El Banco Central de Bolivia (BCB) está a punto de perder 6,4 millones de dólares, de la recuperación de dineros del Banco Sur en Liquidación, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que favorece a un grupo de personas supuestamente vinculadas al ex banquero Jorge Córdova, informó ayer el superintendente de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), Marcelo Zabalaga.
En rueda de prensa, Zabalaga y el presidente del ente emisor, Raúl Garrón, dijeron que extremarán esfuerzos en todas las instancias judiciales para evitar que el Estado pierda esos dineros.
La gerente de Asuntos Legales del BCB, Wilma Pérez Paputsachis, explicó que a raíz de la liquidación de los bancos Cochabamba y Sur, en 1994, el ente emisor devolvió el dinero a los ahorristas y cuenta correntistas, lo que le otorgó el privilegio de recuperar los capitales de las entidades financieras quebradas.
Esto —dijo— tiene respaldo legal en el artículo 124 de la Ley de Bancos y en un decreto supremo. “Los ahorristas y cuenta correntistas, procedimentalmente, son acreedores de privilegio porque sus aportes se respetan y, al haber devuelto los dineros, el BCB ocupó su lugar; eso no se discute”, afirmó.
Pérez explicó que “la decisión de la ministra (de la Corte Suprema de Justicia), Rosario Canedo, de poner a siete grupos de personas antes del BCB, desvirtúa el marco legal establecido”. Para el superintendente Zabalaga, el fallo “es muy peligroso”.
Canedo dijo que “el fallo responde a los datos del proceso y aplicación estricta a los principios de justicia y equidad, en un proceso donde hay personas que para tratar de cobrar están más de 20 años en juicio”.
El Banco Sur entró en proceso de liquidación forzosa el 25 de noviembre de 1994. En mayo del 2007, la Justicia declaró un auto de vista que confirmaba la sentencia de prelación de fecha 20 de abril de 1999. El caso volvió por tercera vez a la Corte Suprema, donde se pronunció, por última vez, la ministra Canedo.
En opinión del Superintendente de Bancos, en el fallo existe un error técnico de apreciación, por cuanto los aportes y bonos convertibles (dinero en papeles) que depositaron los litigantes, fueron contribuciones al patrimonio y no se constituyen ahorros y no deberían beneficiarse con un trato preferente. “Los dueños de un banco son los últimos en recibir las recuperaciones que se hacen de cartera y activos”, aseguró la autoridad.
Zabalaga no quiso mencionar los nombres de las personas que intentan beneficiarse con 6,4 millones de dólares, pero dijo que, “en muchos casos, son palos blancos de los ex dueños del Banco Sur. Son personas que a lo largo del juicio —que ya tiene 13 años— han mostrado que habían hecho aportes a la capitalización de la entidad”, precisó.
Según la autoridad, el Banco Sur adeuda al BCB 84 millones de dólares, y esos recursos deben pagarse primero al ente emisor. Lamentó que estos grupos de personas “hubieran influenciado” en la Justicia para aparecer en primer lugar cuando no les corresponde legalmente.
Por su lado, el presidente del BCB, Raúl Garrón, anunció la presentación de un recurso de complementación y enmienda ante la Corte de Distrito de Chuquisaca y adelantó que “el ente emisor hará todo lo que deba hacer para que no se concrete el perjuicio económico” al Estado.
En rueda de prensa, Zabalaga y el presidente del ente emisor, Raúl Garrón, dijeron que extremarán esfuerzos en todas las instancias judiciales para evitar que el Estado pierda esos dineros.
La gerente de Asuntos Legales del BCB, Wilma Pérez Paputsachis, explicó que a raíz de la liquidación de los bancos Cochabamba y Sur, en 1994, el ente emisor devolvió el dinero a los ahorristas y cuenta correntistas, lo que le otorgó el privilegio de recuperar los capitales de las entidades financieras quebradas.
Esto —dijo— tiene respaldo legal en el artículo 124 de la Ley de Bancos y en un decreto supremo. “Los ahorristas y cuenta correntistas, procedimentalmente, son acreedores de privilegio porque sus aportes se respetan y, al haber devuelto los dineros, el BCB ocupó su lugar; eso no se discute”, afirmó.
Pérez explicó que “la decisión de la ministra (de la Corte Suprema de Justicia), Rosario Canedo, de poner a siete grupos de personas antes del BCB, desvirtúa el marco legal establecido”. Para el superintendente Zabalaga, el fallo “es muy peligroso”.
Canedo dijo que “el fallo responde a los datos del proceso y aplicación estricta a los principios de justicia y equidad, en un proceso donde hay personas que para tratar de cobrar están más de 20 años en juicio”.
El Banco Sur entró en proceso de liquidación forzosa el 25 de noviembre de 1994. En mayo del 2007, la Justicia declaró un auto de vista que confirmaba la sentencia de prelación de fecha 20 de abril de 1999. El caso volvió por tercera vez a la Corte Suprema, donde se pronunció, por última vez, la ministra Canedo.
En opinión del Superintendente de Bancos, en el fallo existe un error técnico de apreciación, por cuanto los aportes y bonos convertibles (dinero en papeles) que depositaron los litigantes, fueron contribuciones al patrimonio y no se constituyen ahorros y no deberían beneficiarse con un trato preferente. “Los dueños de un banco son los últimos en recibir las recuperaciones que se hacen de cartera y activos”, aseguró la autoridad.
Zabalaga no quiso mencionar los nombres de las personas que intentan beneficiarse con 6,4 millones de dólares, pero dijo que, “en muchos casos, son palos blancos de los ex dueños del Banco Sur. Son personas que a lo largo del juicio —que ya tiene 13 años— han mostrado que habían hecho aportes a la capitalización de la entidad”, precisó.
Según la autoridad, el Banco Sur adeuda al BCB 84 millones de dólares, y esos recursos deben pagarse primero al ente emisor. Lamentó que estos grupos de personas “hubieran influenciado” en la Justicia para aparecer en primer lugar cuando no les corresponde legalmente.
Por su lado, el presidente del BCB, Raúl Garrón, anunció la presentación de un recurso de complementación y enmienda ante la Corte de Distrito de Chuquisaca y adelantó que “el ente emisor hará todo lo que deba hacer para que no se concrete el perjuicio económico” al Estado.
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