La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) advirtió ayer que el proyecto de reforma de pensiones de la Central Obrera Boliviana (COB) no garantiza el pago de una renta de vejez a los aportantes actuales y pone en riesgo el Fondo de Capitalización Individual (FCI), además de que generará un gasto adicional de 107.000 millones de bolivianos para el Estado.
La reguladora hizo una evaluación técnica de la propuesta cobista y formuló duras observaciones porque ésta no tiene una sostenibilidad financiera.
El secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, anunció el inicio de una huelga nacional indefinida seguida de un bloqueo de caminos desde el lunes 21 por el rechazo a su proyecto.
La organización matriz de los trabajadores presentó su proyecto al Presidente de la República hace dos semanas y el Gobierno aún analiza su contenido, pero sólo está de acuerdo con la desaparición de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El superintendente Mario Guillén informó que una de las primeras observaciones tiene que ver con el hecho de que los ingresos por contribuciones al sistema están sobrevaluados, y los costos, subestimados.
La COB basa su análisis en el crecimiento de las cotizaciones en 10 por ciento (cuatro puntos por el aumento de cotizantes y seis por el crecimiento del salario en los próximos años).
La reguladora señala que la recaudación incluye a personas mayores de 55 años, que es la edad de jubilación que se propone, con lo cual los ingresos proyectados tienen una sobreestimación del 12 por ciento.
Los datos históricos revelan que la población aportante sólo creció en 3,27 por ciento.
Guillén explicó que el déficit proyectado para pagar hasta al último de los jubilados del anterior sistema de reparto, en 2050, asciende en el tiempo a 32.000 millones de bolivianos.
El proyecto de la COB muestra un déficit inicial de 16.808 millones de bolivianos del que tendrá que hacerse cargo el Estado. Esto para cubrir todas las prestaciones de carácter concesional o no contributivas.
Sin embargo, también se debe considerar el gasto de mantenimiento de valor de las pensiones futuras, la compensación de cotizaciones (reconocimiento de aportes de las personas al sistema de reparto y que se jubilarán en el nuevo sistema) y la pensión mínima vital.
Guillén señaló que los cálculos hechos por la SPVS tomando en cuenta sólo el mantenimiento de valor inducen a creer que los gastos se incrementarían en 107.000 millones de bolivianos. “Nuestro criterio es que el proyecto con los números que ellos han presentado es insostenible”. Eso significa, dijo, que los recursos no alcanzarán para pagar en el futuro a los nuevos jubilados, o sea, quienes en la actualidad aportan al FCI con el objetivo de contar con una renta de vejez.
De esa manera, el Tesoro General de la Nación (TGN) tendría que hacerse cargo de los recursos que falten para honrar las pensiones futuras.
Sin embargo, Guillén también planteó la hipótesis de que, llegado el momento, el Estado se vea obligado a subir la contribución de los trabajadores por encima del 10 por ciento de lo que hoy se les descuenta de sus salarios para la jubilación.
La reguladora también observó las constitución de reservas para el pago de Riesgos Profesionales (accidentes dentro del ámbito laboral) sólo de índole matemática y que no están respaldadas con inversiones.
Estas primas se financian con el aporte patronal de 2 por ciento y se invierten para generar un rendimiento que permita cubrir los accidentes.
Un experto ve riesgos si el Estado administra los aportes
El analista Alberto Bonadona advirtió que con la eventual desaparición de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) propuesta por el proyecto de reforma de pensiones de la Central Obrera Boliviana (COB), la administración de los aportes para la jubilación estará sujeta a un manejo discrecional.
El Gobierno respaldó la decisión de dejar al margen del manejo de los aportes de vejez a las AFP que operan en el país desde hace 11 años, cuando entró en vigencia el Fondo de Capitalización Individual (FCI).
El ministro de Hacienda, Luis Arce, señaló que el Poder Ejecutivo apuesta por un manejo estatal a través de un sistema integrado que también se haría cargo de la Renta Dignidad y renta mínima de vejez.
Para Bonadona, el mayor riesgo de la nueva figura que se pretende implementar es que los recursos de los trabajadores se usen en fines que no sean el ahorro para jubilación.
Señaló que si por alguna razón el Estado tiene problemas de liquidez o un déficit fiscal alto, podría echar mano de los fondos. Esto sucede, dijo, no sólo en Bolivia, sino en otros países.
Las AFP administran estos recursos y los invierten en el mercado de valores en la compra de bonos, acciones y otros papeles para mejorar la rentabilidad de los aportes de los trabajadores,
Agregó que, si bien el Gobierno se compromete a respetar el Fondo de Capitalización Individual (FCI), no está claro cómo lo hará, con lo cual se pone en riesgo la jubilación de los actuales trabajadores aportantes.
Esto porque ahora se piensa en generar un sistema semicontributivo con la pensión mínima en favor de las personas que nunca aportaron, como las empleadas domésticas.
