El Ministerio de Economía anunció un decreto supremo que ampliará el plazo para el inicio de operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, con el objetivo de “resguardar los aportes de los trabajadores”.
El inicio de las actividades de la Gestora implica el proceso de transferencia de información histórica de más de 20 años de registros y aportes de más de 2.1 millones de personas aseguradas.
TRANSFERENCIA
El Ministerio explicó en un comunicado que la Gestora informó a su despacho que ha iniciado el proceso de transferencia para la consolidación de la información; sin embargo, manifestó la existencia de observaciones a la información provista por las AFP, por lo que este proceso tomará más tiempo del previsto.
Por lo señalado, al menos este año la Gestora no podrá iniciar operaciones, pese a que el año pasado se anunció oficialmente que esto se produciría en el segundo semestre de este año.
INCOMPATIBILIDAD
Según explicó el ministro de Economía, Mario Guillén, el mayor problema radicaría en la incompatibilidad de los sistemas informáticos de las dos administradoras con el software adquirido por la Gestora. Sin duda, una grave imprevisión de esta.
“La migración debe darse en las condiciones de máxima seguridad y confiabilidad, considerando la magnitud de billones de datos a ser transferidos y la importancia que ésta información representa en términos monetarios”, señaló un comunicado de dicha cartera de Estado.
En este sentido, la información a remitirse por las AFP debe ser completa y reunir las características solicitadas por la Gestora, a fin de resguardar los aportes de los trabajadores, así como la asignación debida de las prestaciones, en consideración a la situación por la que ahora se atraviesa.
COMPLEJIDAD
El proceso de migración de datos al software adquirido por la Gestora es un proceso complejo. Cada AFP cuenta con una plataforma propia, la información de cada una de ellas será transferida a un software único de la Gestora Pública, que es lo que debió preverse desde el momento que se planea la transferencia de operaciones.
REGISTROS
El software adquirido deberá ser adaptado a la normativa boliviana para la correcta transferencia de información histórica de más de 20 años de registros y aportes de más de 2.1 millones de personas aseguradas.
Esta migración debe darse en las condiciones de máxima seguridad y confiabilidad, considerando tanto la magnitud de los billones de datos a ser transferidos como la importancia que esta información representa en términos monetarios.
La Gestora fue constituida mediante decreto 2248 de enero de 2015. Por tanto, se dispuso de 18 meses para que inicie actividades. Sin embargo, en 2016 se consignó otro decreto para ampliar este plazo hasta septiembre de 2017. Esta sería la tercera postergación del inicio de operaciones, todo por mala gestión oficial, lo que encarece el proceso para el Estado, sin responsabilidad alguna.
RENTA DIGNIDAD
La Ley 065 dispuso que la administración de la Renta Dignidad sea también parte de las funciones de la nueva Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (GPSS), por la que debería recibir una comisión cuyo monto se establecería mediante reglamento.
COMISIONES
Al respecto, la referida disposición estableció que la Autoridad de Pensiones y Servicios (APS) cobraría durante el período de transición una comisión, cuyo monto sería el mismo que el de la comisión percibida por la Asociación Accidental La Vitalicia-BISA SAFI.
DEUDAS
De acuerdo con el Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), la permanencia de las AFP en Bolivia, también se debe al argumento de que es necesario completar el proceso de recuperación de las deudas en mora que tienen los empleadores y que, en la última década, se habría incrementado en 140%, según declaraciones del entonces viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, a mediados del año pasado.
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