Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) admitieron ayer que no ampliaron más la cobertura de la seguridad social, de modo que más personas puedan recibir una renta en el futuro, por la informalidad, el bajo ingreso per cápita del país y la ausencia de incentivos a los trabajadores independientes a fin de que contribuyan para su vejez.
Aseguraron también que faltó una mayor promoción por parte de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) de los beneficios del actual sistema de pensiones, basado en la capitalización individual.
La Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, en una sesión reservada que duró más de dos horas, escuchó los puntos de vista de Futuro y Previsión, además del Colegio Médico, sobre la reforma de la Ley de Pensiones que se debate en esa instancia.
El gerente regional de la AFP Previsión BBVA, Luis Alberto Gonzales, y el gerente comercial, René Nogales, no concedieron declaraciones a los medios de prensa. La AFP Futuro estuvo representada por su gerente general, Julio Vargas, y su gerente de Inversiones, José Antonio Gil.
El Gobierno observó a las AFP por no haber ampliado la cobertura de afiliados y haberse limitado sólo a los trabajadores dependientes que tienen una relación obrero-patronal y que están concentrados en las ciudades. También las cuestionó porque no tuvieron la capacidad de dinamizar la economía con los 3.300 millones de dólares que aportaron los trabajadores y que hayan firmado contratos indefinidos con el Estado.
El proyecto de ley del Gobierno pretende sustituir a las AFP por una Gestora del Seguro Social de Largo Plazo, una entidad estatal independiente, similar al Banco Central de Bolivia (BCB) y cuyos directores serán elegidos de ternas en el Congreso.
La Central Obrera Boliviana (COB) observó a las AFP por el servicio, manejo poco transparente de los aportes y la falta de inversiones para ampliar la cobertura. En su lugar propone la creación de la Administradora Nacional de Pensiones.
Las dos administradoras tienen 1,1 millones de afiliados, de los que sólo el 48 por ciento aporta regularmente, y manejan 3.300 millones de dólares. Por su servicio cobran una comisión de 0,5 por ciento. En Chile, de acuerdo con información de su entidad reguladora, la comisión de las AFP es de 2 por ciento de la cotización mensual (lo que incluye un seguro de invalidez y sobrevivencia). En Perú llega a 1,81 por ciento.
Las AFP operan en toda la región y en Bolivia tienen gran participación. Por ejemplo, Previsión, filial de BBVA, controla el 53 por ciento del mercado; en Chile, el 30,9 por ciento, a través de Provida; en Perú, 22,2, con Horizonte; en Colombia, 16 por ciento, con Horizonte, y el 18,2 en Argentina, con Consolidar.
Según el presidente de la Comisión de Política Social, Guillermo Mendoza, en su exposición las AFP señalaron que existen personas independientes que posiblemente ganan más que un asalariado pero que no cotizan por falta de información de los beneficios que pueden obtener.
Las AFP justifican esa limitación en que en Bolivia existe demasiada informalidad y el ingreso per cápita es mínimo.
La motivación, la generación de incentivos y difusión de los logros del nuevo sistema de pensiones, por ley, le corresponden a la Superintendencia, pero eso no funcionó. Un ejemplo de esta situación es que los familiares de los dos mineros fallecidos la semana pasada en los enfrentamientos con la Policía en Caihuasi se sorprendieron cuando se enteraron de que tenían acceso a una renta vitalicia en las AFP.
Coincidieron en crear un fondo solidario para las personas que reciben rentas bajas, pero consideran que las fuentes de financiamiento proyectadas no son sostenibles en el largo plazo. Además recordaron que una minoría de aportantes, que pertenece al sector público, no puede condicionar los cambios a la mayoría de cotizantes, los privados.
Según Mendoza, el principal logro que destacaron las AFP fue la transparencia y la información oportuna de los aportes a los que tienen acceso los afiliados.
Las AFP son las administradoras de los fondos de pensiones en Bolivia.
