El superintendente de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), Marcelo Zabalaga, denunció ayer que nueve jueces incurrieron en prevaricato al fallar a favor de los accionistas del ex Bancosur, para el pago de 6 millones de dólares, en perjuicio del Banco Central de Bolivia (BCB).
La autoridad reguladora explicó que existe una conculcación de derechos del BCB y una transgresión a la Ley de Bancos y al Código de Comercio por parte de los magistrados. Zabalaga recordó que el Bancosur es un banco que quebró en 1994 por créditos vinculados, y que aún está en liquidación por parte de la Superintendencia de Bancos.
A través de un documento, el ente regulador señala que los principales accionistas del Bancosur y quienes serían beneficiados son Jorge Córdova y Humberto Roca, actual presidente de la línea aérea AeroSur.
Luego de la quiebra del Bancosur, el BCB entregó los recursos para responder a los acreedores de primer nivel o “extranconcursables” (depositantes de caja de ahorro, de cuentas corrientes y de plazo fijo o DPF). El ente dio 129 millones de dólares, sin embargo, a la fecha, sólo recuperó 45 millones de dólares.
El superintendente explicó que, según la ley, corresponde que la entidad emisora —que se subrogó todos los pagos a los depositantes— sea la primera que recupere la mayor cantidad de dinero que pueda. Agregó que luego vendrían los acreedores “concursables”, entre ellos los ex accionistas, incluso después del pago de salarios devengados, beneficios sociales e impuestos devengados. No obstante, Zabalaga sostuvo que los jueces cambiaron el orden de forma ilegal.
De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Bancos, los jueces acusados de prevaricato, en diferentes instancias, son Alfonso Coca Echavarría, Lucio Candia Rivera, Carlos Medina Doria Medina, Rosario Canedo Justiniano, Julio Ortiz Linares, César Suárez Saavedra, Fernando Iriarte, Alejandro Nava Achá y Lilian Paredes Gonzales.
Marcelo Zabalaga lamentó que por el fallo de los jueces, la SBEF esté conminada a pagar como máximo hasta mañana.
Sin embargo, indicó que el ente, a través del intendente liquidador, se negará a acatar el fallo de los jueces, para el pago de los seis millones de dólares a quienes todavía no corresponde.
Argumentó que, como autoridades, los jueces están obligados a cumplir la Constitución Política del Estado (CPE), “que dice que se debe proteger los bienes de la colectividad y acatar las leyes, independientemente de los fallos equivocados de los jueces”.
Los antecedentes del caso
El Bancosur fue resultado de la fusión entre dos bancos en problemas: el Banco Industrial y Ganadero del Beni (Bigbeni) y el Banco de Inversión Boliviano (Bibsa), en diciembre de 1993.
Según el informe de la Súper de Bancos, el Bancosur no pudo sobrevivir a la fusión. “Presentó una debilitada situación patrimonial, producto del incumplimiento a los planes de fortalecimiento comprometidos por los accionistas de estas entidades, principalmente en lo que correspondía a su capitalización, por parte de los accionistas, el desfalco que sufrió por parte del señor Tarabillo y los créditos mal otorgados por los administradores del Bigbeni y del Bibsa”, dice una nota del ente. La quiebra se produjo en 1994. La SBEF inició el proceso de liquidación forzosa, a fin de proteger los depósitos del público.
La autoridad reguladora explicó que existe una conculcación de derechos del BCB y una transgresión a la Ley de Bancos y al Código de Comercio por parte de los magistrados. Zabalaga recordó que el Bancosur es un banco que quebró en 1994 por créditos vinculados, y que aún está en liquidación por parte de la Superintendencia de Bancos.
A través de un documento, el ente regulador señala que los principales accionistas del Bancosur y quienes serían beneficiados son Jorge Córdova y Humberto Roca, actual presidente de la línea aérea AeroSur.
Luego de la quiebra del Bancosur, el BCB entregó los recursos para responder a los acreedores de primer nivel o “extranconcursables” (depositantes de caja de ahorro, de cuentas corrientes y de plazo fijo o DPF). El ente dio 129 millones de dólares, sin embargo, a la fecha, sólo recuperó 45 millones de dólares.
El superintendente explicó que, según la ley, corresponde que la entidad emisora —que se subrogó todos los pagos a los depositantes— sea la primera que recupere la mayor cantidad de dinero que pueda. Agregó que luego vendrían los acreedores “concursables”, entre ellos los ex accionistas, incluso después del pago de salarios devengados, beneficios sociales e impuestos devengados. No obstante, Zabalaga sostuvo que los jueces cambiaron el orden de forma ilegal.
De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Bancos, los jueces acusados de prevaricato, en diferentes instancias, son Alfonso Coca Echavarría, Lucio Candia Rivera, Carlos Medina Doria Medina, Rosario Canedo Justiniano, Julio Ortiz Linares, César Suárez Saavedra, Fernando Iriarte, Alejandro Nava Achá y Lilian Paredes Gonzales.
Marcelo Zabalaga lamentó que por el fallo de los jueces, la SBEF esté conminada a pagar como máximo hasta mañana.
Sin embargo, indicó que el ente, a través del intendente liquidador, se negará a acatar el fallo de los jueces, para el pago de los seis millones de dólares a quienes todavía no corresponde.
Argumentó que, como autoridades, los jueces están obligados a cumplir la Constitución Política del Estado (CPE), “que dice que se debe proteger los bienes de la colectividad y acatar las leyes, independientemente de los fallos equivocados de los jueces”.
Los antecedentes del caso
El Bancosur fue resultado de la fusión entre dos bancos en problemas: el Banco Industrial y Ganadero del Beni (Bigbeni) y el Banco de Inversión Boliviano (Bibsa), en diciembre de 1993.
Según el informe de la Súper de Bancos, el Bancosur no pudo sobrevivir a la fusión. “Presentó una debilitada situación patrimonial, producto del incumplimiento a los planes de fortalecimiento comprometidos por los accionistas de estas entidades, principalmente en lo que correspondía a su capitalización, por parte de los accionistas, el desfalco que sufrió por parte del señor Tarabillo y los créditos mal otorgados por los administradores del Bigbeni y del Bibsa”, dice una nota del ente. La quiebra se produjo en 1994. La SBEF inició el proceso de liquidación forzosa, a fin de proteger los depósitos del público.
La Razón intentó comunicarse con Humberto Roca para conocer su posición sobre el caso señalado por la SBEF. El contacto no fue posible porque el empresario está fuera del país.
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