trabajó en el último periodo de Guapay, la entidad nunca logró superar sus problemas y, por el contrario, se agravaron cuando en 2003 se decidió encarar el proyecto Aqualand para crear una urbanización de viviendas próxima al parque acuático de Santa Cruz de la Sierra.
Bajo ese plan, la mutual canalizó unos 5,4 millones de dólares para financiar a 16 empresas constructoras seleccionadas previamente.
El problema surgió debido a que el monto destinado a ese fin superaba en 3 por ciento el patrimonio de la entidad, a partir de lo cual quedó restringida de otorgar más créditos.
Casi dos años después, el proyecto urbanístico se paralizó y las constructoras dejaron de pagar sus cuotas puntualmente y la mora siguió elevándose.
La Superintendencia de Bancos le impuso restricciones operativas desde abril de 2005 a objeto de resguardar los depósitos del público.
Eso porque hasta entonces Guapay no había logrado fortalecerse patrimonialmente, incumplió los límites legales de concentración crediticia y no consiguió transformarse en un fondo financiero privado (FFP) como tenía previsto.
Esos tres aspectos formaban parte de los compromisos que había asumido la financiera en 2001, cuando accedió al Programa de Fortalecimiento Patrimonial (Profop) que le daba plazo hasta 2004 para mejorar su situación.
Mediante el Profop, Guapay se benefició con un crédito subordinado de seis millones de dólares, de los cuales dos millones se le entregaron en efectivo y cuatro millones en papeles para apalancar fuentes adicionales.
Una parte de esos recursos fue canalizada por el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo y se la destinó al proyecto Aqualand.
Maquillaje de cifras
Una tercera causa del deterioro de la situación de Guapay tiene que ver con la “aparente” falta de información objetiva que la entidad reflejó en sus balances.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, explicó que el Profop sólo sirvió para que la mutual “maquillara sus cifras”, y anunció que el Estado iniciará, junto con la Superintendencia de Bancos, acciones legales contra los ex ejecutivos de la entidad.
La reguladora informó que la administración de la financiera fue deficiente y que a partir de la intervención administrativa que se efectuó en abril de 2007 se comenzó a sincerar las cifras de la institución.
Ésa fue una de las razones por las que los balances reflejaron mayor deterioro precisamente en la pasada gestión. Por ejemplo, el coeficiente de adecuación patrimonial (CAP), que debe permanecer por encima del 10 por ciento de acuerdo con la Ley de Bancos, bajó a -24 por ciento en 2007.
Según la Superintendencia de Bancos, en 2004 ese indicador se situaba en 13 por ciento, en 2005 y en 2006 estaba al límite con el 10 por ciento.
El patrimonio negativo pasó de dos millones de dólares en 2004 a 0,5 millones en 2006, pero en 2007 aumentó a 10,3 millones.
El cuarto factor que derivó en la liquidación de Guapay fue el incumplimiento de los compromisos asumidos con el Profop para fortalecerse patrimonialmente y mejorar su solvencia en tres años (2001-2004) y luego en siete años, hasta 2007.
La mutual debía transformarse en fondo financiero privado o fusionarse con una sociedad anónima y capitalizarse con aportes efectivos de capital.
Uno de los últimos ejecutivos de la entidad contó que un grupo de inversores canadienses colocó un millón de dólares, pero los aportes no se completaron hasta los 27 millones como era el compromiso.
En 2007 se impulsó la fusión con la financiera Faccil, pero no se la consumó debido a las pérdidas de la entidad.
En enero de 2008, tras la intervención de la Superintendencia, todos sus activos pasaron al Banco Bisa.
La entidad anunció que auditará a las administraciones pasadas que manejaron Guapay para establecer responsabilidades de la crisis a la que la llevaron.
La mutual bajó su calificación a “D”
La calificación de riesgo de la mutual Guapay tras la intervención dispuesta por la Superintendencia de Bancos se redujo a “D” bol, nota que se le asigna a las entidades (emisores) que presentan incumplimiento efectivo de sus obligaciones y requerimiento de quiebra en curso.
Así lo revela un reporte de la Calificadora de Riesgo Fitch Ratings que hasta el mes de septiembre del año pasado había otorgado a la entidad financiera una escala de triple “C” como emisor y sus valores de largo plazo, por ejemplo, un depósito a plazo fijo (DPF), y “C” (bol) para instrumentos de corto plazo.
El cambio en la calificación sigue al anuncio de intervención a la que está sometida la mutual desde el viernes 11 de enero de 2008. Dicha intervención implica, entre otros, la suspensión de todas sus operaciones, incluyendo la atención al público, además que dejará de pagar sus obligaciones en los plazos y términos pactados. Fitch reevaluará estas notas una vez conocida la evolución de la actuación de la Superintendencia de Bancos.
