Suma y sigue la mora de las empresas con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Entre deudas de cobranzas administrativas y las que se realizan por la vía judicial, a BBVA Previsión y Futuro de Bolivia les adeudan Bs 627,1 millones de los aportes de los trabajadores al 31 de mayo de 2011.
Solo por citar un dato reportado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (APS), entre 20 compañías del país adeudan Bs 423,2 millones y 10 de ellas concentran la mayor parte; como la deuda es de vieja data y en la misma condición están alrededor de 10.000 empresas, todas tienen procesos coactivos sociales en ejecución.
El universo de empresas registradas que aportan al Sistema Integral de Pensiones (SIP) superaba las 50.000 al 31 de diciembre de 2010.
De acuerdo con el dato actualizado y cotejado con la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), al 31 de mayo de 2011, en Bolivia hay 51.422 empresas registradas.
En el conteo individual de los trabajadores aportantes, según el reporte institucional hasta la fecha, 1.389.405 son los asegurados registrados en el SIP: Futuro de Bolivia tiene una cuenta de 641.252 afiliados y BBVA Previsión, 748.153.
De acuerdo con la APS, la tendencia de la mora efectiva en cobranza administrativa en la seguridad social de largo plazo ha sido a la baja en los últimos cinco años. No obstante, algunas de las grandes deudoras todavía resisten los procesos judiciales y otras empresas, entre públicas y privadas, también afrontan procesos de liquidación.
Se intentó contactar a las 20 empresas que concentran más del 70% de la abultada deuda; empero, la mitad ni siquiera tiene línea habilitada, cinco fueron liquidadas, tres atribuyeron negligencia a gestiones pasadas y dos explicaron que los procesos están en manos de sus abogados y que los resolverán en la justicia.
En el caso de la mora en cobranza judicial, es decir, lo que las AFP intentan recuperar a través de la justicia, la deuda entre todas las empresas procesadas asciende a Bs 622,7 millones.
El año pasado las dos AFP cerraron la gestión con una mora de Bs 9,1 millones y al 31 de mayo de 2011 ambas ya registran una mora efectiva en cobranza de Bs 4,4 millones, por lo que la preocupación de Futuro de Bolivia y BBVA Previsión es que los contribuyentes se eviten complicaciones jurídicas posteriores.
Sumados los montos de la mora efectiva en cobranza administrativa y lo que todavía está pendiente por los procesos judiciales, la deuda asciende a Bs 627,1 millones.
A través de un anuncio público las dos AFP advirtieron que en breve iniciarán nuevas acciones penales contra los empleadores, a fin de recuperar las contribuciones en mora del SIP. Estas cotizaciones corresponden al periodo enero-mayo de 2011.
Para el secretario de Empleo de la Central Obrera Boliviana (COB), Nicanor Baltasar, este tipo de reportes son desalentadores y provocan repudio porque prácticamente las empresas, sean públicas o privadas, juegan con la ilusión de los trabajadores que aportan para consolidar su renta de vejez.
“Vamos a pedir informes a todos los sindicatos para hacer la representación inmediata y que se sancione a las empresas infractoras. Si no prosperan los juicios hay que confiscar los bienes, porque los trabajadores no podemos perder nuestros aportes”, señaló el dirigente cobista.
Por su lado, el expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y actual presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, indicó que el tema de la mora con las AFP es estrictamente individual de cada empresa, por tal motivo la institución solo cumple con informar a sus entidades afiliadas.
Cuando se le consultó si las empresas privadas se sentían arremetidas por los juicios de las administradoras de fondos de pensiones, el presidente respondió: “Seguramente obedecían a políticas internas de cada entidad. Siempre ha habido empresas que por momentos han tenido dificultades en cumplir con esas y con otras obligaciones. Esa es la realidad del mundo empresarial. Sin embargo, sería importante que las AFP den condiciones favorables a cada empresa para poder recuperar esa deuda”.
Pero, ¿por qué es tan complicado y extenso para las AFP el proceso de recuperación y cobranza a las empresas a través de la vía judicial?
