El Gobierno y la Superintendencia de Empresas alistan la aprobación de un decreto supremo por el cual ninguna compañía proveedora de bienes y servicios podrá suscribir contratos con el Estado si no tiene al día la transferencia de los aportes laborales para la vejez a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, confirmó a La Prensa que se trata de un proyecto de la reguladora que será sometido al análisis del Consejo Nacional de Política Económica y Social a fin de mes.
“Lo que queremos es que todas las empresas cumplan con sus obligaciones y que no resulte al final que los trabajadores sean los perjudicados”.
El superintendente de Empresas, Rolando Morales, agregó que la entidad presentará en dos semanas el proyecto de decreto supremo.
“El proyecto que estamos planteando va orientado a endurecer las penalidades a las empresas que no transfieran los aportes de sus trabajadores a las AFP, debido a que el dinero no es de los empresarios, sino de los trabajadores”.
Datos de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) señalan la existencia de más de 5.000 empresas con deudas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y Previsión BBV.
La mora al 31 de diciembre del año pasado llegó a 318 millones de bolivianos.
De estas obligaciones, 26,9 millones se encuentran en etapa de recuperación en el ámbito administrativo.
La mayor parte está en etapa de recuperación judicial, es decir, con juicios iniciados por las AFP y donde están en juego 291 millones de bolivianos.
Las empresas omiten la transferencia a las gestoras de pensiones a pesar de haber realizado el descuento del 12,5 por ciento al salario de sus trabajadores puntualmente cada mes.
De este monto, 10 puntos son la contribución para recibir una pensión de vejez durante la jubilación y el resto se dirige a un seguro contra riesgos profesionales y laborales y la comisión que se le paga a la AFP.
Para la autoridad reguladora, si los aportes no son depositados, el sistema de pensiones se vuelve injusto para el trabajador porque, llegado el momento, no podrá jubilarse.
Morales recordó que, si bien las AFP inician procesos judiciales para la recuperación de los aportes, no siempre se hace un buen seguimiento.
El universo de empresas registradas en la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa) en la actualidad asciende a 30.000 en Bolivia.
El Estado adquirió el año pasado bienes y servicios de parte de empresas privadas por un monto de 12 millones de bolivianos y en la presente gestión se tiene un presupuesto de 14 millones de bolivianos.
El aparato estatal contrata desde publicidad con medios de comunicación hasta convocatorias de personal, construcción de carreteras, provisión de material de escritorio, uniformes militares y otros productos.
Morales aclaró, sin embargo, que la norma tendrá un carácter general y no sólo afectará a las empresas que provean servicios y bienes al aparato estatal.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, sostuvo que el sector desconoce el contenido del proyecto que alista el Gobierno.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Daniel Sánchez, opinó que todas las empresas deben estar al día, sin embargo considera que ésta es una medida más del Gobierno para perjudicar al sector privado.
Esto porque el Estado también tiene obligaciones pendientes con las AFP y con la Caja de Salud.
El analista en pensiones Alberto Bonadona señaló que el Estado tiene la plena autoridad para impulsar un proyecto de esta naturaleza y garantizar que los empleadores cumplan la obligación de hacer efectivos los aportes que descuentan cada mes a sus trabajadores.
Precisó que “si ellos descuentan y no aportan, eso se conoce como hurto porque usan un dinero que no les pertenece”.
Cuando una empresa no hace el depósito de las contribuciones a las AFP, el trabajador corre el riesgo de no poder jubilarse, dejar de recibir cobertura en caso de accidentes laborales o fuera del ámbito de trabajo y no poder acceder a créditos.
Más datos
Entre las empresas que más deben a las AFP se encuentra el Lloyd Aéreo Boliviano.
Los procesos judiciales de recuperación de deudas demoran varios meses.
Existen obligaciones pendientes de pago incluso desde el año 1997.
Las compañías privadas se apropian ilegalmente de los aportes de sus trabajadores.