La intervención obedece al hecho de no haber regularizado su deficiencia patrimonial conforme a lo previsto en la normativa vigente y por haber incurrido en las causales establecidas en los incisos b) “Pérdida igual o mayor al cincuenta por ciento (50 por ciento) del capital primario” y c) “Insuficiencia mayor al cincuenta por ciento (50 por ciento) del nivel de coeficiente de adecuación patrimonial” del artículo 120 de la Ley de Bancos.
La anterior ponderación revelaba signos de insolvencia y escasa calidad de crédito y existencia de alto riesgo de incumplimiento en sus obligaciones con los clientes.
Fiscalización estatal
La mutual Guapay nació en 1967: fue un icono para Santa Cruz. Impulsó la construcción de 40 mil viviendas.
Facilidades: para abrir una caja de ahorros sólo se necesitaba contar con 35 bolivianos.
Los proyectos: financió las urbanizaciones El Deber, Bella Vista, Magisterio, Sirari, Canadá Dry y Entel.
Mal manejo: sus pérdidas a octubre de 2007 llegaron a 50,9 millones de bolivianos.
Mora: su cartera era de 158,5 millones de bolivianos. 23,7 millones estaban en mora y 23,4 en ejecución.
Depósitos: ascendían a 272,1 millones de dólares. Unas 13.982 cuentas eran de menos de 500 dólares.
En mayo de 2004, la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo Guapay, que para entonces ya debía haberse adecuado patrimonialmente conforme al compromiso adquirido con el Estado para acceder al Programa de Fortalecimiento Patrimonial (Profop), se salvó de ser intervenida gracias a que el Congreso Nacional había aprobado la Ley 2682, que prolongó su agonía tres años más, hasta diciembre de 2007.
El superintendente de Bancos, Marcelo Zabalaga, afirmó hace dos semanas que por la vigencia de esa norma la reguladora no pudo actuar antes en contra de la entidad, aunque adoptó algunas medidas administrativas, como la sanción y suspensión de varios de sus ejecutivos.
La Ley 2682, promulgada el 5 de mayo de 2004 por el entonces presidente Carlos Mesa, en su primer artículo señala que “las cooperativas de ahorro y crédito abiertas y las mutuales de ahorro y préstamo que ingresaron al Profop adecuarán su capital a lo dispuesto por los artículos 72 y 75 de la Ley 1488 de Bancos (…) para efectos de lo establecido en el artículo 47 de la citada ley, hasta el 31 de diciembre de 2007, con los alcances previstos en el segundo párrafo del artículo 7 del Decreto Supremo No. 26204”.
El artículo 75 hace referencia a las mutuales y dice que “el capital primario de las mutuales (…) tiene carácter institucional y no podrá ser menor del equivalente en moneda nacional de 300 mil derechos especiales de giro (DEG)”, unos 1,4 millones de bolivianos.
El artículo 47 de la citada ley obliga a las entidades financieras a mantener un patrimonio neto igual al menos al 10 por ciento de sus activos y contingentes, ponderados en función de sus riesgos.
Este medio también se comunicó con el domicilio del ex presidente Carlos Mesa para que diera su versión sobre la Ley 2682, pero no respondió.
La Prensa consultó al menos con tres fuentes en el ámbito mutualista, ex autoridades del Gobierno de entonces y otra que estuvo vinculada a Guapay, quienes confirmaron que en la aprobación de esa ley hubo presión política y regional para que la entidad tuviera más plazo para superar su deficiencia patrimonial.
El presidente del Directorio de Guapay entre 2000 y 2004, Mario Barbery, negó aquel contexto y precisó: “Por favor, eso es volar lejos. Nadie del Directorio tiene el poder para sacar una ley. Eso es pretender que todos los parlamentarios estén comprometidos con una situación anómala”.
El proyecto de la norma fue impulsado y presentado el 6 de abril de 2004 por la senadora del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Mirtha Quevedo, quien en la exposición de razones señaló que el plazo inicial de adecuación (hasta 2004) resultó demasiado corto para su cumplimiento, ya que “los graves acontecimientos políticos y sociales que han conmocionado al país (tras la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003) han ocasionado un deterioro aún mayor en la ya malograda economía boliviana, se hace imprescindible la adecuación de la norma financiera, en atención a la delicada situación económica y la frágil estabilidad financiera”.
También argumentó que los recursos del Profop recién fueron puestos a disposición de las entidades en enero de 2002 , por lo que el plazo de adecuación que fenecía el 4 de mayo de 2004 sólo comprendía un tiempo de dos años y no los tres previstos.
El proyecto de ley luego pasó a la Comisión de Hacienda, dirigida por el senador beniano del MNR Sandro Giordano, quien el 15 de abril de ese año recomendó a la Cámara Alta su aprobación. El 27 de abril, el Senado la avaló.
