El Gobierno nacional aprobó el 11 de mayo un decreto que instruye cobrar a cada socio de cooperativas 0.50 ctvs que serán destinados a solventar los gastos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop). La medida sorprende a los representantes de las prestatarias de servicios, pues entienden que atenta contra los intereses de sus asociados. En la capital cruceña, las juntas vecinales ya se han pronunciado rechazando esta medida y anuncian que harán las gestiones necesarias para que el Estado revise esta disposición.
Consideran que la medida atenta contra los intereses del socio. El Decreto Supremo 2762, que en su artículo 3 señala "Se establece una Tasa de Regulación equivalente a Bs 0.50 (cincuenta centavos de bolivianos) mensual…Cada asociada y asociado pagará una sola Tasa de Regulación para la Afcoop por cooperativa a la que pertenezca, independiente de la cantidad de certificados de aportación suscritos que tenga en cada una de ellas". Al respecto, Gregorio Jaldín, en representación de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable (Fencopas), llegó ayer hasta la capital cruceña para informar al respecto "primero nos han impuesto con la ley 2066 una tasa de regulación de Bs 1.50 del ingreso total y ahora imponen otra tasa con el decreto 2762, de cincuenta centavos que es un atentado a toda la población boliviana para solventar a la Afcoop". Jaldín agrega que esta "es una imposición del Gobierno que ingresará al TGN".
Piden que la Afcoop presente un presupuesto. Carlos Paz Chávez, que representa a la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, manifiesta: "Hay una no conformidad de quienes dirigimos las federaciones porque sin conmensura se han tomado estas decisiones y no ha dado tiempo para consultar a las cooperativas", explica. Paz dijo estar de acuerdo con que se genere un presupuesto para la entidad que los regula, "pero debe ser con un principio de equidad". El representante menciona que "la Afcoop debe presentar un presupuesto anual y en base a ese monto generar los ingresos, porque no sabemos dónde se destina más de 50% del dinero que se envía al TGN por este concepto".
El decreto establece un plazo de 60 días calendario para los procedimientos y formas de pago.
Paz señala que "de los 3 millones de usuarios, mal contados, que hay en las 6 mil cooperativas del país, un 85-90% es del servicio público".
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