22 marzo 2017

Asoban y ASFI desmienten dificultades financieras del BCP


Ayer en las redes sociales se viralizó una información falsa que ponía en dudas la estabilidad financiera del Banco de Crédito BCP, provocando la incertidumbre en los clientes de la institución; sin embargo, la ASFI se pronunció y desmintió el dato malintencionado.



Este miércoles, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), emitió un comunicado en la que informa que el BCP es una entidad que opera legalmente en Bolivia desde hace más de dos décadas y que goza de plena solvencia.



“Nos preocupa profundamente que gente inescrupulosa se haya dado a la tarea de afectar la bien ganada credibilidad de uno de los bancos más importantes del sistema financiero boliviano. Instamos a la ASFI y a las dependencias públicas que correspondan realizar una inmediata investigación que permita identificar el origen de esta acción criminal, a fin de aplicar todo el rigor de la ley contra los responsables de un delito tipificado como terrorismo financiero”, señala el comunicado.



Según ASFI, el BCP cuenta con más de $us 2.415 millones en activos; además mantiene 1.853 millones en captaciones del público, una cartera de créditos de 1.676 millones, un índice de mora de 1,8%, y un coeficiente de adecuación patrimonial de 12,08%, muy por encima del 10% establecido en la Ley 393 de Servicios Financieros y del promedio del sistema bancario.



La ASFI anunció ayer que efectuará las acciones pertinentes para dar con los responsables de la presunta comisión del delito de Difusión de Información Financiera Falsa, tipificado y sancionado en el inciso f) del Artículo 363 del Código Penal, incorporado por el Artículo 491 de la Ley del Sistema Financiero.



“Este artículo determina que se considera delito financiero, la difusión de información financiera falsa acerca del sistema financiero o de sus entidades, que induzca o provoque el retiro masivo de una o varias entidades de intermediación financiera, dañando o deteriorando la imagen y estabilidad de una entidad de intermediación financiera o de dicho sistema, mismo que es sancionado con privación de libertad de cinco a 10 años”, indica un comunicado de la ASFI.

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