Las nuevas gestoras de administración de los recursos de jubilación deberán otorgar una rentabilidad superior el 8,2 por ciento que alcanzaron las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); además tendrán que bajar la comisión de administración y mejorar la cobertura del sistema, que son algunos aspectos que motivaron la sustitución de las AFP.
Pese a las observaciones, estas entidades privadas tendrán el control de los recursos al menos durante seis meses mientras dure el periodo de transición al nuevo esquema mixto que funcionará con la aprobación de la nueva Ley de Pensiones que ya tiene el visto bueno de los diputados.
De acuerdo con los técnicos del Viceministerio de Pensiones, el proyecto de ley del rubro establece que la administración será adjudicada inicialmente a una gestora privada mediante una licitación y a otra estatal, que en principio será única.
Esta modalidad pretende generar una competencia para ampliar la cobertura, esto significa que cada entidad postulante deberá plantear un porcentaje de rentabilidad y la mejor oferta se adjudicará la administración.
El mismo procedimiento se hará para establecer la comisión que paga el trabajador por el manejo de sus ahorros; pero en este caso se buscará que el porcentaje sea el más bajo, incluso por debajo del costo actual que cobran las AFP, del 0,5 por ciento del salario mensual.
La gestora estatal deberá asumir esta competencia y adecuarse a lo que rija para la privada o mejorar estas cifras.
El proyecto para la nueva Ley de Pensiones, aprobado en la Cámara de Diputados el domingo 21 de diciembre, establece la resolución de los contratos que el Estado tiene con la AFP Previsión del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y AFP Futuro, del grupo Zurich Financial Service, a pedido del Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), ante el incumplimiento de metas para mejorar el sistema previsional vigente.
En declaraciones a la red Erbol, el viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, declaró: “Los contratos que se tienen en este momento no nos sirven, por eso es que la ley está disponiendo que termine esta relación y tiene que haber un proceso de licitación pública para poder encontrar otras administradoras”.
Sin embargo, el contrato que existe de ambas entidades con el Estado es indefinido.
Los argumentos de incumplimiento del Poder Ejecutivo señalan el bajo rendimiento de las inversiones de los aportes que están en los Fondos de Capitalización Individual (FCI).
Datos del Viceministerio de Pensiones muestran que las AFP lograron su rendimiento más alto del 13 por ciento entre los años 1999 y 2000.
Según los técnicos del Viceministerio, las privadas no explican el descenso que presentaron hasta finales de 2007, que llegó a 8,2 por ciento, a pesar de que tenían la posibilidad de invertir en el extranjero o en la Bolsa Boliviana de Valores.
Este porcentaje puede considerarse bajo si se toma en cuenta el índice de inflación que hasta noviembre llegó a 11,37 por ciento; la rentabilidad no compensa la inflación.
Un documento de la Fundación Jubileo afirma que las AFP tienen sus inversiones altamente concentradas en bonos del Tesoro General de la Nación, cerca del 70 por ciento.
Otra observación es la falta de expansión de servicios a las áreas rurales mediante agencias para ampliar la cobertura. Esta apertura hubiese permitido tener más aportantes al sistema.
Datos preliminares a diciembre de este año establecen que existen cerca de 1,1 millón de afiliados, pero sólo aportan 513.000 trabajadores.
De acuerdo con la Fundación Jubileo, sólo el 13 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en Bolivia gozará de una jubilación; el 87 por ciento no aporta al sistema de pensiones y están en el grupo de riesgo que vivirá en la pobreza cuando llegue a su vejez.
Periodo de transición
Con la promulgación de la nueva Ley de Pensiones comenzará un periodo de transición hasta que se haga efectiva la licitación para la gestora privada, este tiempo es indefinido: puede durar un mes o seis meses como ocurrió cuando las AFP llegaron en 1997.
Sin embargo, se espera que este periodo sea breve, pero dependerá de las condiciones de licitación y la presentación de las interesadas en el manejo de estos recursos. Según el Poder Ejecutivo, lo mejor es que ambas administradoras inicien al mismo tiempo el control de los recursos para tener una sola fecha de finalización de la administración vigente.
Tres problemas afectan al sistema de jubilación
La cobertura insuficiente, las inversiones concentradas en valores del Tesoro General de la Nación (TGN) y las dificultades de inversión son los tres problemas del sistema de pensiones identificados en un análisis de la Fundación Jubileo.
Hace diez años se instituyó en el país una nueva Ley de Pensiones que dejó atrás el sistema de reparto. Esta naciente norma creó una cuenta individual para el ahorro de cada trabajador, el dinero depositado sería manejado por dos administradoras privadas, Previsión BBVA y Futuro de Bolivia.
Ambas instituciones tienen la obligación de invertir esos fondos para obtener ganancias que hagan más rentables los aportes.
