Los 1,1 millones de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pueden apelar a la justicia, a través de un amparo constitucional, para evitar la confiscación de sus aportes individuales. Mientras el Gobierno dejó abierta la posibilidad de negociar con la Central Obrera Boliviana (COB) su propuesta de reforma de pensiones antes de remitirla al Congreso.
Fernando Cuéllar, presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, señaló que se puede presentar un recurso de amparo constitucional cuando se atenta contra un derecho, pese a que no se aprobó todavía la reforma de pensiones. “Cuando se plantea un amparo existe la calidad de cosa vinculante, es decir, que vale para todos los interesados y puede presentarse ante la Corte Superior de Distrito o un juez en las provincias y, si procede, se puede frenar la confiscación”, reveló.
A su vez, el abogado constitucionalista Jorge Asbún dijo que los aportantes tienen derecho a la jubilación y el amparo puede ser la vía para detener la confiscación de los recursos que materialice el Poder Ejecutivo, pero la devolución de aportes dependerá de la relación del ciudadano con las AFP.
Por su parte, José Ernesto Aponte, vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, precisó que se puede presentar un amparo ante la Corte Superior de Distrito en el marco del artículo 19 de la Constitución Política del Estado. “Es procedente cuando son violados los derechos de las personas. Son ahorros individuales y el Estado debe ver la forma de garantizarlos”, reveló.
Acerca del número de personas para presentar un amparo, dijo que una sola basta para hacerlo.
Al respecto, el viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, aseguró que el cambio de los administradores en el actual sistema de pensiones no afectará al fondo de capitalización individual. “Se prevé mantener el pago anual de $us 1,5 millones para la administración de los aportes”, sostuvo.
Fuentes del Gobierno indicaron que hoy presentarían su proyecto de pensiones al Congreso.
Mientras, el experto en pensiones Alberto Bonadona dijo que según el Gobierno no habrá confiscación, pero el patrimonio autónomo va a pasar a la entidad pública.
Las alternativas que quedan, según Bonadona, son que uno pueda decir si quiere aportar en la entidad pública o, caso contrario, que le devuelvan el dinero de su cuenta individual. “El Gobierno tiene un proyecto descabellado y cree que tendrá más apoyo político, pero tendrá un efecto contrario”, aseveró.
Para la ex gerente de la AFP Futuro de Bolivia Kathia Vaca Díez, se debería hacer una denuncia internacional y que cambiar la administración de cajas de ahorro con nombre y apellido sobrepasa los límites. “El Estado adeuda el 70% de los recursos de los aportantes, entonces ¿cómo puede ser que el principal deudor sea el que administre?”, cuestionó.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Luis Urquizo, manifestó que su sector se opone a la modificación de la Ley de Pensiones. “Nos preocupa que los ahorros de los trabajadores sean manejados por el Estado, que está demostrado históricamente que es un mal administrador”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Cainco, Eduardo Paz, acusó al Gobierno de intentar monopolizar y confiscar el ahorro de más de un millón de bolivianos a través de su proyecto de ley de reforma de pensiones.
Hoy habrá una reunión entre el Gobierno y la COB en el centro minero de Huanuni para analizar el proyecto de nueva Ley de Pensiones que presentará el Ejecutivo como una alternativa al documento de los trabajadores.
Los jubilados se oponen a la nueva ley
Un grupo de jubilados del nuevo sistema de reparto protestaron ayer contra la nueva Ley de Pensiones que la Central Obrera Boliviana (COB) propuso al Gobierno. Más de 50 rentistas llegaron hasta el Viceministerio de Pensiones para hacer su reclamo y fueron cercados por un grupo de policías.
El secretario ejecutivo de la Federación Departamental Mixta de Jubilados Rentistas del Nuevo Sistema de Seguro Social Obligatorio, Juan Urquizo, indicó que con esa nueva norma se van a desfalcar los fondos de las cuentas individuales de los trabajadores. “No estamos de acuerdo con que los recursos de los aportes individuales de los trabajadores sean transferidos al Estado para que se haga cargo de su administración”, precisó el dirigente.
En Santa Cruz, la dirigente de la Asociación de Aportantes, Sara Moreira, dio una conferencia de prensa en la que solicitó al Gobierno intervenir en el tratamiento de la reforma. “Nosotros vamos a luchar por nuestros aportes, porque conocemos de sobra lo que ha pasado cuando el Estado se hace cargo”, enfatizó.
David Villarreal, dirigente de la Asociación de Aportantes, dijo que elaboran una propuesta que consiste en mantener el FIC en manos privadas e instaurar el sistema solidario estatal.
El trámite
1.- El aportante a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberá buscar el asesoramiento de un abogado para presentar el amparo constitucional, respaldado en el artículo 19 de la CPE.
2.- Artículo 19: el recurso de amparo se presenta contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de las personas.
3.- El amparo se presenta ante las cortes superiores en las capitales de departamento o ante los jueces en las provincias.
