16 febrero 2008

Roghel practicó un pasanaku financiero con los ahorros

La empresa Roghel Bolivia practicaba con sus clientes una especie de “pasanaku” financiero y su propietario, Windsor Goitia, falseó información sobre sus inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York y sobre el rendimiento de las empresas que posee. Además, no tiene los recursos suficientes en la banca como para devolver los ahorros que la gente le ha confiado.

Roghel Bolivia inició operaciones en Bolivia hace cuatro años. El 25 de enero de 2008 fue intervenida por la Superintendencia de Bancos, es decir, casi dos años después de que se enterara de sus irregularidades.

El superintendente Marcelo Zabalaga se justificó y dijo que en 2007 la entidad instó a Roghel a corregir sus actos, pero como no lo hizo, fue intervenida.

La reguladora clausuró sus siete oficinas ubicadas en La Paz (operan dos), Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Trinidad y Oruro debido a que se percató de una intermediación financiera sin autorización.

Sus operaciones no podían ser sancionadas por la Superintendencia porque estaban fuera de su alcance legal. La firma se cobijó bajo la figura de una empresa comercial, normada por el Código de Comercio.

Zabalaga calculó que la compañía acumuló al menos 15 millones de dólares de la gente, bajo la modalidad de una “pirámide financiera”. Era una especie de “pasanaku” formado por una cadena de personas que fueron atraídas por las tentadoras propuestas de Roghel.

La empresa ofrecía una tasa de interés mensual del 10 por ciento, margen que, según los expertos, ninguna otra entidad financiera otorga porque no hay actividad económica en el país ni en el exterior que genere una rentabilidad tan alta.

Según Zabalaga, el sistema financiero en Bolivia puede obtener un retorno alto, que en el mejor de los casos puede ser de 17 por ciento anual y no mensual como daba Roghel.

Para atraer clientes, la empresa convencía a sus socios para que trajeran a sus amigos y familiares a invertir en la firma.

El “pasanaku” funcionaba así: por ejemplo, una persona colocaba 1.000 dólares, pero para recibir el siguiente mes un interés del 10 por ciento (100 dólares) debía traer a dos personas más para que cada una pusiera 1.000 dólares adicionales.

De esa manera, se reunía 3.000 dólares, y con parte de ese dinero, Roghel pagaba el interés de la primera persona que había confiado sus ahorros.

Para entregar el interés a las personas que se incorporaron después, les exigía que, a su vez, trajeran a otras dos personas cada una y que colocaran a 1.000 dólares por cabeza (ver infografía).

De esa manera, la pirámide fue creciendo poco a poco en los últimos cuatro años, al igual que el capital acumulado.

El propietario de Roghel, Windsor Goitia, dijo a La Prensa que la empresa tiene unos 15.000 “socios” en toda Bolivia.

Zabalaga explicó que Roghel pagaba los intereses con un 40 por ciento de los recursos, pero el resto se dirigía a las cuentas de la compañía y de su dueño.

Similar modalidad se aplicaba para otros servicios que ofrecía la empresa, como la adquisición de vehículos y viviendas.

Si el automotor costaba 5.000 dólares, el interesado ponía el 45 por ciento del valor como cuota, es decir, 2.300 dólares. Al cabo de ocho meses obtenía la mercancía.

La Superintendencia desconoce el número de casas o vehículos entregados bajo esta modalidad. En la actualidad se sigue difundiendo publicidad de la empresa durante el programa Disca y ve, de la red televisiva ATB, e incluso se observa la entrega de estos bienes a los beneficiarios que confiaron su dinero o ahorros.

Goitia dio la cara sobre las operaciones de Roghel a los 21 días de la clausura de la empresa. En una entrevista con La Prensa, reveló que desconocía la cantidad exacta de dinero que ha percibido de sus clientes.

Además aseguró que el interés que pagaba a todos sus socios, de 10 por ciento mensual, se originaba en sus inversiones en la Bolsa de Nueva York, pero no recordaba en qué compañías y mencionó que en una de ellas inyectó capital durante un año y medio.

Según el informe 7412/2007, de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente de la Superintendencia, “en su cuenta (la de Goitia) no se evidencian transferencias al exterior, destinadas a inversiones en bolsas de valores”.

