La Asociación de Aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) rechaza el manejo de estos fondos por una gestora pública previsto en la nueva Ley de Pensiones. Sara Moreira, presidenta de esta institución, calificó de inviable la propuesta porque el Estado no garantiza la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores.
“Estamos preocupados por la inexistencia de una entidad descentralizada que fiscalice la administración de nuestros ahorros. Que el Estado sea juez y parte, al constituirse en fiscalizador y administrador de los fondos de pensión, es una propuesta que no puede ser viable”, aseveró la representante.
Moreira dijo que la entidad que administre el dinero de los aportantes debe garantizar la colocación de dinero en proyectos seguros. Puso en duda que el Estado garantice una rentabilidad del ocho o nueve por ciento que pagan las AFP privadas. “La transferencia de aportes al Estado es una propuesta inaceptable porque son ahorros legítima y lícitamente privados, son absolutamente privados”.
Asimismo, desestimó el aporte patronal del tres por ciento que prevé la nueva norma de pensiones, porque va a derivar en el fomento a la informalidad, cuando existe una gran cantidad de actividades que no tributan y menos pagan aportaciones para la jubilación.
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