El Gobierno reiteró que no se indemnizará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y Previsión Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), pero aseguró que sí se conciliarán cuentas con estas entidades.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Emilio Pinto, declaró a la red ATB que se realizará este procedimiento, pero no dio detalles acerca del tiempo que podría demorar.
“Claro, porque en realidad las AFP sólo eran administradoras y de acuerdo a la nueva Ley de Pensiones, se hará la conciliación correspondiente”, dijo.
Según datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, al 31 de octubre de 2010 el valor del Fondo de Capitalización Individual (FCI), a precio de mercado es de 5.310 millones de dólares. Unos 2.509 millones de dólares administrados por Futuro de Bolivia y 2.801 millones de dólares por Previsión BBVA.
Por otra parte, existen 1.342.755 personas afiliadas en el Seguro Social Obligatorio (SSO), 615.396 en Futuro de Bolivia y 727.379 en Previsión BBVA, al 31 de octubre de este año.
Recientemente el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, declaró que las AFP seguirán administrando los recursos, cobrando el 0,5% de comisión, por un periodo entre seis meses a un año hasta que se proceda a la transición completa a la nueva Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo.
Mientras el proyecto de norma continúa siendo debatido en en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la fuerza política opositora Convergencia Nacional (CN) pide introducir un artículo para que las personas que quieran retirar sus aportes puedan hacerlo en un plazo de 60 a 90 días, antes de que éstos sean administrados por el Estado.
“Los deudores de hoy ahora quieren convertirse en acreedores, quieren manejar la deuda que tiene el Estado de más de 3.000 millones de dólares con las AFP, ellos afirman que tienen el consenso con todos los sectores, entonces que den la oportunidad a las personas de que puedan recoger sus aportes, y si hay consenso, entonces la mayoría no lo hará”, declaró el diputado Luis Dorado.
Agregó que el problema de fondo es que el Estado es un mal administrador y no existe certeza de que los recursos sean bien administrados por el Estado.
“Nos parece una aberración, ninguna de las empresas del Estado han funcionado bien, se ha comprobado corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en la Administradora Boliviana de Carreteras e incluso en el manejo de recursos para electrificación por esta administración”, agregó el viceministro.
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