Anteproyecto: El gabinete aprobó la propuesta del Ministro de Economía con los dos nuevos tributos. La recaudación beneficiará al Tesoro, a los gobiernos municipales y a los departamentales. La Asamblea recibirá el proyecto.
El Gobierno proyecta una recaudación anual de 200 millones de bolivianos por la aplicación de dos nuevos impuestos a los propietarios de casas de juego de azar y a los jugadores, anunció ayer el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce.
El anteproyecto de Ley de Juegos de Lotería y de Azar, que permitirá incrementar los ingresos fiscales del Estado, también beneficiará al Ministerio de Salud y a los gobiernos municipales y los departamentales.
El documento recibió la aprobación del gabinete ayer y será enviado en las siguientes horas a la Asamblea Legislativa.
El cuerpo legal incluye la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ).
Arce explicó que el primer tributo está referido al Impuesto al Juego (IJ), que se aplicará a los propietarios de los juegos de azar y sorteos y las promociones empresariales. Tiene una alícuota de hasta el 30 por ciento, según ANF.
La autoridad explicó que en el caso de las promociones empresariales será del 10 por ciento y se excluye de este impuesto a las entidades con personería jurídica cuando los recursos obtenidos por los juegos de azar y lotería sean destinados a objetivos de beneficencia o asistencia.
“Este impuesto va a gravar básicamente al juego de azar lucrativo, a eso estamos apuntando con este nuevo impuesto”, manifestó Arce Catacora.
Además, se crea un impuesto que se aplicará a las personas que vayan a jugar a las casas de juego, el cual se denominará el Impuesto a la Participación en el Juego (IPJ), que consistirá en una alícuota del 15 por ciento que será cobrada por el operador de la casa de juego.
“La distribución del primer impuesto es 100 por ciento para el Tesoro General del Estado (TGE) y en el caso del IPJ se establece una coparticipación tributaria”, sostuvo.
En relación con el IPJ, el 70 por ciento de lo recaudado se destinará al Tesoro General del Estado para que lo canalice al Ministerio de Salud y Deportes; el 15 por ciento, al gobierno departamental respectivo y el 15 por ciento restante, al gobierno municipal.
La fuente indicó que el primer cuerpo del proyecto de ley está referido a la normativa regulatoria que va a adoptar el país en la administración de los juegos de azar, y el segundo se relaciona con los impuestos citados. Cuatro empresas tributan en la actualidad entre 500.000 y 600.000 dólares mensuales por concepto de licencias para administrar juegos al azar, según datos de la Lotería Nacional.
Aguilar: Serán impuestos al lujo y al ocio
Las tasas impositivas a casas de juego y jugadores propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas representarán un “impuesto al lujo y al ocio” que reclama un análisis previo sobre el costo del control y fiscalización, afirmó la investigadora junior del Instituto de Investigaciones Socio Económicas de la Universidad Católica Boliviana, July Aguilar.
La creación de una autoridad fiscalizadora ya lleva implícito un costo y es previsible la conformación de equipos de control para evitar evasiones. Estos gastos deben ser examinados en relación con el ingreso estimado por el Gobierno, y de ese modo se determinará si el saldo final será favorable para los ingresos fiscales, expresó.
Aguilar observó la “rareza” del impuesto que gravará a las personas dispuestas a gastar su dinero en un servicio de lujo y emplear su tiempo en una diversión.
La analista considera “bastante elevadas las tasas” y por ello prevé una evasión impositiva, el surgimiento de casas de juego clandestinas y el cierre de pequeños negocios del sector.
Para destacar
El Impuesto al Juego será aplicado a los propietarios de los juegos de azar, sorteos y promociones.
El Impuesto a la Participación en el Juego será cobrado por el operador del negocio a los jugadores.
El 70 por ciento del IPJ será destinado al Ministerio de Salud y a los gobiernos municipales y departamentales.
Se creará la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego para evitar evasiones.
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