El contralor interino de la República, Gabriel Herbas, aseguró que en el tiempo en que permanecerá como autoridad será inflexible con las auditorías de los procesos que quedaron pendientes, pero descartó una investigación al programa “Evo cumple”, que su antecesor había iniciado, debido a que emplea fondos de donación de Venezuela.
La ex autoridad Osvaldo Gutiérrez fue suspendido por 90 días cuando había comenzado a investigar al menos a siete instituciones públicas por presuntas irregularidades.
Herbas precisó: “El programa ‘Evo cumple’ no lo maneja el país directamente, este programa está financiado por la cooperación venezolana; entonces, tendrían que hacerle una auditoría al Gobierno venezolano y eso no tiene ningún asidero legal”.
Aseguró que sólo cuando el dinero es desembolsado en una alcaldía se incorpora a su presupuesto. “En el momento cuando se les entrega el cheque para un multifuncional, para un hospital, en ese momento se debe registrar esos recursos en la alcaldía, mientras tanto es cooperación venezolana”.
La Ley 2042, de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 1999, dispone que todos los créditos y donaciones deben registrarse en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
En su artículo 5, instruye: “Las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados”.
El artículo 11 de la misma ley establece que “las entidades públicas tienen la obligación de pre- sentar al Ministerio de Hacienda la información que éste requiera para el seguimiento y evaluación de la ejecución física y financiera del presupuesto institucional”.
Esta información de ejecución presupuestaria de las entidades públicas sobre ingresos, gastos e inversión pública debe enviarse mensualmente a la Dirección General de Contaduría.
Los reglamentos vigentes, además, dictan que todo crédito o donación externa, en efectivo, especie o asistencia técnica, obtenido a partir de un convenio suscrito entre el Estado y un organismo financiador bilateral o multilateral, debe ser inscrito en el Presupuesto General de la Nación, además de que la entidad beneficiaria del crédito o cooperación externa tiene la obligación de incorporar en su presupuesto institucional los importes aprobados anualmente de acuerdo con planes o programas establecidos por estos organismos internacionales, incluyendo los de administración delegada a terceros o los administrados de forma directa por el financiador.
Adicionalmente, a partir de la puesta en vigencia del Decreto Supremo 25875, que crea el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), las transferencias de recursos provenientes de crédito o donaciones a los beneficiarios se hacen por vía electrónica a cuentas bancarias. De esa manera se dio transparencia a la entrega de recursos públicos y se eliminó la necesidad de usar, por ejemplo, cheques.
Herbas se comprometió a dar continuidad a las auditorías que estaban en curso en la entidad y todas aquellas que tenían como objeto entidades públicas.
La autoridad fue posesionada del cargo el lunes en reemplazo de Osvaldo Gutiérrez Ortiz, acusado en un informe emitido por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de incumplimiento de funciones por no haber entregado a tiempo las auditorías a las petroleras y haber contratado a firmas externas para hacer ese trabajo. Gutiérrez reveló que para el siguiente año la Contraloría tenía programado seguir procesos de auditoría al programa “Evo cumple” y los municipios que se beneficiaron de los recursos de origen venezolano.
Contradicciones sobre petroleras
El nuevo contralor, Gabriel Herbas, aseguró que el informe de las auditorías a las empresas petroleras no se encuentra en la Contraloría General de la República, pero la autoridad suspendida, Osvaldo Gutiérrez, ratificó que los resultados se encuentran en las oficinas de la institución que estaba a su cargo.
Herbas afirmó que el lunes, después de asumir el cargo, intentó “rastrear” la etapa en la que se encuentra el informe, pero hasta el momento no tiene un resultado. Añadió que se hizo la solicitud al primer nivel de las dependencias de la Contraloría y que ahora se efectuará la misma tarea en cada oficina.
“En el transcurso de las próximas horas tendremos la idea completa respecto a en qué etapa (se encuentra el informe), y en cuanto lo tenga haré públicos los resultados” que determinan responsabilidad civil y penal y un daño económico al Estado por 1.000 millones de dólares. Gutiérrez explicó que no puede entregar los informes porque se encuentra fuera de las oficinas de la entidad. “Están en la Contraloría, no le puedo decir nada más”, respondió a una consulta de La Prensa.
Las normas
El ex ministro de Hacienda Waldo Gutiérrez explicó que la Ley 2042, así como normas complementarias de Tesorería, Presupuesto e Inversión pública, regula el manejo de crédito y donaciones.
“La Ley 2042 establece que todos los recursos públicos, en caso de donaciones y créditos, deben estar en cuentas especiales del Banco Central de Bolivia”. En este caso, los recursos provenientes de Venezuela no respetaron las normas vigentes.
Según Gutiérrez, cualquier autoridad, parlamentario o ciudadano puede solicitar a la Contraloría investigar el programa “Evo cumple”. De esa manera, la entidad estará obligada a indagar cuántos cheques se entregaron, los destinatarios y qué obras se ejecutaron. Además recordó que las transferencias de recursos desde la vigencia del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) se realizan electrónicamente y no con papeles. Esto, con el propósito de dar transparencia al proceso, porque en el sistema queda registrada la información de entrega de los recursos y los beneficiarios.
El ex presidente del Banco Central Armando Méndez explicó que todo ingreso por estos conceptos debe estar presupuestado.
El Ministerio de Hacienda aclaró que para 2009 se ordenó a los municipios inscribir en sus presupuestos los recursos provenientes de Venezuela conforme a convenios debidamente suscritos.
Antecedentes
El 27 de diciembre, la Comisión de Constitución en Diputados suspende a Osvaldo Gutiérrez.
El fundamento de la destitución es responsabilidad administrativa.
El incumplimiento es por el retraso en la entrega del informe de la auditoría a las petroleras.