Un ex funcionario del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Carlos Mesa, que prefirió guardar su nombre en reserva, indicó que el Poder Ejecutivo se opuso a la aprobación de esa disposición legal, pero que “había demasiada presión” regional para que el proyecto siguiera su curso.
Con el Profop, la mutual Guapay se benefició de seis millones de dólares. De este monto, aún adeuda 3,75 millones de dólares al Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif), según el jefe de División de la Intendencia de Riesgos, Amilcar Gonzales.
Las irregularidades
Al menos cuatro causas llevaron a una lenta agonía y muerte a la tercera mutual más importante del país: Guapay. Ellas son la ejecución de un proyecto demasiado ambicioso, el de Aqualand; la adquisición en Santa Cruz de un edificio que le reportaba pérdidas; el maquillaje de cifras en el que incurrieron sus ex ejecutivos y el incumplimiento de los compromisos para fortalecerla patrimonialmente.
El 11 de enero, la entidad financiera fue intervenida por la Superintendencia de Bancos luego de presentar pérdidas acumuladas de 95,5 millones de bolivianos, monto superior al 50 por ciento de su capital primario (aporte financiero con el que nació).
Además, por haber incumplido hasta el 31 de diciembre de 2007 el plazo que se le había otorgado para regularizar su deficiencia patrimonial y superar su situación de insolvencia.
Barbery dijo a La Prensa que el origen de los problemas de Guapay se halla en 1997, cuando la empresa adquirió su edificio principal en Santa Cruz.
La infraestructura tiene seis pisos, es amplia, cómoda, vistosa y moderna. Está ubicada en la calle Sucre esquina Potosí, a unas cuatro cuadras al este de la plaza principal 24 de Septiembre, en el primer anillo.
Barbery explicó que esa instalación generaba pérdidas de un millón de dólares al año, porque se ocupaba sólo el 10 por ciento de sus ambientes.
Al mes, el daño era de unos 90 mil dólares, y 30 mil dólares adicionales por el gasto en electricidad.
Un ex director de la mutual, quien prefirió guardar su nombre en reserva, reveló que la obra fue financiada con recursos de los ahorristas, y coincidió con la idea de que la infraestructura fue improductiva.
Barbery no supo confirmar esta última versión, pero aseguró que en su gestión se hicieron vanos intentos por transferir el activo o alquilarlo. Con ese propósito dialogó con diferentes empresas, entre ellas la Cooperativa de Teléfonos (Cotas) y la Cooperativa de Electricidad (CRE), sin éxito alguno.
Como el edificio no generaba ninguna ganancia, los recursos que se invirtieron en su construcción estaban estancados, al igual que las previsiones que se quedan congeladas en las bóvedas para hacer frente a la mora.
Una de las últimas autoridades que estuvieron al frente de la financiera señaló que era muy complicado transferir el edificio porque se sobrevaluó el precio del metro cuadrado a 1.500 dólares. El costo promedio para un departamento moderno y lujoso apenas es de 500 dólares el metro cuadrado.
Barbery, aun así, destacó el buen manejo de la entidad porque se logró rebajar la mora de 40 por ciento en 2000 a 9 por ciento cuatro años después.
Se logró reducir el elevado costo de la energía eléctrica luego de adquirir un generador con motor de gas natural.
El ejecutivo aseguró también que durante su administración se rebajaron las dietas de los directores de 5.000 a 1.500 dólares, gasto administrativo que en su momento llegó a generar más pérdidas a la entidad financiera, lo que acentuó su debacle.
Aqualand
Según un funcionario que trabajó en el último periodo de Guapay, la entidad nunca logró superar sus problemas y, por el contrario, se agravaron cuando en 2003 se decidió encarar el proyecto Aqualand para crear una urbanización de viviendas próxima al parque acuático de Santa Cruz de la Sierra.
Bajo ese plan, la mutual canalizó unos 5,4 millones de dólares para financiar a 16 empresas constructoras seleccionadas previamente.
El problema surgió debido a que el monto destinado a ese fin superaba en 3 por ciento el patrimonio de la entidad, a partir de lo cual quedó restringida de otorgar más créditos.
Casi dos años después, el proyecto urbanístico se paralizó y las constructoras dejaron de pagar sus cuotas puntualmente y la mora siguió elevándose.
La Superintendencia de Bancos le impuso restricciones operativas desde abril de 2005 a objeto de resguardar los depósitos del público.
Eso porque hasta entonces Guapay no había logrado fortalecerse patrimonialmente, incumplió los límites legales de concentración crediticia y no consiguió transformarse en un fondo financiero privado (FFP) como tenía previsto.
Esos tres aspectos formaban parte de los compromisos que había asumido la financiera en 2001, cuando accedió al Programa de Fortalecimiento Patrimonial (Profop) que le daba plazo hasta 2004 para mejorar su situación.
