Las entidades financieras del país deben enfrentar cuatro grandes desafíos para adecuar sus actividades a la nueva Ley de Servicios Financieros. Ejecutivos de los bancos Mercantil Santa Cruz, Sol, BISA, Nacional de Bolivia (BNB) y Unión cuentan de qué forma comienzan a encarar este proceso para el que tienen cinco años de plazo.
El Ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, detalló que la adecuación de los bancos a la nueva ley comprende cuatro aspectos centrales que consisten en incrementar hasta un 60 por ciento de su cartera los créditos de vivienda social y actividades productivas; mejorar la atención y el servicio al público, mediante la habilitación de ventanillas de reclamos y otros mecanismos; innovar su tecnología de crédito orientada al sector productivo y disminuir los créditos comerciales de para que representen sólo 20 por ciento de su cartera.
En criterio del presidente de la Asociación de Bancos Privados (Asoban) Filial Cochabamba y gerente general del Banco Mercantil Santa Cruz, Heber Rico, la adecuación a la nueva ley supone cambios internos que no serán tan traumáticos, en la medida que se vayan conociendo las reglamentaciones que faltan.
“No significa que desde la reglamentación de la ley, los bancos se dedican sólo a (dar créditos de) vivienda social y a actividades productivas, porque vamos a seguir dando créditos de consumo y a comerciantes, entre otros”, sostuvo.
En el Banco Sol, la adecuación a la nueva ley demandó una inversión de 2,5 millones de dólares en equipos y nueva tecnología de información, además de nueve “Agencias Móviles” (vehículos) hasta fin de año, para brindar todos los servicios financieros en el campo.
“La ley nos pide ajustes en cuanto a calidad, calidez, formas, trato, accesibilidad y bancarización; (pero) en el caso de nuestro Banco, siempre ha trabajado dando crédito a gente que no tenía acceso al sistema financiero”, sostiene su gerente de Marketing, José Luis Zabala.
En el banco BISA, se informó que en el marco de la nueva ley se incluyó en sus productos el crédito para vivienda de interés social, se mejoró la plataforma de atención al público con más puntos de reclamo y se adaptaron los ambientes para los discapacitados.
En cuanto al sector productivo, su vicepresidente de Negocios y vocero, Jorge Velasco, informa que el BISA apoya a ese sector desde su fundación, tanto que actualmente representa un 48 por ciento de su cartera crediticia. “Continuaremos con ese compromiso ya que somos un banco múltiple que atiende con créditos a grandes corporaciones, pequeñas, medianas y micro empresas, incluyendo las del área rural”, sostiene.
El vicepresidente del BNB, Pablo Bedoya, afirma que la optimización de recursos y mejora de infraestructura es gradual, debido a que aún falta completar los reglamentos de la nueva norma, que son trabajados de manera conjunta con el Ministerio de Economía y con la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI).
“Una vez que tengamos la reglamentación del sector productivo, vamos a ver cómo trabamos para alcanzar los objetivos previstos en los plazos establecidos”, señala.
En el Banco Unión se contrató personal especializado para incrementar la cartera en créditos de vivienda social y productivos y se elaboran proyectos específicos para el sector productivo como el microcrédito agropecuario, que financia la producción agropecuaria, de lechería y de hortalizas en general, señala su gerente regional, Pedro Méndez.
“El Banco Unión ha tomado con toda seriedad la nueva ley, porque los objetivos coinciden con la misión nuestra de apoyar al desarrollo económico y social país”, afirma y añade que actualmente socializan con los interesados los requisitos y las facilidades del crédito de vivienda, en su edifico central de la avenida Ballivián.
La directora de la ASFI, Lenny Valdivia, considera que la adecuación de las entidades financieras a la nueva ley solamente supone nada más que cumplir la ley y las nuevas normas que regulan sus actividades.
Agrega que, hasta el momento, encontró “buena predisposición” en las entidades financieras para adecuarse a la nueva ley. Sin embargo, apunta que la ASFI verificará que así sea a través de un equipo que trabaja en la verificación del cumplimiento de normas. “En caso de incumplimiento y previa llamada de atención y cobro de multas, se iniciarán procesos sancionatorios”, afirma.
El ministro Arce considera que el objetivo primordial de la nueva ley de bancos, en esta primera etapa, “es redistribuir el ingreso hacia las personas que necesitan vivienda y (dar) apoyo en el tema productivo, es decir, se trata de la lucha por el excedente”.
Sin embargo, pone énfasis al señalar que la banca tiene que desarrollar mecanismos internos para garantizar la recuperación del crédito.
La nueva ley de bancos fue promulgada en agosto de 2013 y permite al Gobierno fijar las tasas para créditos de vivienda y productivo.
$us 110 millones en créditos
Entre el 10 de enero y el 19 de febrero pasados, el sistema financiero nacional movilizó algo más de 110 millones de dólares en créditos destinados a la vivienda de interés social, según la directora Ejecutiva de la ASFI, Lenny Valdivia. En este período dijo que se presentaron 4.044 solicitudes de las cuales 1.179 fueron aprobadas, 1.908 son evaluadas y 957 fueron rechazadas.
