La internación de unos 40 millones de dólares al aeropuerto de El Alto por el Banco Bisa derivó en la renuncia del viceministro de Política Tributaria, Leonardo Ugarte, quien había emitido un informe que, según el Ministerio de Hacienda, fue usado por la entidad financiera para validar la operación.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, confirmó a La Prensa que la ex autoridad se alejó del cargo la semana pasada.
Este medio llamó a su celular para conocer su versión, pero no se lo pudo ubicar.
Arce explicó que, en su carta de renuncia, Ugarte justificó su decisión en “la mala interpretación” que le dio el Bisa a la nota de que había enviado en respuesta a la solicitud que hicieron sus ejecutivos para efectuar el movimiento económico.
“Desde su punto de vista (de Ugarte), la nota que fue enviada por él al Bisa fue mal utilizada. Entonces, para evitar cualquier desinteligencia y darnos la libertad para investigar, renunció”.
El Ministro aseguró además que él desconocía la comunicación entre el Bisa y el Viceministerio de Política Tributaria.
Antecedentes
El 16 de octubre de 2007, la financiera solicitó al entonces viceministro Ugarte la internación de 5,6 millones de dólares bajo el argumento de que debía poner en marcha un plan de contingencia. Además pidió que, por tratarse de una remesa del exterior, se autorizara la exención de tributos aduaneros de ingreso.
El 27 de octubre, la autoridad respondió a la solicitud del Bisa y adjuntó el informe MH/VPT/DGPA/UEEAA/ 102/2007, avalado por su despacho, en el que dijo que por tratarse de una remesa “no correspondía una autorización expresa”. La carta dice: “Se puede concluir que sólo se importa el material monetario que aún no es de curso legal, mientras que una remesa de dinero de billetes en circulación no es objeto de importación, por tanto, no requiere autorización previa, ni exención alguna”.
Apoyados en ese documento, los gerentes de Normas y Control de Operaciones de la entidad financiera, José Belmonte, y de Negocios Internacionales, Pablo Irusta, enviaron a la administradora de la Aduana El Alto, Joseline López Salas, unas cartas el 24 de octubre y el 6 y 8 de noviembre, para que autorizara la entrega del dinero procedente de Estados Unidos en la pista de aterrizaje y no en el recinto aduanero, donde se pagan tributos. Según las misivas, la financiera utilizó el documento de respuesta del Viceministerio para internar fondos en cinco ocasiones.
Sin embargo, el 15 de noviembre, cuando por motivos de viaje López Salas se ausentó de su oficina, su reemplazante, Sandro Márquez, impidió que el dinero se entregara en plataforma e instruyó que pasara por el recinto aduanero.
Los ejecutivos del Bisa argumentaron que contaban con la autorización del Viceministerio para la operación y que actuaron dentro de la absoluta legalidad.
El 9 de enero, la Aduana emitió un comunicado en el que informó que “a raíz del ingreso y salida de remesas de dinero en monedas extranjeras efectuada por una entidad bancaria privada fue intervenida” su oficina regional de El Alto y suspendió a cuatro de sus funcionarios.
Al día siguiente, la institución anunció que solicitaría la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente de la Superintendencia de Bancos, que indagara al respecto.
Esa misma jornada, el Banco Central de Bolivia (BCB) aseguró que el movimiento del Bisa era legal pero no normal.
Arce no se enteró del trámite
La semana pasada, el ministro Arce dijo que se cometieron “irregularidades” en ese caso debido a que se necesitaba una resolución del Ministerio para el movimiento de dinero.
La autoridad reveló a La Prensa que “nunca conoció” la solicitud formulada por el Bisa ni la respuesta que el Viceministerio de Política Tributaria dio a la entidad financiera. Contó que se enteró por una alerta del presidente del Banco Central de Bolivia, Raúl Garrón. “Ellos son los que han dado la voz de alarma al Ministro de Hacienda, que se ha enterado por un informe que le mostró el Presidente del BCB”.
La autoridad anunció que, basado los informes de la Aduana, el BCB y la Superintendencia de Bancos, emitirá una opinión más cabal.