El contralor destituido asegura que existe un informe preliminar de responsabilidades.
Afirma que el retraso fue por falta de presupuesto y obstaculización en entrega de información.
La ex autoridad Osvaldo Gutiérrez fue suspendido por 90 días cuando había comenzado a investigar al menos a siete instituciones públicas por presuntas irregularidades.
Herbas precisó: “El programa ‘Evo cumple’ no lo maneja el país directamente, este programa está financiado por la cooperación venezolana; entonces, tendrían que hacerle una auditoría al Gobierno venezolano y eso no tiene ningún asidero legal”.
Aseguró que sólo cuando el dinero es desembolsado en una alcaldía se incorpora a su presupuesto. “En el momento cuando se les entrega el cheque para un multifuncional, para un hospital, en ese momento se debe registrar esos recursos en la alcaldía, mientras tanto es cooperación venezolana”.
La Ley 2042, de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 1999, dispone que todos los créditos y donaciones deben registrarse en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
En su artículo 5, instruye: “Las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados”.
El artículo 11 de la misma ley establece que “las entidades públicas tienen la obligación de pre- sentar al Ministerio de Hacienda la información que éste requiera para el seguimiento y evaluación de la ejecución física y financiera del presupuesto institucional”.
Esta información de ejecución presupuestaria de las entidades públicas sobre ingresos, gastos e inversión pública debe enviarse mensualmente a la Dirección General de Contaduría.
Los reglamentos vigentes, además, dictan que todo crédito o donación externa, en efectivo, especie o asistencia técnica, obtenido a partir de un convenio suscrito entre el Estado y un organismo financiador bilateral o multilateral, debe ser inscrito en el Presupuesto General de la Nación, además de que la entidad beneficiaria del crédito o cooperación externa tiene la obligación de incorporar en su presupuesto institucional los importes aprobados anualmente de acuerdo con planes o programas establecidos por estos organismos internacionales, incluyendo los de administración delegada a terceros o los administrados de forma directa por el financiador.
Adicionalmente, a partir de la puesta en vigencia del Decreto Supremo 25875, que crea el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), las transferencias de recursos provenientes de crédito o donaciones a los beneficiarios se hacen por vía electrónica a cuentas bancarias. De esa manera se dio transparencia a la entrega de recursos públicos y se eliminó la necesidad de usar, por ejemplo, cheques.
Herbas se comprometió a dar continuidad a las auditorías que estaban en curso en la entidad y todas aquellas que tenían como objeto entidades públicas.
La autoridad fue posesionada del cargo el lunes en reemplazo de Osvaldo Gutiérrez Ortiz, acusado en un informe emitido por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de incumplimiento de funciones por no haber entregado a tiempo las auditorías a las petroleras y haber contratado a firmas externas para hacer ese trabajo. Gutiérrez reveló que para el siguiente año la Contraloría tenía programado seguir procesos de auditoría al programa “Evo cumple” y los municipios que se beneficiaron de los recursos de origen venezolano.
Contradicciones sobre petroleras
El nuevo contralor, Gabriel Herbas, aseguró que el informe de las auditorías a las empresas petroleras no se encuentra en la Contraloría General de la República, pero la autoridad suspendida, Osvaldo Gutiérrez, ratificó que los resultados se encuentran en las oficinas de la institución que estaba a su cargo.
Herbas afirmó que el lunes, después de asumir el cargo, intentó “rastrear” la etapa en la que se encuentra el informe, pero hasta el momento no tiene un resultado. Añadió que se hizo la solicitud al primer nivel de las dependencias de la Contraloría y que ahora se efectuará la misma tarea en cada oficina.
“En el transcurso de las próximas horas tendremos la idea completa respecto a en qué etapa (se encuentra el informe), y en cuanto lo tenga haré públicos los resultados” que determinan responsabilidad civil y penal y un daño económico al Estado por 1.000 millones de dólares. Gutiérrez explicó que no puede entregar los informes porque se encuentra fuera de las oficinas de la entidad. “Están en la Contraloría, no le puedo decir nada más”, respondió a una consulta de La Prensa.
Las normas
El ex ministro de Hacienda Waldo Gutiérrez explicó que la Ley 2042, así como normas complementarias de Tesorería, Presupuesto e Inversión pública, regula el manejo de crédito y donaciones.
“La Ley 2042 establece que todos los recursos públicos, en caso de donaciones y créditos, deben estar en cuentas especiales del Banco Central de Bolivia”. En este caso, los recursos provenientes de Venezuela no respetaron las normas vigentes.
Según Gutiérrez, cualquier autoridad, parlamentario o ciudadano puede solicitar a la Contraloría investigar el programa “Evo cumple”. De esa manera, la entidad estará obligada a indagar cuántos cheques se entregaron, los destinatarios y qué obras se ejecutaron. Además recordó que las transferencias de recursos desde la vigencia del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) se realizan electrónicamente y no con papeles. Esto, con el propósito de dar transparencia al proceso, porque en el sistema queda registrada la información de entrega de los recursos y los beneficiarios.
El ex presidente del Banco Central Armando Méndez explicó que todo ingreso por estos conceptos debe estar presupuestado.
El Ministerio de Hacienda aclaró que para 2009 se ordenó a los municipios inscribir en sus presupuestos los recursos provenientes de Venezuela conforme a convenios debidamente suscritos.
Antecedentes
El 27 de diciembre, la Comisión de Constitución en Diputados suspende a Osvaldo Gutiérrez.
El fundamento de la destitución es responsabilidad administrativa.
El incumplimiento es por el retraso en la entrega del informe de la auditoría a las petroleras.
El contralor destituido asegura que existe un informe preliminar de responsabilidades.
Afirma que el retraso fue por falta de presupuesto y obstaculización en entrega de información.
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