El ex gerente de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) Armando Álvarez coincidió que a partir de la vigencia de la nueva Ley de Pensiones, las personas pagan un impuesto disfrazado para financiar la renta solidaria. “La gente ya está pagando un impuesto disfrazado que ha impuesto el Gobierno, que es el aporte al Fondo Solidario”, precisó el analista.
Esto es el 0,5% adicional que se le descuenta a los trabajadores, más lo que deben contribuir quienes perciben desde 13.000 a 35.000 bolivianos.
Según Álvarez, si el Gobierno busca que se grave un impuesto al ingresos de las personas que tienen más ingresos, debería gravar a quienes ganan al menos 60 salarios básicos, pero este universo no debe superar las 500 personas en el país.
Agregó que el Ejecutivo más bien debería hacer los esfuerzos para obligar al sector informal a tributar mediante su incorporación el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
El empresario Samuel Doria Medina agregó que es evidente que en el país falta un impuesto progresivo, donde se grave a quienes tienen más ingresos, pero el mismo debe aplicarse el momento oportuno.
“El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada cometió el error de la falta de oportunidad y genero un conflicto”, indicó.
Según Doria Medina, en política económica no solamente es importante que la medida sea correcta, sino que pueda ser aprobada oportunamente.
“Son medidas que un Gobierno tiene que aplicar los primeros 100 días de su gestión, cuando tiene fuerza y un capital político importante”, remarcó.
Este tipo de tributos es aplicado en otros países.
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