La nueva gestora pública, que se creará con la nueva Ley de Pensiones y que actualmente es debatida en la Asamblea Legislativa Plurinacional, prevé nacer con 40.000 nuevos jubilados, lo que redundará en la creación de nuevos ítems para el sector público, principalmente el magisterio, anunció ayer el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora.
“Estos 40.000 nuevos rentistas deberían haberse jubilados con el actual sistema, pero por los bajos niveles de pensiones no lo han podido hacer, por lo tanto, el Estado promete resolver el tema con la nueva ley, con rentas que van por encima de los Bs 1.700. Entre los beneficiados figuran maestros, fabriles, enfermeras, personal médico, etc.”, dijo la autoridad.
Según Arce, una vez se apruebe la Ley de Pensiones en la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo inmediatamente reglamentará la norma para su correspondiente aplicación.
“Conviene jubilar a la brevedad posible a quienes les corresponde porque vamos a liberar ítems; por ejemplo 4.000 maestros con sueldos de Bs 3.000 y 3.500. Vamos a crear más empleos porque cuando un maestro comienza a desempeñarse apenas gana Bs 1.000 ó 1.200, espero que esto cierre la deuda histórica que tenemos con los ítems en el país”, agregó Arce.
Consultado sobre las negociaciones con las AFP Previsión y Futuro de Bolivia, informó que el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, conversa con las dos administradoras para programar y planificar el ‘tránsito’ de retiro de ambas y el ingreso de la nueva gestora estatal.
Asimismo, manifestó que en el actual sistema se han jubilado 35.000 personas, pero aún quedan 40.000 que cumpliendo con todos los requisitos para jubilarse no lo han hecho. “Esto nos dio la pauta de que el sistema no sirve”, aseveró. Por otro lado, garantizó la sostenibilidad de pensiones pues se reincorpora el 3% del aporte patronal (Bs 575 millones) el primer año; segundo, el aporte laboral adicional del 0,5% para el Fondo Solidario que son Bs 95 millones; tercero, se tienen las primas de riesgo profesional de un 20% es decir Bs 129 millones y finalmente, el aporte de los ingresos altos, de 1%, 5% y 10% que suman más de Bs 62 millones haciendo un total de más de 861 millones, pero sumado a la cuenta previsional existente de Bs 602 millones, hacen un total de Bs 1.463 millones para el Fondo Solidario, por lo cual desestimó que haya déficit fiscal.
Pese a la explicación, ayer algunos sectores como los del magisterio y salud ratificaron su rechazo a la nueva normativa. A ellos se sumó la Confederación de Profesionales de Bolivia que, mediante la asesora laboral, Fátima Eyzaguirre, dijo que la decisión de jubilarse a los 58 años debe ser voluntaria; que el ‘bono’ de solidaridad sea otorgado por el Estado; que no se cree más impuestos a los trabajadores y que haya igualdad de trato. La actual ley otorga privilegios a policías y militares pues el Tesoro General de la Nación cubre una parte de la renta de estos uniformados.
Piden no indemnizar a las AFP
El dirigente de la COB, Octavio Urquizo, dijo que el Estado boliviano no debe indemnizar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por el trabajo y la transferencia de datos que vayan a realizar a la nueva gestora pública.
Urquizo indicó que los aportantes a las dos administradoras, pagaron lo suficiente por el trabajo que realizaron durante más de 10 años y que por ello no existe motivo para una compensación.
Por otro lado, el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, anunció que con la aprobación de la ley, los migrantes bolivianos que trabajan formalmente y aportan a sistemas en toda Iberoamérica podrán, si ellos desean, transferir sus aportes y jubilarse en Bolivia.
Gestionan compra de software
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, reveló que el Gobierno envió una carta al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) que administra la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Previsión para saber si está dispuesta a vender el sistema software que utiliza y cuáles serán las condiciones para dicha transacción.
El viceministro explicó que la respuesta recibida por parte del BBVA fue escueta y planteaba la realización de reuniones para determinar cuáles serían las condiciones para la transferencia del software pero hasta ahora no se tuvo ninguna reunión ni intercambio de misivas.
En la AFP aún no se logró una respuesta oficial. /ANF
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