Mediante el Profop, Guapay se benefició con un crédito subordinado de seis millones de dólares, de los cuales dos millones se le entregaron en efectivo y cuatro millones en papeles para apalancar fuentes adicionales.
Una parte de esos recursos fue canalizada por el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo y se la destinó al proyecto Aqualand.
Maquillaje de cifras
Una tercera causa del deterioro de la situación de Guapay tiene que ver con la “aparente” falta de información objetiva que la entidad reflejó en sus balances.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, explicó que el Profop sólo sirvió para que la mutual “maquillara sus cifras”, y anunció que el Estado iniciará, junto con la Superintendencia de Bancos, acciones legales contra los ex ejecutivos de la entidad.
La reguladora informó que la administración de la financiera fue deficiente y que a partir de la intervención administrativa que se efectuó en abril de 2007 se comenzó a sincerar las cifras de la institución.
Ésa fue una de las razones por las que los balances reflejaron mayor deterioro precisamente en la pasada gestión. Por ejemplo, el coeficiente de adecuación patrimonial (CAP), que debe permanecer por encima del 10 por ciento de acuerdo con la Ley de Bancos, bajó a -24 por ciento en 2007.
Según la Superintendencia de Bancos, en 2004 ese indicador se situaba en 13 por ciento, en 2005 y en 2006 estaba al límite con el 10 por ciento.
El patrimonio negativo pasó de dos millones de dólares en 2004 a 0,5 millones en 2006, pero en 2007 aumentó a 10,3 millones.
El cuarto factor que derivó en la liquidación de Guapay fue el incumplimiento de los compromisos asumidos con el Profop para fortalecerse patrimonialmente y mejorar su solvencia en tres años (2001-2004) y luego en siete años, hasta 2007.
La mutual debía transformarse en fondo financiero privado o fusionarse con una sociedad anónima y capitalizarse con aportes efectivos de capital.
Uno de los últimos ejecutivos de la entidad contó que un grupo de inversores canadienses colocó un millón de dólares, pero los aportes no se completaron hasta los 27 millones como era el compromiso.
En 2007 se impulsó la fusión con la financiera Faccil, pero no se la consumó debido a las pérdidas de la entidad.
En enero de 2008, tras la intervención de la Superintendencia, todos sus activos pasaron al Banco Bisa.
La entidad anunció que auditará a las administraciones pasadas que manejaron Guapay para establecer responsabilidades de la crisis a la que la llevaron.
La mutual bajó su calificación a “D”
La calificación de riesgo de la mutual Guapay tras la intervención dispuesta por la Superintendencia de Bancos se redujo a “D” bol, nota que se le asigna a las entidades (emisores) que presentan incumplimiento efectivo de sus obligaciones y requerimiento de quiebra en curso.
Así lo revela un reporte de la Calificadora de Riesgo Fitch Ratings que hasta el mes de septiembre del año pasado había otorgado a la entidad financiera una escala de triple “C” como emisor y sus valores de largo plazo, por ejemplo, un depósito a plazo fijo (DPF), y “C” (bol) para instrumentos de corto plazo.
El cambio en la calificación sigue al anuncio de intervención a la que está sometida la mutual desde el viernes 11 de enero de 2008. Dicha intervención implica, entre otros, la suspensión de todas sus operaciones, incluyendo la atención al público, además que dejará de pagar sus obligaciones en los plazos y términos pactados. Fitch reevaluará estas notas una vez conocida la evolución de la actuación de la Superintendencia de Bancos.
La intervención obedece al hecho de no haber regularizado su deficiencia patrimonial conforme a lo previsto en la normativa vigente y por haber incurrido en las causales establecidas en los incisos b) “Pérdida igual o mayor al cincuenta por ciento (50 por ciento) del capital primario” y c) “Insuficiencia mayor al cincuenta por ciento (50 por ciento) del nivel de coeficiente de adecuación patrimonial” del artículo 120 de la Ley de Bancos.
La anterior ponderación revelaba signos de insolvencia y escasa calidad de crédito y existencia de alto riesgo de incumplimiento en sus obligaciones con los clientes.
Fiscalización estatal
La mutual Guapay nació en 1967: fue un icono para Santa Cruz. Impulsó la construcción de 40 mil viviendas.
Facilidades: para abrir una caja de ahorros sólo se necesitaba contar con 35 bolivianos.
Los proyectos: financió las urbanizaciones El Deber, Bella Vista, Magisterio, Sirari, Canadá Dry y Entel.
Mal manejo: sus pérdidas a octubre de 2007 llegaron a 50,9 millones de bolivianos.
Mora: su cartera era de 158,5 millones de bolivianos. 23,7 millones estaban en mora y 23,4 en ejecución.
Depósitos: ascendían a 272,1 millones de dólares. Unas 13.982 cuentas eran de menos de 500 dólares.
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