El Fondo Solidario se apoyará en el aporte de 9.000 personas que tienen salarios mensuales por encima de los 11.560 y 34.650 bolivianos, además de las recaudaciones del riesgo común, del riesgo profesional y la tasa adicional del 1,5 por ciento que se le cobrará a los empleadores.
Así lo estipulan las proyecciones del proyecto de Ley de Pensiones que el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir al Congreso Nacional ayer, pero hasta el final de la tarde no lo hizo.
Una de las fuentes de financiamiento proviene del aporte solidario del 1 por ciento aplicado a la diferencia entre el total ganado y los 11.560 bolivianos mensuales (equivalente a 20 salarios mínimos nacionales).
Por ejemplo, si una persona tiene un salario de 15.000 bolivianos mensuales, se le restan los 11.560, que son la base del cálculo, y le quedan 3.350 bolivianos. Sobre este último monto se le descontará un 1 por ciento, es decir, 34,4 bolivianos, y eso es lo que debe aportar.
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, informó a La Prensa que en este grupo están comprendidas unas 7.000 personas que serán las que inicialmente contribuirán al Fondo.
Calculó además que se sumarán 2.000 personas con sueldos por encima de 34.650 bolivianos que ya aportan el 10 por ciento. Por ejemplo, a los que ganan 40.000 bolivianos se les resta 34.650 bolivianos (60 salarios mínimos) y les queda 5.320 bolivianos. Sobre eso se les descuenta el 10 por ciento, es decir, 532 bolivianos al mes.
Entre los asalariados con ese nivel de ingresos están los ejecutivos de las petroleras y mineras. Hasta la fecha, por este concepto se recaudaron dos millones de bolivianos.
Delgadillo dijo que para evitar que estas personas subcoticen o declaren menos de lo que ganan se cruzará información con Impuestos Nacionales.
De aprobarse el proyecto de ley, el descuento se lo hará por planillas en cada una de las compañías del sector privado y público, y los empleadores serán los agentes de retención.
“El Ministerio de Hacienda —aseguró Delgadillo— está trabajando una base de datos y vamos a tener computarizada la cantidad de gente que gana esos niveles salariales”.
Los aportes de los trabajadores que ganan sueldos altos son dos de las cinco fuentes de financiamiento del Fondo Solidario, que beneficiará a los trabajadores más pobres que recibirán rentas pese a que nunca aportaron, como los gremiales, campesinos o artesanos.
La ex intendente de Pensiones Isabel Pantoja dijo que el aporte solidario es positivo. Sin embargo, señaló que en el caso de las personas con ingresos elevados, pueden llegar a declarar menos en sus planillas para liberarse del pago. Por eso, dijo que hubiese sido ideal que se descuente un 0,5 por ciento del Fondo de Capitalización Individual (FCI) porque así el aporte hubiese sido progresivo. Es decir, quienes ganan más, aportan más.
La otra fuente de financiamiento proviene del 20 por ciento de las primas por el riesgo común (accidentes fuera del trabajo) y riesgo profesional (accidentes laborales).
El economista Alberto Bonadona señaló que en este caso existe una malversación porque se le da a estos fondos un uso distinto para el que fueron diseñados en la Ley de Pensiones.
Delgadillo aseguró que la utilización de esos fondos no perjudicará la atención de siniestros porque existen recursos suficientes en reserva y que no fueron utilizados. Agregó que la aprobación de la ley le dará legalidad al uso de ese dinero.
El Fondo Solidario también respaldará el aporte del 1,5 por ciento que harán los empleadores privados y públicos por cada trabajador, adicional al 1,71 por ciento que efectúan para la cobertura del riesgo profesional.
Bonadona aseguró que esta carga adicional será transferida por los empleadores a los trabajadores a través de un menor aumento salarial en los siguientes años.
Casi la mitad de los afiliados a AFP aportan para las rentas
Los datos oficiales de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) señalan que en el país hay más de un millón de afiliados registrados en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Sin embargo, el economista Alberto Bonadona aseguró que quienes aportan regularmente son algo más de 400.000.
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, explicó que una de las causas para que esto suceda es la falta de depósito de los aportes descontados a los trabajadores y que asciende al 12,5 por ciento de su salario. Por eso se ha decidido que la retención indebida de los aportes será penalizada en el marco de la nueva Ley de Pensiones proyectada por el Poder Ejecutivo.
En el Código de Procedimiento Penal se incorporará el “delito previsional” para sancionar la apropiación indebida de los aportes de parte del sector patronal.
La mora al 31 de mayo llega a 327,1 millones de bolivianos, de los cuales 298,3 millones están en fase de recuperación judicial y sólo 28,8 millones, en el ámbito administrativo, es decir, en trámites y reclamo para que las empresas regularicen su situación mediante exhortos.
