A partir de julio, alrededor de 15 organizaciones no gubernamentales (ONG) del ámbito financiero comenzarán a ser reguladas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras al igual que las cooperativas de ahorro y crédito.
El superintendente de Bancos, Marcelo Zabalaga, informó que en dos semanas la entidad emitirá la reglamentación correspondiente y que el próximo mes comenzarán las primeras visitas a las ONG.
Estas entidades, ahora denominadas instituciones financieras de desarrollo (IFI), pasaron al ámbito de la regulación de Superintendencia el 10 de marzo al amparo de la Resolución SB No. 0034/2008.
Zabalaga informó que las ONG financieras trabajan principalmente en la canalización de préstamos y no captan depósitos del público. En la actualidad cuentan con aproximadamente 150.000 clientes.
A partir de la supervisión que realizará la Superintendencia de Bancos, cada una de estas instituciones deberá contar con un capital mínimo cercano a los 470.000 dólares (300.000 derechos especiales de giro).
La autoridad aseguró que con la regulación se contará con entidades financieras más sólidas en el país.
En el caso de las ONG, la ventaja que ofrece este proceso es que se tendrá mayor control e información de sus actividades, de los créditos canalizados y otros servicios prestados.
Cooperativas
Zabalaga destacó también la importancia de la supervisión que se efectuará a alrededor de 75 cooperativas cerradas a partir de la promulgación de una ley sancionada por el Congreso.
Con la norma, estas instituciones, que funcionan con la captación de depósitos y canalización de recursos sólo entre sus socios, serán reguladas por la Superintendencia y no por la Dirección de Cooperativas del Ministerio de Trabajo.
Se calcula que el sector cuenta con más de 100.000 ahorristas y 20.000 prestatarios.
Zabalaga informó que las cooperativas no tienen por qué temer ya que la supervisión no busca su liquidación.
Con este proceso se hará un mejor seguimiento a las entidades porque deberán presentar información periódica y la Superintendencia podrá detectar a tiempo eventuales problemas financieros.
Agregó que hoy no se conoce nada de la situación financiera en la que se encuentran las cooperativas porque la entidad no las supervisa.
Recordó que varias de ellas trabajan con el Programa de Vivienda Social del Gobierno y que por información de prensa se conoce que algunas tuvieron problemas, pero debido a que no están reguladas, no se les puede exigir información.
El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, señaló hace dos semanas que la cooperativa Jerusalén no logró canalizar los recursos que se le entregó para el plan de vivienda.
Zabalaga sostuvo que con la regulación el ahorrista estará más protegido.
Por ejemplo, en caso de quiebra, tendrán la facilidad de beneficiarse del Fondo de Reestructuración Financiera (FRF) para devolver recursos a los depositantes. Este fondo fue creado para que las entidades de intermediación financiera cuenten con el respaldo para responder por los ahorros del público en caso de dificultades y que no sea el Estado el que tenga que hacerse cargo. Antes de la creación del FRF, cuando una institución quebraba, el Banco Central de Bolivia (BCB) se hacía cargo del reintegro de los ahorros.
Las cooperativas cerradas en La Paz, Oruro y Potosí rechazan la capitalización y la supervisión porque aseguran que tendrán más exigencias.
Por ejemplo, deberán contar con un capital de 160.000 dólares, unos 100.000 derechos especiales de giro.
Zabalaga dijo que las entidades que no puedan cumplir este requisito inmediatamente tendrán un plazo de seis meses a cuatro años. Para este fin pueden buscar socios o conformar grupos, apoyarse entre ellas y fortalecer su patrimonio.
La firma Roghel busca reabrirse con otra razón social
La Superintendencia de Bancos denunció ayer que los socios de la empresa Roghel Bolivia intentan reagruparse para que ésta siga operando con otra razón social, y añadió que aún se evalúa la intervención de otras firmas que funcionan de forma ilegal captando recursos del público.
Esta compañía, que era administrada por Windsor Goitia, quien guarda detención domiciliaria, fue clausurada en febrero de este año por realizar intermediación financiera de forma ilegal.
El superintendente de Bancos, Marcelo Zabalaga, informó que el caso Roghel aún es investigado por la Fiscalía.
Sin embargo, con la esperanza de que su propietario recupere su libertad, varios de los funcionarios de esa empresa intentan reconstituirla con otra razón social.
Agregó que se tiene información de que funcionarios de Roghel están reuniendo pequeños grupos que buscan convencer a la gente que confió su dinero para continuar con el negocio en Santa Cruz y Cochabamba.
En el caso de LV Pharma, su oficina principal en La Paz ya no realiza operaciones de manera regular, pero se investiga si lo hace por otras vías.
Zabalaga indicó que la Superintendencia está a la espera de la conclusión de los plazos probatorios para proceder con la clausura de esta compañía y de Orión Inversiones.
Las supervisadas
1. ANED
2. Fades
3. IDEPRO
4. Fondeco
5. Pro Mujer
6. CIDRE
7. CRECER
8. Diaconía
9. Fundodem
10. Fubode
11. Foncresol
12. IMPRO
13. SFR Sartawi
14. Emprender
15. Amigo S.A.
Estas entidades están afiliadas a Finrural y por el momento se autorregulan. Dentro de poco la Superintendencia de Bancos ejercerá mayor fiscalización.
Fuente: Finrural
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