Goitia aseguró también que los réditos de Roghel se apoyaron en sus negocios en otras empresas que operaban en Cochabamba, entre ellas algunas que estaban a punto de crearse. Gemas de Bolivia, Goitia Pareja Generadora Eléctrica y la casa de cambios Devoil Change son algunas de las que se le conocen.

Según Zabalaga, estas empresas difícilmente podrían generar un rendimiento tan alto como para pagar 10 por ciento de ganancia a los clientes.

La UIF reveló que Goitia tenía cuentas en los bancos Bisa, de Crédito y Nacional y que la única vigente es la primera. Además de que realizó “operaciones inusitadas o no tiene justificación económica lícita”.

El ejecutivo dijo que “el 80 por ciento de la plata de los clientes de Roghel estaba en maquinaria y el resto en bienes inmuebles”.

La investigación de la UIF precisó que hizo depósitos de más de 10.000 dólares en el Banco Nacional y los justificó como procedentes de actividades personales, entre ellas la venta de vehículos.

Además reportó que durante todo un año, en 2005, Goitia hizo sólo dos movimientos financieros, una transferencia por 50.000 dólares y otra por 35.000.

La Superintendencia de Bancos desconoce el patrimonio con el que cuenta el ejecutivo y el número exacto de empresas que dice poseer.

A ese escenario se suma que Roghel no tiene la cantidad de recursos suficientes en el sistema bancario como para devolver los aportes de los clientes.

Goitia no recordaba el monto exacto que captó de los clientes, pero cree que llega al millón de dólares. Además reconoció que sólo con estos fondos, que se encuentran congelados en el Banco Bisa, devolverá los depósitos a las personas que así se lo pidan, no al resto.

Según el reporte de la UIF, al 18 de mayo de 2007 tenía un saldo de 1,09 millones de dólares en esa entidad financiera.

El superintendente Zabalaga calculó que la empresa adeuda al menos 15 millones de dólares a toda la gente.

Según esa explicación, no existe garantía para la devolución de los restantes 14 millones que están en juego.

La UIF señala que, “si bien a través del análisis de operaciones no se determinó elementos que vinculen a Goitia con el lavado de dinero, el hecho puede tratarse de un fraude” financiero que perjudique a la gente.

Piden renuncia del Súper

Por segundo día consecutivo, más de un centenar de ahorristas de la empresa Roghel Bolivia, clausurada por captar dinero de manera ilegal, protestaron, pidieron la destitución del superintendente interino de Bancos, Marcelo Zabalaga, y exigieron la reapertura de la compañía.

“Suspendan la clausura”, “que renuncie Zabalaga”, “Roghel no es banco, es una comercial”, eran los estribillos que coreaban los afectados frente a las oficinas de la reguladora en la plaza Isabel la Católica.

El ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, respaldó la acción de la Superintendencia de Bancos y afirmó que la determinación de clausurar Roghel fue adecuada porque se quería impedir que éste sea otro caso “Finsa”, empresa que en los años 90 estafó a cientos de ahorristas en Cochabamba.

“Hay que tener mucho cuidado, pedimos a la población que vaya a depositar su dinero a instituciones que cuenten con la autorización y la supervisión de la Superintendencia de Bancos”.

Goitia no fue procesado

La Fiscalía de Distrito de La Paz aún no tiene un caso abierto en contra de Roghel Bolivia, aunque en Cochabamba permanece el proceso en espera, hasta que se presente a declarar el principal acusado, Windsor Goitia.

Después de iniciarse en la Superintendencia de Bancos una investigación por presunta intermediación financiera ilegal, el propietario de la empresa sigue libre en las calles de La Paz.

De acuerdo con una fuente en Cochabamba, el caso abierto en esa ciudad está a cargo del fiscal Hernán Soria, quien espera que el acusado se presente a declarar antes de tomar alguna acción.

Sin embargo, en la Distrital de La Paz no se conoció de una denuncia, por lo que no se abrió ningún proceso contra el propietario de la empresa que adeuda al menos 15 millones de dólares a unos 15.000 ahorristas.

El Congreso anunció que solicitará una interpelación al superintendente de Bancos, Marcelo Zabalaga, para pedirle explicaciones de porqué no se hace nada al respecto. El regulador dijo que espera que la gente presente primero una denuncia.

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