El Gobierno cree que no existe justificación para no entregar las contribuciones.
Las gestoras de pensiones aplican multas e intereses a las sociedades en mora.
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, confirmó a La Prensa que se trata de un proyecto de la reguladora que será sometido al análisis del Consejo Nacional de Política Económica y Social a fin de mes.
“Lo que queremos es que todas las empresas cumplan con sus obligaciones y que no resulte al final que los trabajadores sean los perjudicados”.
El superintendente de Empresas, Rolando Morales, agregó que la entidad presentará en dos semanas el proyecto de decreto supremo.
“El proyecto que estamos planteando va orientado a endurecer las penalidades a las empresas que no transfieran los aportes de sus trabajadores a las AFP, debido a que el dinero no es de los empresarios, sino de los trabajadores”.
Datos de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) señalan la existencia de más de 5.000 empresas con deudas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y Previsión BBV.
La mora al 31 de diciembre del año pasado llegó a 318 millones de bolivianos.
De estas obligaciones, 26,9 millones se encuentran en etapa de recuperación en el ámbito administrativo.
La mayor parte está en etapa de recuperación judicial, es decir, con juicios iniciados por las AFP y donde están en juego 291 millones de bolivianos.
Las empresas omiten la transferencia a las gestoras de pensiones a pesar de haber realizado el descuento del 12,5 por ciento al salario de sus trabajadores puntualmente cada mes.
De este monto, 10 puntos son la contribución para recibir una pensión de vejez durante la jubilación y el resto se dirige a un seguro contra riesgos profesionales y laborales y la comisión que se le paga a la AFP.
Para la autoridad reguladora, si los aportes no son depositados, el sistema de pensiones se vuelve injusto para el trabajador porque, llegado el momento, no podrá jubilarse.
Morales recordó que, si bien las AFP inician procesos judiciales para la recuperación de los aportes, no siempre se hace un buen seguimiento.
El universo de empresas registradas en la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa) en la actualidad asciende a 30.000 en Bolivia.
El Estado adquirió el año pasado bienes y servicios de parte de empresas privadas por un monto de 12 millones de bolivianos y en la presente gestión se tiene un presupuesto de 14 millones de bolivianos.
El aparato estatal contrata desde publicidad con medios de comunicación hasta convocatorias de personal, construcción de carreteras, provisión de material de escritorio, uniformes militares y otros productos.
Morales aclaró, sin embargo, que la norma tendrá un carácter general y no sólo afectará a las empresas que provean servicios y bienes al aparato estatal.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, sostuvo que el sector desconoce el contenido del proyecto que alista el Gobierno.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Daniel Sánchez, opinó que todas las empresas deben estar al día, sin embargo considera que ésta es una medida más del Gobierno para perjudicar al sector privado.
Esto porque el Estado también tiene obligaciones pendientes con las AFP y con la Caja de Salud.
El analista en pensiones Alberto Bonadona señaló que el Estado tiene la plena autoridad para impulsar un proyecto de esta naturaleza y garantizar que los empleadores cumplan la obligación de hacer efectivos los aportes que descuentan cada mes a sus trabajadores.
Precisó que “si ellos descuentan y no aportan, eso se conoce como hurto porque usan un dinero que no les pertenece”.
Cuando una empresa no hace el depósito de las contribuciones a las AFP, el trabajador corre el riesgo de no poder jubilarse, dejar de recibir cobertura en caso de accidentes laborales o fuera del ámbito de trabajo y no poder acceder a créditos.
Más datos
Entre las empresas que más deben a las AFP se encuentra el Lloyd Aéreo Boliviano.
Los procesos judiciales de recuperación de deudas demoran varios meses.
Existen obligaciones pendientes de pago incluso desde el año 1997.
Las compañías privadas se apropian ilegalmente de los aportes de sus trabajadores.
El Gobierno cree que no existe justificación para no entregar las contribuciones.
Las gestoras de pensiones aplican multas e intereses a las sociedades en mora.
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