Entre enero de 1997 y mayo del 2008, el 73,54% de las deudas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue contraída por el Estado boliviano, de acuerdo con información oficial de la Superintendencia de Pensiones. De aprobarse en el Congreso Nacional —sin modificaciones— el proyecto de Ley de Pensiones propuesto por el Gobierno, el principal deudor a las AFP acabaría administrando su deuda.
Por ley, las AFP (Futuro de Bolivia y Previsión) están obligadas a comprar cada año bonos del Tesoro General de la Nación.
Los recursos obtenidos por la compra de estos títulos valores (que deben ser devueltos cada 15 años por el Estado, con intereses incluidos) son destinados para financiar el pago de rentas a cerca de 130 mil jubilados del país.
Actualmente, el Estado debe destinar aproximadamente 400 millones de dólares anuales en el pago de pensiones a los jubilados del antiguo sistema de pensiones (Sistema de Reparto).
“Las AFP se han visto obligadas a invertir alrededor del 70% de su portafolio en bonos del Tesoro General de la Nación, lo cual ha imposibilitado que las mismas inviertan más recursos que coadyuven a la creación de fuentes de trabajo”, señaló un técnico de una AFP, que pidió guardar su nombre en reserva.
Para el analista en pensiones, Carlos Arce, en este caso particular del cambio de administradora, “existe un riesgo, debido a que el Estado es el mayor deudor de los fondos y será él mismo quien lo administre”.
En declaraciones a la gubernamental radio Patria Nueva, el viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, anunció que el Gobierno, recogiendo la preocupación y el temor de la gente por el destino de sus ahorros para la jubilación, podría lanzar una licitación pública para que dos o tres entidades privadas administren junto a la gestora estatal la Cuenta Previsional Integral y las Cuentas Individuales.
“Nosotros estamos planteando hacer una licitación para
conseguir los mejores administradores. No necesariamente nos vamos a casar con un administrador público. Se ha abierto la posibilidad —y esto porque diferentes sectores han manifestado un determinado temor— de abrir el abanico de administradores”, precisó el funcionario público.
También fue enfático al señalar que el Fondo de Capitalización Individual, donde aportan los trabajadores para su jubilación, es un patrimonio autónomo y de ninguna manera se constituye en patrimonio de las AFP. “Si cambiamos administrador no hay ningún riesgo de que ese dinero se vaya con los futuros administradores. Ese dinero está registrado en este fondo y está colocado en diferentes activos financieros”, explicó el Viceministro de Pensiones. Duras críticas contra la COB El viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, lanzó ayer duras críticas contra el proyecto de Ley de Pensiones presentado por la Central Obrera Boliviana (COB) al Congreso Nacional. Por ejemplo, indicó que en la propuesta de la COB se plantea sustituir la renta Dignidad por la Pensión Mínima Vital. También se recomienda que el pago de este beneficio se lo realice a partir de los 65 años y se excluya a las personas que ya reciben una pensión de vejez. En caso de aprobarse el proyecto de la COB, sostuvo el viceministro, alrededor de 300 mil personas estarán excluidas de recibir este beneficio. Respecto al Fondo de Capitalización Individual, donde aportan los trabajadores para su jubilación, dijo que la COB propone confiscarlo. “La COB está planteando hacer uso de los $us 3.300 millones para pagar a los nuevos jubilados”. Si se aprueba este proyecto de ley, “las personas de 50 años para adelante se beneficiarían de buenas pensiones, pero solamente disfrutarían de esas buenas pensiones ocho años”, porque se agotarán los recursos, advirtió.
Por ley, las AFP (Futuro de Bolivia y Previsión) están obligadas a comprar cada año bonos del Tesoro General de la Nación.
Los recursos obtenidos por la compra de estos títulos valores (que deben ser devueltos cada 15 años por el Estado, con intereses incluidos) son destinados para financiar el pago de rentas a cerca de 130 mil jubilados del país.
Actualmente, el Estado debe destinar aproximadamente 400 millones de dólares anuales en el pago de pensiones a los jubilados del antiguo sistema de pensiones (Sistema de Reparto).
“Las AFP se han visto obligadas a invertir alrededor del 70% de su portafolio en bonos del Tesoro General de la Nación, lo cual ha imposibilitado que las mismas inviertan más recursos que coadyuven a la creación de fuentes de trabajo”, señaló un técnico de una AFP, que pidió guardar su nombre en reserva.
Para el analista en pensiones, Carlos Arce, en este caso particular del cambio de administradora, “existe un riesgo, debido a que el Estado es el mayor deudor de los fondos y será él mismo quien lo administre”.
En declaraciones a la gubernamental radio Patria Nueva, el viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, anunció que el Gobierno, recogiendo la preocupación y el temor de la gente por el destino de sus ahorros para la jubilación, podría lanzar una licitación pública para que dos o tres entidades privadas administren junto a la gestora estatal la Cuenta Previsional Integral y las Cuentas Individuales.
“Nosotros estamos planteando hacer una licitación para
conseguir los mejores administradores. No necesariamente nos vamos a casar con un administrador público. Se ha abierto la posibilidad —y esto porque diferentes sectores han manifestado un determinado temor— de abrir el abanico de administradores”, precisó el funcionario público.
También fue enfático al señalar que el Fondo de Capitalización Individual, donde aportan los trabajadores para su jubilación, es un patrimonio autónomo y de ninguna manera se constituye en patrimonio de las AFP. “Si cambiamos administrador no hay ningún riesgo de que ese dinero se vaya con los futuros administradores. Ese dinero está registrado en este fondo y está colocado en diferentes activos financieros”, explicó el Viceministro de Pensiones. Duras críticas contra la COB El viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, lanzó ayer duras críticas contra el proyecto de Ley de Pensiones presentado por la Central Obrera Boliviana (COB) al Congreso Nacional. Por ejemplo, indicó que en la propuesta de la COB se plantea sustituir la renta Dignidad por la Pensión Mínima Vital. También se recomienda que el pago de este beneficio se lo realice a partir de los 65 años y se excluya a las personas que ya reciben una pensión de vejez. En caso de aprobarse el proyecto de la COB, sostuvo el viceministro, alrededor de 300 mil personas estarán excluidas de recibir este beneficio. Respecto al Fondo de Capitalización Individual, donde aportan los trabajadores para su jubilación, dijo que la COB propone confiscarlo. “La COB está planteando hacer uso de los $us 3.300 millones para pagar a los nuevos jubilados”. Si se aprueba este proyecto de ley, “las personas de 50 años para adelante se beneficiarían de buenas pensiones, pero solamente disfrutarían de esas buenas pensiones ocho años”, porque se agotarán los recursos, advirtió.
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