Con el levantamiento del secreto bancario, el Poder Ejecutivo busca acelerar los procedimientos para las investigaciones de lavado de dinero. Sin embargo, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) anunció ayer que la medida puede ocasionar el retiro de depósitos en el sistema financiero.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, aseguró ayer que esa medida permitirá transparentar el manejo de las cuentas y el movimiento de fondos.
“Es importante tener información del movimiento que hay” en el sistema financiero, porque “mucho se ha hablado del narcotráfico, por ejemplo, pero no sabemos si realmente hay dinero que circule” por esa actividad, como se dijo.
El jueves, el presidente Evo Morales pidió a la Asamblea Constituyente eliminar el secreto bancario. La propuesta oficial busca implementar la lucha contra la investigación de fortunas.
La regulación bancaria vigente permite la investigación de movimientos sospechosos y depósitos por encima de los 10 mil dólares, pero a través de una orden judicial.
La Ley de Bancos indica en su artículo 86 que “las operaciones realizadas por las entidades de intermediación financiera estarán sujetas al secreto bancario. No podrán proporcionarse antecedentes relativos sino a su titular, a quien éste autorice o a la persona que lo representa legalmente”.
Este resguardo sólo será levantado por “orden judicial o a requerimiento fiscal”, agrega el artículo 87.
Según Arce, ese mecanismos de control no es suficiente, ya que la petición judicial es lo que dificulta el proceso.
“No podemos estar esperando que haya un juez que ordene que se investigue, porque esto retrasa las acciones”.
Para el Gobierno, la fiscalización de las operaciones tiene que ser inmediata y sin barreras burocráticas.
El secretario ejecutivo de Asoban, Marcelo Montero, alertó cuidado con la propuesta, pues puede ocasionar la salida de depósitos de los bancos.
En La Paz, el gerente nacional de Créditos del Banco Sol, Marcelo Escóbar, explicó que hoy existen mecanismos para efectuar investigaciones de fortunas a través de una orden judicial y a petición de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
En ese marco, afirmó que no observan motivos para que se tenga que modificar la regulación vigente. Además, la medida, de ser aprobada sin el análisis respectivo, puede dar lugar a que cualquier persona haga la petición de investigaciones, incluso con afanes políticos.
La reserva también puede ser levantada a solicitud del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) con fines de fiscalización y recuperación de deudas. Esto es posible a través de una petición de las gerencias distritales a la Superintendencia de Bancos.
La temática pretende ser abordada por la Comisión de Otros Órganos del Estado, en su informe final en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, a la fecha, la propuesta no tiene el consenso de las bancadas.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, aseguró ayer que esa medida permitirá transparentar el manejo de las cuentas y el movimiento de fondos.
“Es importante tener información del movimiento que hay” en el sistema financiero, porque “mucho se ha hablado del narcotráfico, por ejemplo, pero no sabemos si realmente hay dinero que circule” por esa actividad, como se dijo.
El jueves, el presidente Evo Morales pidió a la Asamblea Constituyente eliminar el secreto bancario. La propuesta oficial busca implementar la lucha contra la investigación de fortunas.
La regulación bancaria vigente permite la investigación de movimientos sospechosos y depósitos por encima de los 10 mil dólares, pero a través de una orden judicial.
La Ley de Bancos indica en su artículo 86 que “las operaciones realizadas por las entidades de intermediación financiera estarán sujetas al secreto bancario. No podrán proporcionarse antecedentes relativos sino a su titular, a quien éste autorice o a la persona que lo representa legalmente”.
Este resguardo sólo será levantado por “orden judicial o a requerimiento fiscal”, agrega el artículo 87.
Según Arce, ese mecanismos de control no es suficiente, ya que la petición judicial es lo que dificulta el proceso.
“No podemos estar esperando que haya un juez que ordene que se investigue, porque esto retrasa las acciones”.
Para el Gobierno, la fiscalización de las operaciones tiene que ser inmediata y sin barreras burocráticas.
El secretario ejecutivo de Asoban, Marcelo Montero, alertó cuidado con la propuesta, pues puede ocasionar la salida de depósitos de los bancos.
En La Paz, el gerente nacional de Créditos del Banco Sol, Marcelo Escóbar, explicó que hoy existen mecanismos para efectuar investigaciones de fortunas a través de una orden judicial y a petición de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
En ese marco, afirmó que no observan motivos para que se tenga que modificar la regulación vigente. Además, la medida, de ser aprobada sin el análisis respectivo, puede dar lugar a que cualquier persona haga la petición de investigaciones, incluso con afanes políticos.
La reserva también puede ser levantada a solicitud del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) con fines de fiscalización y recuperación de deudas. Esto es posible a través de una petición de las gerencias distritales a la Superintendencia de Bancos.
La temática pretende ser abordada por la Comisión de Otros Órganos del Estado, en su informe final en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, a la fecha, la propuesta no tiene el consenso de las bancadas.
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