Según Delgadillo, la otra causa es que los obreros no siempre trabajan regularmente, pero en ese caso en adelante podrán jubilarse con el Fondo Solidario, que beneficiará sobre todo a los que tienen rentas bajas.
Así lo estipulan las proyecciones del proyecto de Ley de Pensiones que el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir al Congreso Nacional ayer, pero hasta el final de la tarde no lo hizo.
Una de las fuentes de financiamiento proviene del aporte solidario del 1 por ciento aplicado a la diferencia entre el total ganado y los 11.560 bolivianos mensuales (equivalente a 20 salarios mínimos nacionales).
Por ejemplo, si una persona tiene un salario de 15.000 bolivianos mensuales, se le restan los 11.560, que son la base del cálculo, y le quedan 3.350 bolivianos. Sobre este último monto se le descontará un 1 por ciento, es decir, 34,4 bolivianos, y eso es lo que debe aportar.
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, informó a La Prensa que en este grupo están comprendidas unas 7.000 personas que serán las que inicialmente contribuirán al Fondo.
Calculó además que se sumarán 2.000 personas con sueldos por encima de 34.650 bolivianos que ya aportan el 10 por ciento. Por ejemplo, a los que ganan 40.000 bolivianos se les resta 34.650 bolivianos (60 salarios mínimos) y les queda 5.320 bolivianos. Sobre eso se les descuenta el 10 por ciento, es decir, 532 bolivianos al mes.
Entre los asalariados con ese nivel de ingresos están los ejecutivos de las petroleras y mineras. Hasta la fecha, por este concepto se recaudaron dos millones de bolivianos.
Delgadillo dijo que para evitar que estas personas subcoticen o declaren menos de lo que ganan se cruzará información con Impuestos Nacionales.
De aprobarse el proyecto de ley, el descuento se lo hará por planillas en cada una de las compañías del sector privado y público, y los empleadores serán los agentes de retención.
“El Ministerio de Hacienda —aseguró Delgadillo— está trabajando una base de datos y vamos a tener computarizada la cantidad de gente que gana esos niveles salariales”.
Los aportes de los trabajadores que ganan sueldos altos son dos de las cinco fuentes de financiamiento del Fondo Solidario, que beneficiará a los trabajadores más pobres que recibirán rentas pese a que nunca aportaron, como los gremiales, campesinos o artesanos.
La ex intendente de Pensiones Isabel Pantoja dijo que el aporte solidario es positivo. Sin embargo, señaló que en el caso de las personas con ingresos elevados, pueden llegar a declarar menos en sus planillas para liberarse del pago. Por eso, dijo que hubiese sido ideal que se descuente un 0,5 por ciento del Fondo de Capitalización Individual (FCI) porque así el aporte hubiese sido progresivo. Es decir, quienes ganan más, aportan más.
La otra fuente de financiamiento proviene del 20 por ciento de las primas por el riesgo común (accidentes fuera del trabajo) y riesgo profesional (accidentes laborales).
El economista Alberto Bonadona señaló que en este caso existe una malversación porque se le da a estos fondos un uso distinto para el que fueron diseñados en la Ley de Pensiones.
Delgadillo aseguró que la utilización de esos fondos no perjudicará la atención de siniestros porque existen recursos suficientes en reserva y que no fueron utilizados. Agregó que la aprobación de la ley le dará legalidad al uso de ese dinero.
El Fondo Solidario también respaldará el aporte del 1,5 por ciento que harán los empleadores privados y públicos por cada trabajador, adicional al 1,71 por ciento que efectúan para la cobertura del riesgo profesional.
Bonadona aseguró que esta carga adicional será transferida por los empleadores a los trabajadores a través de un menor aumento salarial en los siguientes años.
Casi la mitad de los afiliados a AFP aportan para las rentas
Los datos oficiales de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) señalan que en el país hay más de un millón de afiliados registrados en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Sin embargo, el economista Alberto Bonadona aseguró que quienes aportan regularmente son algo más de 400.000.
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, explicó que una de las causas para que esto suceda es la falta de depósito de los aportes descontados a los trabajadores y que asciende al 12,5 por ciento de su salario. Por eso se ha decidido que la retención indebida de los aportes será penalizada en el marco de la nueva Ley de Pensiones proyectada por el Poder Ejecutivo.
En el Código de Procedimiento Penal se incorporará el “delito previsional” para sancionar la apropiación indebida de los aportes de parte del sector patronal.
La mora al 31 de mayo llega a 327,1 millones de bolivianos, de los cuales 298,3 millones están en fase de recuperación judicial y sólo 28,8 millones, en el ámbito administrativo, es decir, en trámites y reclamo para que las empresas regularicen su situación mediante exhortos.
Según Delgadillo, la otra causa es que los obreros no siempre trabajan regularmente, pero en ese caso en adelante podrán jubilarse con el Fondo Solidario, que beneficiará sobre todo a los que tienen rentas bajas.
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