4.- El recurso de amparo cuesta menos de Bs 100; aparte se paga al abogado de acuerdo al arancel. La Corte de Distrito tiene 24 horas para recibir el amparo y luego de notificar a las partes tiene la obligación de señalar audiencia en 48 horas.
Fernando Cuéllar, presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, señaló que se puede presentar un recurso de amparo constitucional cuando se atenta contra un derecho, pese a que no se aprobó todavía la reforma de pensiones. “Cuando se plantea un amparo existe la calidad de cosa vinculante, es decir, que vale para todos los interesados y puede presentarse ante la Corte Superior de Distrito o un juez en las provincias y, si procede, se puede frenar la confiscación”, reveló.
A su vez, el abogado constitucionalista Jorge Asbún dijo que los aportantes tienen derecho a la jubilación y el amparo puede ser la vía para detener la confiscación de los recursos que materialice el Poder Ejecutivo, pero la devolución de aportes dependerá de la relación del ciudadano con las AFP.
Por su parte, José Ernesto Aponte, vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, precisó que se puede presentar un amparo ante la Corte Superior de Distrito en el marco del artículo 19 de la Constitución Política del Estado. “Es procedente cuando son violados los derechos de las personas. Son ahorros individuales y el Estado debe ver la forma de garantizarlos”, reveló.
Acerca del número de personas para presentar un amparo, dijo que una sola basta para hacerlo.
Al respecto, el viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, aseguró que el cambio de los administradores en el actual sistema de pensiones no afectará al fondo de capitalización individual. “Se prevé mantener el pago anual de $us 1,5 millones para la administración de los aportes”, sostuvo.
Fuentes del Gobierno indicaron que hoy presentarían su proyecto de pensiones al Congreso.
Mientras, el experto en pensiones Alberto Bonadona dijo que según el Gobierno no habrá confiscación, pero el patrimonio autónomo va a pasar a la entidad pública.
Las alternativas que quedan, según Bonadona, son que uno pueda decir si quiere aportar en la entidad pública o, caso contrario, que le devuelvan el dinero de su cuenta individual. “El Gobierno tiene un proyecto descabellado y cree que tendrá más apoyo político, pero tendrá un efecto contrario”, aseveró.
Para la ex gerente de la AFP Futuro de Bolivia Kathia Vaca Díez, se debería hacer una denuncia internacional y que cambiar la administración de cajas de ahorro con nombre y apellido sobrepasa los límites. “El Estado adeuda el 70% de los recursos de los aportantes, entonces ¿cómo puede ser que el principal deudor sea el que administre?”, cuestionó.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Luis Urquizo, manifestó que su sector se opone a la modificación de la Ley de Pensiones. “Nos preocupa que los ahorros de los trabajadores sean manejados por el Estado, que está demostrado históricamente que es un mal administrador”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Cainco, Eduardo Paz, acusó al Gobierno de intentar monopolizar y confiscar el ahorro de más de un millón de bolivianos a través de su proyecto de ley de reforma de pensiones.
Hoy habrá una reunión entre el Gobierno y la COB en el centro minero de Huanuni para analizar el proyecto de nueva Ley de Pensiones que presentará el Ejecutivo como una alternativa al documento de los trabajadores.
Los jubilados se oponen a la nueva ley
Un grupo de jubilados del nuevo sistema de reparto protestaron ayer contra la nueva Ley de Pensiones que la Central Obrera Boliviana (COB) propuso al Gobierno. Más de 50 rentistas llegaron hasta el Viceministerio de Pensiones para hacer su reclamo y fueron cercados por un grupo de policías.
El secretario ejecutivo de la Federación Departamental Mixta de Jubilados Rentistas del Nuevo Sistema de Seguro Social Obligatorio, Juan Urquizo, indicó que con esa nueva norma se van a desfalcar los fondos de las cuentas individuales de los trabajadores. “No estamos de acuerdo con que los recursos de los aportes individuales de los trabajadores sean transferidos al Estado para que se haga cargo de su administración”, precisó el dirigente.
En Santa Cruz, la dirigente de la Asociación de Aportantes, Sara Moreira, dio una conferencia de prensa en la que solicitó al Gobierno intervenir en el tratamiento de la reforma. “Nosotros vamos a luchar por nuestros aportes, porque conocemos de sobra lo que ha pasado cuando el Estado se hace cargo”, enfatizó.
David Villarreal, dirigente de la Asociación de Aportantes, dijo que elaboran una propuesta que consiste en mantener el FIC en manos privadas e instaurar el sistema solidario estatal.
El trámite
1.- El aportante a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberá buscar el asesoramiento de un abogado para presentar el amparo constitucional, respaldado en el artículo 19 de la CPE.
2.- Artículo 19: el recurso de amparo se presenta contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de las personas.
3.- El amparo se presenta ante las cortes superiores en las capitales de departamento o ante los jueces en las provincias.
4.- El recurso de amparo cuesta menos de Bs 100; aparte se paga al abogado de acuerdo al arancel. La Corte de Distrito tiene 24 horas para recibir el amparo y luego de notificar a las partes tiene la obligación de señalar audiencia en 48 horas.
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