Nueve acusados del caso Banco Unión pretenden su libertad por causas legales

Los abogados defensores de nueve de los acusados del caso Banco Unión preparan los argumentos para que esta semana se considere la libertad de los detenidos por distintas razones que fueron explicadas ayer por los abogados Andrés Zúñiga y Milton Andrade.

Zúñiga recordó que en la audiencia cautelar del 12 de octubre, la jueza Cinthia Delgadillo declaró ilegal la aprehensión de Rommel Paredes y otros cuatro acusados y refirió que pese a esta ilegalidad, la autoridad judicial decidió enviar a su cliente y a las otras personas al penal de San Pedro.

Ayer, EL DEBER visitó este recinto penitenciario y los acusados pidieron no realizar ninguna declaración, precisamente porque esta semana pueden definir su futuro en la cárcel y por tanto quieren evitar contratiempos.

Cuatro de los acusados están en la sección Posta del penal de San Pedro,mientras que los otros tres, refieren que están en celdas comunes. La Posta es una de las secciones exclusivas de esta cárcel, según los propios internos.

Los reclusos tienen su propia seguridad y los recién llegados, en este caso los cómplices de Pari, deben buscar una habitación que se ofrece en las “comerciales” que hay en el patio del penal.

Una lluvia torrencial impidió la comunicación con los otros reclusos dentro de la cárcel.

La familia
El abogado de la familia Pari, Milton Andrade, indicó que en la imputación realizada contra cuatro de sus clientes, la esposa de Pari, Carolina Jerez; la mamá, Nancy Mamani; el hermano, Gabriel P.M; y la cuñada, María, F.J. acudirá ante la jueza para rechazar la imputación que pesa contra la familia del ex funcionario bancario.


El abogado explicó que la imputación que realizó el Ministerio Público no se adecua al caso de los familiares, por tanto, se debe modificar esta acusación y dejar libres a las personas porque no cometieron delito alguno.

Recordó que en el caso de la cuñada, es la única que guarda detención domiciliaria, y que el resto de la familia fue recluida en distintos penales. La esposa de Pari y su pareja están en el penal de Obrajes y el hermano está en San Pedro y la madre guarda detención en el penal de Miraflores.

Tanto Andrade como Zúñiga confían en que las nueve personas recuperen su libertad porque no tienen ninguna participación en el caso, pese a que algunos de ellos realizaron transferencias bancarias para Juan Pari, lo que los involucra directamente.


El antecedente más notorio de este tipo de actuación es el de Jimmy Morales, quien fuera chofer dentro del caso Zapata y terminó siendo el único que se quedó en la cárcel.

La pareja
Luciana Reynaga guarda detención en el penal de Obrajes, en la zona sur de La Paz; ayer EL DEBER logró contactarse con ella para conocer la situación en la que se encuentra y rápidamente dijo sentirse bien dentro del penal y que por “estrategia” ya no realizará declaraciones a los medios de comunicación.

Pese a la insistencia del periodista, se disculpó y optó por no hablar.

Sin embargo, en declaraciones a Página 7, Reynaga indicó que no sabía la procedencia del dinero que Pari gastaba en ella haciéndole importantes regalos.
“Yo no sabía que él estaba robando en su trabajo. Él me decía que tenía una empresa SRL. Me hacía regalos, pero yo no le preguntaba con qué los compraba”, dijo Reynaga.

Sobre las filmaciones que la muestran con un bolso en la agencia Batallas, Reynaga niega que lo usaba para retirar dinero, y asegura que todo es un montaje donde se pretende hacer creer que solo ellos dos realizaron el desfalco.

“Todo lo que se está viendo es un montaje. No creo que Franz hubiese actuado solo, robando dinero tan fácilmente a un banco. Nosotros somos dos jóvenes, no pudimos hacer esto y solos, como quieren hacer ver”, sostuvo Reynaga.

Una lectura negativa
Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), lamentó la situación y señaló que los actos de corrupción son preocupantes, más cuando se está trabajando para posicionar a Bolivia y atraer inversiones, y que es una gran obviedad que en el caso del Banco Unión no hay solo un responsable del desfalco.

“Cuando se dan estos actos de corrupción en distintas entidades estatales estamos dando una muy mala imagen del país. Entendemos que son aislados, pero deben ser castigados con la mayor severidad. Frenan la inversión y hacen un daño a la imagen del país”, subrayó Barriga.

A su vez, Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), indicó que la situación de Emapa y del Banco Unión son preocupantes porque los actos ilegales son una muestra de debilidad.

Nostas indicó que lo sucedido en ambas instituciones debe ser una lección para entender que los controles que son usados internamente son débiles, porque están siendo violentados y de una manera que es preocupante. “Se debe pensar en reconstruir los mecanismos de control, analizar en cómo se va a avanzar en los protocolos de seguridad. No se buscan culpables, no se puede generalizar, pero hay casos específicos donde la seguridad está vulnerada”, precisó Nostas.

Preocupación del Ejecutivo
Ante la consulta sobre la posible participación de otras personas más en el robo al Banco Unión, Carlos Romero, ministro de Gobierno, puntualizó que en el caso es seguro que hay muchos implicados y que la tarea es descubrir y desarticular a toda esa organización.

“Pero insinuar que hay autoridades superiores y darles palestra a los delincuentes para convertirlos en angelitos inocente no responde a ningún principio de ética”, remarcó Romero.

Sobre los problemas que atraviesan Emapa y las recientes denuncias del sindicato de Entel por posibles actos de corrupción en la telefónica estatal, la autoridad explicó que las empresas estatales trabajan para el pueblo boliviano, y el hecho de que haya personas corruptas en su interior, que muchas veces incurren en irregularidades, es un objeto de preocupación permanente para el Gobierno, que tiene como política combatir y denunciar cualquier acto de corrupción.

“Como en el caso de Emapa, que está siendo investigado y que fue puesto en conocimiento de la opinión pública por el Gobierno. No es un caso de corrupción que se pretendía tapar u ocultar”, dijo Romero.