Sobre las razones del rechazo de las 957 solicitudes, informa que las entidades financieras constataron que una mayoría de los potenciales beneficiarios tenían vivienda, es decir, eran titulares de viviendas con registros actualizados en Derechos Reales o en su caso pretendían utilizar el bien inmueble para fines comerciales y no como vivienda familiar. Agrega que entre otras causas para el rechazo de las solicitudes figura que el monto requerido como crédito excedía los límites máximos dispuestos por el reglamento aprobado el 10 de enero pasado y también se debió a la falta de capacidad de los interesados para pagar las mensualidades del crédito hipotecario.
Explica que, en términos generales, la banca enfrentó dificultades para verificar la información de las solicitudes, principalmente con la propiedad de los bienes inmuebles.
POR LOS AJUSTES QUE SE REQUIEREN
Reglamentar la ley de bancos tomaría al menos dos años
Desde que el Gobierno promulgó la Ley de Servicios Financieros, el 21 de noviembre de 2013, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a través de la fortalecida Unidad de la Dirección de Normas, emitió alrededor de 47 resoluciones que norman la implementación de la nueva ley de bancos y otras 43 resoluciones de reglamentación se encuentran en proceso de elaboración, informa su directora, Lenny Valdivia.
Por su importancia, sobresalen los reglamentos para el envío de información a la ASFI; para la constitución de cámaras de compensación; para contratos de crédito destinados a vivienda social y actividades productivas y un reglamento específico para el funcionamiento de empresas transportadoras de material monetario y valores.
También se destacan los reglamentos para la recopilación de normas para bancos y entidades financieras y el manual de cuentas para el sistema financiero, además de los reglamentos para bancos pymes y bancos múltiples y para la calificación de carteras de crédito.
En criterio Valdivia, este proceso de reglamentación de la ley abarcará éste y el siguiente año, porque no solamente se trata de emitir normas, sino de efectuar ajustes a sistemas informáticos, como la Central de Información de Créditos y los sistemas para procesar todos los registros de modelos de contratos, algo que demanda tiempo.
“Hemos modificado nuestra central de información de créditos, por ejemplo, para implementar todo el tema del crédito de vivienda de interés social, que nos permita desde la ASFI efectuar un monitoreo del comportamiento de la cartera de créditos, para saber qué cantidad de clientes y bajo qué condiciones están accediendo a los créditos”, explica.
Agrega que recientemente fue ajustado y reglamentado el funcionamiento de la Defensoría del Consumidor Financiero y el sistema para recibir y procesar reclamos vía página web de la ASFI, que tiene el propósito de acortar plazos y dar una respuesta oportuna al consumidor financiero.
Explica que antes, cuando llegaban los reclamos, los requerimientos de información se hacían a la ASFI mediante nota a las entidades financieras. Ahora se los hace a través de un sistema informático.
El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, agregó que para completar la reglamentación de la Ley de Servicios Financieros en el menor tiempo posible, tanto la ASFI como su cartera se verán en la necesidad de contratar al menos unos 15 economistas.
ENTREVISTA
Luis Pablo Cuba Rojas. Analista económico
Efectos y defectos de la Ley 393
La nueva Ley 393, cuya reglamentación ha sido aprobada recientemente, trata de regular los préstamos para que el sistema financiero no actúe tan libremente en cuanto a la otorgación de créditos de consumo. A través de esa disposición se trata de que los créditos estén adecuadamente regulados, con tasas de interés más bajas pero que se destinen al sector productivo o a la construcción de viviendas sociales. La Autoridad Superior del Sistema Financiero (ASFI) establece requisitos para acceder a los créditos sociales o productivos.
Esta medida va a afectar principalmente a los prestatarios con menos garantías, los que de alguna manera pretendían financiarse para algún tipo de vivienda. Además, el Gobierno trata de frenar la liquidez excesiva que se estaba generando en la economía y que está impulsando los incrementos de precios, es decir, trata de controlar, por esta vía, parte de la inflación que se está generando en el país.
La nueva ley financiera busca que los bancos del sistema coloquen gran parte de la liquidez del sistema financiero, según datos de la ASFI se cuenta con $us 5.305 millones, monto que representa más del 50 por cietno de las colocaciones que tiene el sistema, por lo que “debería” estar generando ingresos. Es decir, que tendrían que estar en manos de interesados en solicitar préstamos. Sin embargo, existen dificultades para los asalariados jóvenes o trabajadores por cuenta propia que intenten contar con crédito para vivienda propia.
Actualmente, los depósitos que llegan a 13.652 millones de dólares, demuestran la estabilidad del sistema. Es posible pensar que las tasas requeridas a los prestatarios y las tasas pagadas a los ahorristas van a tender a acercarse a las tasas máximas y mínimas, lo que quitará competitividad en el mercado financiero y puede terminar afectando a las cooperativas o entidades financieras medianas y pequeñas que no podrán competir por las consideraciones de rentabilidad económica.
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