Según el artículo 118 inciso c) del Reglamento de la Ley de Aduanas, la importación de máquinas y aparatos para acuñar monedas, billetes y sellos de correo (estampillas) requiere autorización previa del Ministerio de Hacienda.
El artículo 234 precisa que sólo “está exenta del pago de tributos aduaneros la importación de material monetario, billetes y monedas realizada exclusivamente por el BCB, la que deberá ser autorizada por la Aduana a solicitud del Presidente del BCB…”.
El Ministro de Hacienda señaló además que, sobre el informe evacuado por Política Tributaria, que sólo respondía a la solicitud de permiso para traer 5,6 millones de dólares, el Banco Bisa terminó internando unos 40 millones de dólares.
Añadió que si se pensaba en ingresar más dinero “mínimamente se debería haber vuelto a preguntar al Viceministro de Política Tributaria. Pero, como él dice en su carta (de renuncia), el tenor del informe fue utilizado de tal manera que ellos (el Bisa) se han autorizado para poder traer esa plata”.
Agregó que si el Bisa necesitaba traer el dinero, podía haberlo hecho a través del Banco Central de Bolivia como lo hacen todas las entidades cuando requieren liquidez en sus operaciones financieras.
La Aduana y la “Súper” no hablan
A los 13 días de haber intervenido sus oficinas regionales de El Alto y denunciar presuntas irregularidades en la internación de dinero que realizó el Banco Bisa, la Aduana no se pronunció sobre el curso de sus investigaciones. Tampoco lo hizo la Superintendencia de Bancos.
Desde el 10 de enero, La Prensa intentó conocer un criterio de las máximas autoridades de esas instituciones, el general César López y Marcelo Zabalaga, respectivamente.
En el primer caso, en la Aduana indicaron que López no se pronunciará hasta que el Ministerio de Hacienda lo autorice. En el segundo, la oficina de Prensa de la reguladora dijo que Zabalaga estaba en frecuentes reuniones y que no podía atender las consultas ni cinco minutos. Inicialmente se comprometió a gestionar una entrevista, que luego se frustró, y después, a dar paso a las consultas en la conferencia de prensa del 15 de enero, convocada por el caso de la Mutual Guapay. Sin embargo, el Superintendente no se presentó a ese acto.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, anunció que el Superintendente de Bancos debe confirmarle si su despacho conocía el plan de contingencia del Bisa y de sus operaciones.
La entidad ratifica la legalidad de la operación
El vicepresidente Nacional de Negocios del Banco Bisa, Jorge Velasco, reiteró que actuaron con legalidad en la operación.
—El Viceministro, en su carta de renuncia, señala que el Bisa interpretó su respuesta más allá de lo que decía el informe.
—Hemos obrado con la legalidad que corresponde y siguió un procedimiento. Primero con la Aduana, que nos pidió que nos dirigiéramos al Ministerio de Hacienda y ahí el Viceministro de Política Tributaria nos indica que no es necesaria ninguna autorización, tampoco existe una tratamiento de exención tributaria porque no es una mercadería, nos reiteramos en eso.
—Hacienda duda sobre si el Bisa pidió una autorización a la Superintendencia para la internación de dinero y si sabía sobre el plan de contingencia.
—No es que necesitamos pedirle autorización a la Superintendencia. Cuando viene a hacer una inspección para ver el riesgo de créditos, de liquidez, ahí la “Súper” verifica que en cada uno de los riesgos que asumimos como gestión bancaria tenemos los diferentes planes de contingencia.
—¿Ahí entonces no se hizo ninguna solicitud expresa a la Superintendencia?
—No. Pero hemos hecho un informe a la Superintendencia sobre todo lo que es justamente esta remesa y se analiza el caso.
El Banco Bisa insistió en que cumplió los procedimientos exigidos para la operación.
La entidad se respalda en la carta que le entregó el Viceministerio de Política Tributaria.
La financiera envió una serie de misivas a la oficina de la Aduana de El Alto.
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