Según el análisis de Jubileo, el primer problema identificado es el número de beneficiarios, que representa sólo el 13 por ciento del total de la Población Económicamente Activa (PEA), esto significa que sólo 13 de cada 100 trabajadores gozan de una renta al término de su vida laboral activa.
El segundo problema se refiere a las inversiones del Fondo de Capitalización Individual; según el análisis, estos recursos se concentran en un 70 por ciento en bonos adquiridos del TGN. Esto significa que la deuda interna del país crece y debe ser asumida por el Estado; lo recomendable sería invertir en el sector privado o instituciones internacionales.
Finalmente, Jubileo hace referencia a la insolvencia del Estado para crear subsidios para los más pobres y ampliar y generar beneficios para los no aportantes al sistema. Un ejemplo de esto es la Renta Dignidad, que obtiene los recursos del comercio de hidrocarburos, que actualmente tiene precios muy inestables en el mercado.
Transición
Las obligaciones, activos, pasivos y patrimonio constituidos y por constituirse en el Fondo de Capitalización Individual serán transferidos al Fondo de Ahorro Previsional para su administración en las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo.
Las prestaciones del Seguro Social Obligatorio (SSO) de largo plazo que se encuentran a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones al inicio del Sistema Mixto de Pensiones se pagarán a través de las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo.
Las SSO a cargo de entidades aseguradoras pasan al Sistema Mixto de Pensiones en la modalidad, forma y entidad a cargo del pago.
A partir de la promulgación de la Ley de Pensiones hasta el inicio del Sistema Mixto de Pensiones, las solicitudes de prestaciones realizadas durante el periodo de transición deben ser evaluadas considerando y aplicando la normativa del Seguro Social Obligatorio de largo plazo.
Las obligaciones, activos, pasivos y patrimonio de las Cuentas de Riesgos Previsionales serán transferidos de las AFP a las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo para su administración hasta la licitación y adjudicación.
En el periodo en que los Seguros de Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo Laboral para independientes no se encuentren licitados y adjudicados a las entidades aseguradoras, las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo administrarán estas cuentas, manteniendo las primas vigentes en el periodo anterior.
Cifras de las Administradoras de Fondos de Pensiones
La adjudicación de la administración de los fondos de jubilación empezó en 1997.
La población que cotiza llega a 513.000 trabajadores (datos preliminares a diciembre de 2008).
Las dos AFP manejan un fondo de 3.500 millones de bolivianos, a noviembre de 2008.
Pese a las observaciones, estas entidades privadas tendrán el control de los recursos al menos durante seis meses mientras dure el periodo de transición al nuevo esquema mixto que funcionará con la aprobación de la nueva Ley de Pensiones que ya tiene el visto bueno de los diputados.
De acuerdo con los técnicos del Viceministerio de Pensiones, el proyecto de ley del rubro establece que la administración será adjudicada inicialmente a una gestora privada mediante una licitación y a otra estatal, que en principio será única.
Esta modalidad pretende generar una competencia para ampliar la cobertura, esto significa que cada entidad postulante deberá plantear un porcentaje de rentabilidad y la mejor oferta se adjudicará la administración.
El mismo procedimiento se hará para establecer la comisión que paga el trabajador por el manejo de sus ahorros; pero en este caso se buscará que el porcentaje sea el más bajo, incluso por debajo del costo actual que cobran las AFP, del 0,5 por ciento del salario mensual.
La gestora estatal deberá asumir esta competencia y adecuarse a lo que rija para la privada o mejorar estas cifras.
El proyecto para la nueva Ley de Pensiones, aprobado en la Cámara de Diputados el domingo 21 de diciembre, establece la resolución de los contratos que el Estado tiene con la AFP Previsión del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y AFP Futuro, del grupo Zurich Financial Service, a pedido del Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), ante el incumplimiento de metas para mejorar el sistema previsional vigente.
En declaraciones a la red Erbol, el viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, declaró: “Los contratos que se tienen en este momento no nos sirven, por eso es que la ley está disponiendo que termine esta relación y tiene que haber un proceso de licitación pública para poder encontrar otras administradoras”.
Sin embargo, el contrato que existe de ambas entidades con el Estado es indefinido.
Los argumentos de incumplimiento del Poder Ejecutivo señalan el bajo rendimiento de las inversiones de los aportes que están en los Fondos de Capitalización Individual (FCI).
Datos del Viceministerio de Pensiones muestran que las AFP lograron su rendimiento más alto del 13 por ciento entre los años 1999 y 2000.
Según los técnicos del Viceministerio, las privadas no explican el descenso que presentaron hasta finales de 2007, que llegó a 8,2 por ciento, a pesar de que tenían la posibilidad de invertir en el extranjero o en la Bolsa Boliviana de Valores.