Según Bonadona, este esquema corre el riesgo de convertirse en una competencia del FCI porque la gente puede llegar a preferir jubilarse antes.
La reguladora hizo una evaluación técnica de la propuesta cobista y formuló duras observaciones porque ésta no tiene una sostenibilidad financiera.
El secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, anunció el inicio de una huelga nacional indefinida seguida de un bloqueo de caminos desde el lunes 21 por el rechazo a su proyecto.
La organización matriz de los trabajadores presentó su proyecto al Presidente de la República hace dos semanas y el Gobierno aún analiza su contenido, pero sólo está de acuerdo con la desaparición de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El superintendente Mario Guillén informó que una de las primeras observaciones tiene que ver con el hecho de que los ingresos por contribuciones al sistema están sobrevaluados, y los costos, subestimados.
La COB basa su análisis en el crecimiento de las cotizaciones en 10 por ciento (cuatro puntos por el aumento de cotizantes y seis por el crecimiento del salario en los próximos años).
La reguladora señala que la recaudación incluye a personas mayores de 55 años, que es la edad de jubilación que se propone, con lo cual los ingresos proyectados tienen una sobreestimación del 12 por ciento.
Los datos históricos revelan que la población aportante sólo creció en 3,27 por ciento.
Guillén explicó que el déficit proyectado para pagar hasta al último de los jubilados del anterior sistema de reparto, en 2050, asciende en el tiempo a 32.000 millones de bolivianos.
El proyecto de la COB muestra un déficit inicial de 16.808 millones de bolivianos del que tendrá que hacerse cargo el Estado. Esto para cubrir todas las prestaciones de carácter concesional o no contributivas.
Sin embargo, también se debe considerar el gasto de mantenimiento de valor de las pensiones futuras, la compensación de cotizaciones (reconocimiento de aportes de las personas al sistema de reparto y que se jubilarán en el nuevo sistema) y la pensión mínima vital.
Guillén señaló que los cálculos hechos por la SPVS tomando en cuenta sólo el mantenimiento de valor inducen a creer que los gastos se incrementarían en 107.000 millones de bolivianos. “Nuestro criterio es que el proyecto con los números que ellos han presentado es insostenible”. Eso significa, dijo, que los recursos no alcanzarán para pagar en el futuro a los nuevos jubilados, o sea, quienes en la actualidad aportan al FCI con el objetivo de contar con una renta de vejez.
De esa manera, el Tesoro General de la Nación (TGN) tendría que hacerse cargo de los recursos que falten para honrar las pensiones futuras.
Sin embargo, Guillén también planteó la hipótesis de que, llegado el momento, el Estado se vea obligado a subir la contribución de los trabajadores por encima del 10 por ciento de lo que hoy se les descuenta de sus salarios para la jubilación.
La reguladora también observó las constitución de reservas para el pago de Riesgos Profesionales (accidentes dentro del ámbito laboral) sólo de índole matemática y que no están respaldadas con inversiones.
Estas primas se financian con el aporte patronal de 2 por ciento y se invierten para generar un rendimiento que permita cubrir los accidentes.
Un experto ve riesgos si el Estado administra los aportes
El analista Alberto Bonadona advirtió que con la eventual desaparición de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) propuesta por el proyecto de reforma de pensiones de la Central Obrera Boliviana (COB), la administración de los aportes para la jubilación estará sujeta a un manejo discrecional.
El Gobierno respaldó la decisión de dejar al margen del manejo de los aportes de vejez a las AFP que operan en el país desde hace 11 años, cuando entró en vigencia el Fondo de Capitalización Individual (FCI).
El ministro de Hacienda, Luis Arce, señaló que el Poder Ejecutivo apuesta por un manejo estatal a través de un sistema integrado que también se haría cargo de la Renta Dignidad y renta mínima de vejez.
Para Bonadona, el mayor riesgo de la nueva figura que se pretende implementar es que los recursos de los trabajadores se usen en fines que no sean el ahorro para jubilación.
Señaló que si por alguna razón el Estado tiene problemas de liquidez o un déficit fiscal alto, podría echar mano de los fondos. Esto sucede, dijo, no sólo en Bolivia, sino en otros países.
Las AFP administran estos recursos y los invierten en el mercado de valores en la compra de bonos, acciones y otros papeles para mejorar la rentabilidad de los aportes de los trabajadores,
Agregó que, si bien el Gobierno se compromete a respetar el Fondo de Capitalización Individual (FCI), no está claro cómo lo hará, con lo cual se pone en riesgo la jubilación de los actuales trabajadores aportantes.
Esto porque ahora se piensa en generar un sistema semicontributivo con la pensión mínima en favor de las personas que nunca aportaron, como las empleadas domésticas.
Según Bonadona, este esquema corre el riesgo de convertirse en una competencia del FCI porque la gente puede llegar a preferir jubilarse antes.
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