El abogado laboralista Francisco Echazú considera que entre la denuncia, presentación de pruebas, descargos, apelaciones ante la Corte Superior de Justicia, los incidentes de excepciones, hasta la última apelación ante la Corte Suprema de Justica, lamentablemente los procesos coactivos sociales tardan entre tres y cinco años, lo cual hace que la cobranza de los aportes de los trabajadores corra riesgo.
“Para revertir esta situación, ya que estamos en un proceso de cambio como dice el Gobierno, también hay que cambiar las normas legales y copiar sistemas como los de Argentina y Uruguay, incluso hasta de Venezuela, donde este tipo de procesos judiciales duran entre tres y ocho meses, en el peor de los casos”, recomendó el experto.
Echazú cree que la situación es delicada y complicada a la vez, pero también alerta que igual de grave sería si el Gobierno echa mano a los aportes de los trabajadores.
“No es por este ni por algún gobierno en particular, pero históricamente está demostrado que el Estado es un pésimo administrador de los recursos que generan los aportes de los trabajadores; así es que hay que tener mucho cuidado”, alertó.
Ex asesores legales y abogados que prestaron servicios a las AFP apuntan a los juristas y consultores de las empresas como los directos responsables de la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos se vienen prolongando hasta casi un lustro.
Para conocer qué responsabilidad asumirá el Gobierno con los aportes de los trabajadores de las empresas públicas que cerraron o cambiaron de razón social y cuál será la acción inicial de las gestoras de pensiones, a mediados de semana se envió la consulta al viceministro de Pensiones, Mario Guillén, pero no respondió al requerimiento periodístico pese a varios pedidos recordatorios.
La mora se puede revertir
Expertos en pensiones y ex asesores legales de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) coinciden en que la mora judicial es reversible y, en todo caso, los aportes de los trabajadores no corren riesgo, por el momento.
La consultora Kathia Vaca Díez, exejecutiva de Futuro de Bolivia, explicó que la situación que reporta los más de Bs 600 millones en deuda es calificada como “mora presunta”, que significa que buena parte es cobrable y en la mayoría de los casos, sobre todo las más abultadas, se han producido porque las empresas no dieron parte del cierre o quiebra a las AFP. “Si el empleador no avisó del cierre de su empresa la mora sigue corriendo porque las AFP no pueden borrar las deudas del sistema”, precisó Vaca Díez.
Otro experto en leyes que fue consultado sobre las posibles fórmulas de solución al problema, pero que pidió reserva, precisó que en casos extremos como el del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) por ejemplo, que debe a BBVA Previsión Bs 89,1 millones y a Futuro de Bolivia Bs 73,4 millones, que representa más del 40% de la deuda total en mora, solo con la definitiva disolución de la empresa y el remate de sus bienes se podrá pagar esta y otras deudas sociales que tiene.
Sobre las causas de los recursos dilatorios de los procesos judiciales entre las AFP y las empresas, el consultor señaló que las demandadas aprovechan al máximo los resquicios legales y ganan el mayor tiempo posible presentando exenciones, apelaciones y excusas.
Empresas y asegurados aportantes
- La base empresarial del país, que no necesariamente aporta al Sistema Integral de Pensiones, se concentra en los tres departamentos del eje troncal. En La Paz existen 16.416 empresas, en Santa Cruz 14.371 y en Cochabamba 8.933. Más abajo se ubican Oruro, con 2.898; luego sigue Tarija, con 2.684; Potosí 2.057; Chuquisaca 1.950; Beni 1.539 y Pando con 574.
- Similar figura se presenta en el eje troncal con el número de asegurados en las AFP: en Futuro de Bolivia, La Paz lidera con 255.927 asegurados; luego está Santa Cruz con 154.527 y Cochabamba con 124.056. Luego está Oruro con 60.490; Beni con 33.625; Pando con 6.589; Potosí con 2.580; Chuquisaca con 2.010 y Tarija con 1.448.