Este porcentaje puede considerarse bajo si se toma en cuenta el índice de inflación que hasta noviembre llegó a 11,37 por ciento; la rentabilidad no compensa la inflación.
Un documento de la Fundación Jubileo afirma que las AFP tienen sus inversiones altamente concentradas en bonos del Tesoro General de la Nación, cerca del 70 por ciento.
Otra observación es la falta de expansión de servicios a las áreas rurales mediante agencias para ampliar la cobertura. Esta apertura hubiese permitido tener más aportantes al sistema.
Datos preliminares a diciembre de este año establecen que existen cerca de 1,1 millón de afiliados, pero sólo aportan 513.000 trabajadores.
De acuerdo con la Fundación Jubileo, sólo el 13 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en Bolivia gozará de una jubilación; el 87 por ciento no aporta al sistema de pensiones y están en el grupo de riesgo que vivirá en la pobreza cuando llegue a su vejez.
Periodo de transición
Con la promulgación de la nueva Ley de Pensiones comenzará un periodo de transición hasta que se haga efectiva la licitación para la gestora privada, este tiempo es indefinido: puede durar un mes o seis meses como ocurrió cuando las AFP llegaron en 1997.
Sin embargo, se espera que este periodo sea breve, pero dependerá de las condiciones de licitación y la presentación de las interesadas en el manejo de estos recursos. Según el Poder Ejecutivo, lo mejor es que ambas administradoras inicien al mismo tiempo el control de los recursos para tener una sola fecha de finalización de la administración vigente.
Tres problemas afectan al sistema de jubilación
La cobertura insuficiente, las inversiones concentradas en valores del Tesoro General de la Nación (TGN) y las dificultades de inversión son los tres problemas del sistema de pensiones identificados en un análisis de la Fundación Jubileo.
Hace diez años se instituyó en el país una nueva Ley de Pensiones que dejó atrás el sistema de reparto. Esta naciente norma creó una cuenta individual para el ahorro de cada trabajador, el dinero depositado sería manejado por dos administradoras privadas, Previsión BBVA y Futuro de Bolivia.
Ambas instituciones tienen la obligación de invertir esos fondos para obtener ganancias que hagan más rentables los aportes.
Según el análisis de Jubileo, el primer problema identificado es el número de beneficiarios, que representa sólo el 13 por ciento del total de la Población Económicamente Activa (PEA), esto significa que sólo 13 de cada 100 trabajadores gozan de una renta al término de su vida laboral activa.
El segundo problema se refiere a las inversiones del Fondo de Capitalización Individual; según el análisis, estos recursos se concentran en un 70 por ciento en bonos adquiridos del TGN. Esto significa que la deuda interna del país crece y debe ser asumida por el Estado; lo recomendable sería invertir en el sector privado o instituciones internacionales.
Finalmente, Jubileo hace referencia a la insolvencia del Estado para crear subsidios para los más pobres y ampliar y generar beneficios para los no aportantes al sistema. Un ejemplo de esto es la Renta Dignidad, que obtiene los recursos del comercio de hidrocarburos, que actualmente tiene precios muy inestables en el mercado.
Transición
Las obligaciones, activos, pasivos y patrimonio constituidos y por constituirse en el Fondo de Capitalización Individual serán transferidos al Fondo de Ahorro Previsional para su administración en las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo.
Las prestaciones del Seguro Social Obligatorio (SSO) de largo plazo que se encuentran a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones al inicio del Sistema Mixto de Pensiones se pagarán a través de las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo.
Las SSO a cargo de entidades aseguradoras pasan al Sistema Mixto de Pensiones en la modalidad, forma y entidad a cargo del pago.
A partir de la promulgación de la Ley de Pensiones hasta el inicio del Sistema Mixto de Pensiones, las solicitudes de prestaciones realizadas durante el periodo de transición deben ser evaluadas considerando y aplicando la normativa del Seguro Social Obligatorio de largo plazo.
Las obligaciones, activos, pasivos y patrimonio de las Cuentas de Riesgos Previsionales serán transferidos de las AFP a las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo para su administración hasta la licitación y adjudicación.
En el periodo en que los Seguros de Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo Laboral para independientes no se encuentren licitados y adjudicados a las entidades aseguradoras, las Gestoras de Seguridad Social de Largo Plazo administrarán estas cuentas, manteniendo las primas vigentes en el periodo anterior.
Cifras de las Administradoras de Fondos de Pensiones
La adjudicación de la administración de los fondos de jubilación empezó en 1997.
La población que cotiza llega a 513.000 trabajadores (datos preliminares a diciembre de 2008).
Las dos AFP manejan un fondo de 3.500 millones de bolivianos, a noviembre de 2008.
No hay comentarios:
Publicar un comentario