Antes de dejar el país, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y BBVA Previsión están obligadas a cobrar 515 millones de bolivianos de aportes laborales retenidos de manera ilegal por varias empresas nacionales y que no depositaron al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo (SSO).
Así lo anunció ayer el director general de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Ticona, quien aclaró que la Gestora de Seguridad Social de Largo Plazo, que reemplazará a las AFP, no asumirá ningún proceso coactivo pendiente de Futuro de Bolivia ni de BBVA Previsión contra las empresas deudoras.
Explicó que “los procesos judiciales que ha iniciado la AFP contra los malos empleadores tienen que ser concluidos por la misma AFP, que (además) está en la obligación de recuperar la deuda que debió haberla cobrado en su momento”.
De acuerdo con datos del viceministro de Pensiones, Mario Guillén, la deuda las empresas al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo asciende al 1,5 por ciento del Fondo de Capitalización Individual (FCI), que representa unos 515 millones de bolivianos.
El 23 de agosto, el director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP), Javier Lijerón, informó que el 95 por ciento de los deudores a las AFP corresponde a las empresas privadas y la otra parte al sector público.
“La AP lo que hace es cumplir y hacer cumplir la norma. En este caso es el artículo 23 de la Ley de Pensiones que establece que las AFP deben iniciar los procesos ejecutivos sociales a todos los deudores, y a la fecha tenemos más de seis mil procesos en juicio”, manifestó en esa oportunidad.
MORA-EMPRESAS
De acuerdo con datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP), la mora administrativa y judicial al SSO, acumulado al mes de octubre de este año, alcanza a 515 millones de bolivianos.
Entre las empresas deudoras y a las que la AFP Futuro de Bolivia SA inició procesos ejecutivos sociales están: Acribol Ltda., AeroSur SA, Asea Ltda., Industrias Textiles, Bolivian Oil Services Ltda., Bolser, Ciudad Limpia SA, Concordia SA, Empresa Constructora Corandina SA.
Además de Editores Asociados SA, El Diario SA, Empresa de Correos de Bolivia, Empresa Nacional de Ferrocarriles (Bienes y Servicios), Fundación San Gabriel, Grupo Industrias de Bebidas SA, Hilanderías Bolivianas (Hilbo), Intermat SA, Lloyd Aéreo Boliviano SA, Periodistas Asociados de Televisión Ltda., Sociedad Nacional de Textil SA, Sonatex, United Furniture Ind. Bolivia SA y la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián.
En tanto que BBVA Previsión inició procesos a: Aasana Viru Viru, Adecco Bolivia SA, AeroSur SA, Bolivian Oil Services Ltda. Bolser, Centro Salud Hospital San Gabriel, Editores Asociados La Prensa, Empresa Constructora Bartos y Cia. SA, Empresa Constructora Concordia, Empresa El Diario S.A., Empresa Nacional de Ferrocarriles, Empresa de Correos de Bolivia, Hilanderías Bolivianas (Hilbo SA), Intermat Ltda., Lloyd Aéreo Boliviano SA, Santa Mónica Cotton Trading Company SA, Servicio Nacional de Caminos, Servicios Generales el Chaco SRL, Sociedad Minera Illimani (Somil Ltda.), Sumapacha Industrial SA y United Furniture Industries Bolivia SA.
TRANSICIÓN
De acuerdo con la futura Ley de Pensiones, aprobada en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Alta el 30 de noviembre, el periodo de transición de las AFP a la Gestora de Seguridad Social de Largo Plazo tomará, al menos, seis meses.
Para posibilitar un tránsito adecuado y sin muchos problemas, las autoridades del Órgano Ejecutivo iniciaron los contactos con los representantes de las empresas Futuro de Bolivia y BBVA Previsión.
Ticona explicó que “el acercamiento que se hace con ellos (las AFP) es para ver la posibilidad de una eventual adquisición de los activos y del sistema informático”.
Por otro lado, el director de Pensiones abrió la posibilidad de que la gestora estatal contrate a parte del personal que actualmente trabaja en las administradoras privadas “para no comenzar de cero”. Éstos serían los técnicos que operan en las administradoras de pensiones, agregó la autoridad.
Para destacar
El proyecto de Ley de Pensiones fue aprobado el 30 de noviembre por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Senado.
Se prevé que la norma entre al pleno de la Cámara de Senadores en esta jornada para su posterior aprobación.
La propuesta permite una jubilación desde los 58 años y posibilita que los trabajadores independientes y por cuenta propia accedan a una jubilación.
La pensión solidaria (PS), una de las principales características de la propuesta, beneficia a los asegurados que tuvieron bajos ingresos en su etapa activa.
La PS será financiada por un aporte patronal del 3%, una contribución laboral del 0,5%, además del 20% de las primas de riesgo común y profesional.
También contará con el aporte de los trabajadores con ingresos superiores a 13.590 bolivianos.
Panaderos proponen crear un fondo
Los panificadores del país plantearon a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) crear un fondo para su jubilación, que tenga como base un descuento porcentual del monto que pagan por la compra de harina.
La propuesta se suma a la hecha por la Confederación de Choferes de Bolivia, que planteó crear un fondo común solidario con recursos que provendrán de un porcentaje del pago que realizan los afiliados al momento de comprar combustible, señaló el director general de Pensiones del Ministerio de Economía, Marcelo Ticona.
El proyecto de Ley de Pensiones ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. El miércoles 30 de noviembre, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas del Senado aprobó sin modificaciones la propuesta impulsada por el Órgano Ejecutivo, que aguarda su tratamiento en la Cámara Alta.
Entre las propuestas del proyecto de Ley de Pensiones está crear asesorías independientes a la gestora estatal para coadyuvar en la información a los afiliados al seguro de largo plazo. “El proyecto de ley establece la posibilidad de que se constituyan asesores de pensiones para ayudar a los afiliados en el momento de hacer sus trámites. Por la complejidad del sistema, los afiliados no llegan a conocer a profundidad todos los derechos que tienen y estos asesores van a ayudar para que puedan tener una mejor comprensión de su afiliación”, indicó Ticona.
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