- La BBVA Previsión tiene 268.879 registrados en Santa Cruz; 209.932 en La Paz; 82.651 en Cochabamba; 70.798 en Potosí; 61.964 en Chuquisaca; 49.266 en Tarija; 2.337 en Oruro; 1.225 en Beni y 1.101 en Pando.
- Los rangos de edad de los aportantes en las dos AFP son los siguientes: 17.466 son hasta 20 años; 119.766 entre 21 y 25 años; 208.723 entre 26 y 30; 239.698 entre 31 y 35; 199.576 entre 36 y 40; 157.479 entre 41 y 45; 130.527 entre 46 y 50; 108.548 entre 51 y 55; 84.519 entre 56 y 60; 62.512 entre 61 y 65, y 60.512 de los 66 años en adelante. Mientras hay 897.869 varones aportantes, 491.536 son mujeres.
Opinión
“En un tiempo habrá presión del aportante”
Alberto Bonadona/Experto en Pensiones
Las empresas más endeudadas con el sistema de pensiones mantienen cuentas millonarias desde hace mucho tiempo, pero parece que no se han tomado acciones más definitivas para cobrarlas.
Lo que se ve son argucias legales por parte de los asesores de las empresas, que han ganado tiempo a como dé lugar y siguen evitando el pago efectivo a las AFP en desmedro de los aportes de los trabajadores.
Entre las empresas más endeudadas se encuentra el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), cuya cuenta significa más del 40% de los 423 millones de deuda de las 20 empresas más endeudadas y dudo que alguna vez se le llegue a cobrar un peso.
Otras empresas identificadas son permanentes deudoras al sistema como AeroSur y El Diario, que se las conoce como empresas rentables, que bien podrían pagar sus deudas, salvo que sus abogados sean tan diestros como para burlar la ley por tanto tiempo.
Lo serio de todo esto es que ponen en riesgo las pensiones de sus propios trabajadores.
De todas maneras, la mora total significa menos del 2% del Fondo de Capitalización Individual, que ahora se denomina Capital Acumulado, lo que no pone en riesgo al sistema, pero sí a los trabajadores afectados por la deuda.
En cuanto a la responsabilidad de la cobranza más allá de la nueva Ley de Pensiones, principalmente es de las AFP como representantes de sus afiliados y ahora tienen la obligación que establece la nueva ley para dejar estas cuentas zanjadas.
El Estado tiene responsabilidad particularmente en lo que se refiere a entidades públicas como es el caso de ENFE. Una mayor responsabilidad estatal radica en la falta de eficiente supervisión por menoscabo de la Autoridad de Pensiones.
¿Qué puede o debería pasar con las deudas de las empresas públicas que están en liquidación y otras que prácticamente no existen?, ¿en qué quedarán los aportes de los trabajadores?
De todas maneras estas deudas tendrán que pagarse. Será en el momento del remate de activos de esas empresas o será el Estado el que responda, porque los trabajadores no se pueden quedar sin esos aportes.
En realidad no se siente todavía la urgencia de estos pagos porque los trabajadores de las empresas deudoras que están afiliados a las AFP recién llegarán a jubilarse masivamente dentro de dos a cinco años más y, con toda certeza, en ese momento preciso ejercerán la presión para recibir una pensión.
Reglas de juego
Norma. El proceso coactivo social, según el artículo 22 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley de Pensiones, establece 120 días como plazo máximo para la recuperación de las contribuciones y aportes nacionales a las AFP por mora del empleador o empresa.
Seguimiento. Pero además, el artículo 23 del Reglamento instruye a la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo (GPS) -en este caso las AFP mientras no empiece su trabajo la GPS- a iniciar el proceso penal por apropiación indebida de aportes; las acciones legales deben realizarse en un plazo máximo de 120 días.
Sanciones. De acuerdo con los delitos que se reporten en las demandas, las penas a las que se exponen los infractores van desde la cárcel para el empleador hasta el remate de sus bienes.
Justicia. En los juzgados de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Trinidad se ventilan procesos judiciales que superan los tres años y en algunos casos ya casi llegan a cinco años. Los recursos legales presentados por los abogados de las empresas son la mayor causa de las prolongaciones.
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