También operan en otros países de América Latina y en otros continentes.
Sin embargo, en la nación registraron la mayor tasa de participación del sector.
Aseguraron también que faltó una mayor promoción por parte de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) de los beneficios del actual sistema de pensiones, basado en la capitalización individual.
La Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, en una sesión reservada que duró más de dos horas, escuchó los puntos de vista de Futuro y Previsión, además del Colegio Médico, sobre la reforma de la Ley de Pensiones que se debate en esa instancia.
El gerente regional de la AFP Previsión BBVA, Luis Alberto Gonzales, y el gerente comercial, René Nogales, no concedieron declaraciones a los medios de prensa. La AFP Futuro estuvo representada por su gerente general, Julio Vargas, y su gerente de Inversiones, José Antonio Gil.
El Gobierno observó a las AFP por no haber ampliado la cobertura de afiliados y haberse limitado sólo a los trabajadores dependientes que tienen una relación obrero-patronal y que están concentrados en las ciudades. También las cuestionó porque no tuvieron la capacidad de dinamizar la economía con los 3.300 millones de dólares que aportaron los trabajadores y que hayan firmado contratos indefinidos con el Estado.
El proyecto de ley del Gobierno pretende sustituir a las AFP por una Gestora del Seguro Social de Largo Plazo, una entidad estatal independiente, similar al Banco Central de Bolivia (BCB) y cuyos directores serán elegidos de ternas en el Congreso.
La Central Obrera Boliviana (COB) observó a las AFP por el servicio, manejo poco transparente de los aportes y la falta de inversiones para ampliar la cobertura. En su lugar propone la creación de la Administradora Nacional de Pensiones.
Las dos administradoras tienen 1,1 millones de afiliados, de los que sólo el 48 por ciento aporta regularmente, y manejan 3.300 millones de dólares. Por su servicio cobran una comisión de 0,5 por ciento. En Chile, de acuerdo con información de su entidad reguladora, la comisión de las AFP es de 2 por ciento de la cotización mensual (lo que incluye un seguro de invalidez y sobrevivencia). En Perú llega a 1,81 por ciento.
Las AFP operan en toda la región y en Bolivia tienen gran participación. Por ejemplo, Previsión, filial de BBVA, controla el 53 por ciento del mercado; en Chile, el 30,9 por ciento, a través de Provida; en Perú, 22,2, con Horizonte; en Colombia, 16 por ciento, con Horizonte, y el 18,2 en Argentina, con Consolidar.
Según el presidente de la Comisión de Política Social, Guillermo Mendoza, en su exposición las AFP señalaron que existen personas independientes que posiblemente ganan más que un asalariado pero que no cotizan por falta de información de los beneficios que pueden obtener.
Las AFP justifican esa limitación en que en Bolivia existe demasiada informalidad y el ingreso per cápita es mínimo.
La motivación, la generación de incentivos y difusión de los logros del nuevo sistema de pensiones, por ley, le corresponden a la Superintendencia, pero eso no funcionó. Un ejemplo de esta situación es que los familiares de los dos mineros fallecidos la semana pasada en los enfrentamientos con la Policía en Caihuasi se sorprendieron cuando se enteraron de que tenían acceso a una renta vitalicia en las AFP.
Coincidieron en crear un fondo solidario para las personas que reciben rentas bajas, pero consideran que las fuentes de financiamiento proyectadas no son sostenibles en el largo plazo. Además recordaron que una minoría de aportantes, que pertenece al sector público, no puede condicionar los cambios a la mayoría de cotizantes, los privados.
Según Mendoza, el principal logro que destacaron las AFP fue la transparencia y la información oportuna de los aportes a los que tienen acceso los afiliados.
Las AFP son las administradoras de los fondos de pensiones en Bolivia.
También operan en otros países de América Latina y en otros continentes.
Sin embargo, en la nación registraron la mayor tasa de participación del sector.
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