El Gobierno está trabajando en una normativa que le permita aprobar la nueva Ley de Pensiones y así apartar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para dar paso, en su lugar, a la estatal Administradora Nacional de Pensiones.
José Luis Pérez, viceministro de Pensiones, reveló que el miércoles pasado recibieron el estudio técnico que elaboró la Central Obrera Boliviana (COB) sobre el proyecto de ley presentado en agosto del año pasado.
El viceministro indicó que el estudio debe respaldar la sostenibilidad financiera del proyecto, y que será revisado por los ministerios de Hacienda, de Trabajo y el de Planificación. “La próxima semana se elevará un informe al presidente de la República, Evo Morales. Lo que queremos verificar es que sea sostenible y que tenga la solvencia necesaria”, explicó.
Consultado sobre la susceptibilidad que genera en los aportantes la administración estatal, Pérez afirmó que se contempla la fiscalización para evitar la corrupción.
Por su parte el director nacional jurídico de Trabajo, Javier Viscarra, sostuvo que la Dirección del Trabajo está elaborando una propuesta alternativa a la presentada por la COB, en la que se consideran varios elementos de tal proyecto de ley.
En los últimos meses, 40 organizaciones sindicales, según Sósimo Paniagua, ejecutivo de la COB, han dado a conocer al Gobierno su interés por el retorno al sistema de reparto antiguo, para que sea el Estado, en vez de las AFP, el que maneje los recursos destinados al pago de rentas, debido a que consideran que el actual sistema no les garantiza una jubilación digna.
El gerente de la AFP Futuro, Julio Vargas, destacó que la reforma surge porque los maestros tienen un problema que no se arregla retornando al sistema antiguo. “Ellos tienen gran cantidad de aportes, pero con sueldos muy bajos, por lo que no acumulan suficiente dinero para jubilarse”, dijo.
El gerente de la AFP Futuro recordó que ofrecieron técnicos para ejecutar cambios a la ley, pero no los tomaron en cuenta. “Creo que toda reforma tiene que tomar en cuenta tanto el aspecto técnico como el social”, aseguró.
El analista Rodolfo Eróstegui considera que la motivación de las organizaciones sindicales está enmarcada en su lucha contra las reformas que efectivizó el ex dignatario Gonzalo Sánchez de Lozada. “De ser así, lo que presenciaremos como reforma de pensiones será un acto político y no un proceso de cambio”.
El economista Gonzalo Chávez precisó que la propuesta de la COB lleva de vuelta al sistema solidario, por lo que tiene dos cuestionamientos: la edad de jubilación que baja de 65 a 55 años y la creación de un fondo único, centralizando en manos del Estado los fondos de Capitalización Individual (FCI) y de Capitalización Colectiva (FCC), por lo que habrá que ver si las cuentas individuales continuarán. “Debe iniciarse un debate con públicos y privados, porque hay consenso de que el sistema de pensiones ganó en eficiencia, pero perdió en solidaridad”, dijo.
Advierten que es un sistema fracasado
Los empresarios no están de acuerdo con el retorno al sistema antiguo de pensiones, es decir, a la administración estatal, pero consideran que debe haber un debate nacional para mejorar el modelo actual.
Daniel Velasco, gerente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo, señaló que aceptar la propuesta de la COB sería volver a un sistema fracasado que demostró no funcionar y generó muchas pérdidas al Estado. “Asimismo, es la confiscación de ahorro de muchos trabajadores (1,1 millones) que aportan al nuevo sistema. No creo que se haya perdido la solidaridad porque toda la gente tiene los mismos beneficios, lo que sí creo es que se debe hacer un debate nacional para mejorar”.
Para Alberto Bonadona, ex director del Servicio Nacional de Sistema de Reparto (Senasir), el esquema planteado por la COB sólo generará mayor déficit y pondrá en riesgo los recursos de los trabajadores, porque el Estado podría no tener la capacidad de honrar la plata utilizada de las contribuciones. “Además, se deben jubilar luego de 20 años, no de 15 como sucede ahora”.
Proyecto de ley
* Las reservas constituidas en el Fondo de Capitalización Individual, que administran las AFP, serán transferidas a la Administradora Nacional de Pensiones al igual que las acciones del Estado en las capitalizadas (Fondo de Capitalización Colectiva).
* Los patrimonios del Senasir y del Senape se transferirán a la Administradora de Pensiones. Asimismo, el patrimonio de la Superintendencia de Pensiones pasa a la nueva Tesorería General de la Seguridad Social.
* Se crea un aporte estatal para contribuir al componente concesional de las pensiones y se asigna hasta el 5% del total de los ingresos recaudados para gastos administrativos.
* El titular de la Administradora Nacional de Pensiones será designado por la Presidencia de la República.
* El directorio estará constituido por seis miembros, cuatro de ellos representantes laborales.
* No se pueden retirar los aportes de las AFP, porque es confiscatorio, según Alberto Bonadona.
José Luis Pérez, viceministro de Pensiones, reveló que el miércoles pasado recibieron el estudio técnico que elaboró la Central Obrera Boliviana (COB) sobre el proyecto de ley presentado en agosto del año pasado.
El viceministro indicó que el estudio debe respaldar la sostenibilidad financiera del proyecto, y que será revisado por los ministerios de Hacienda, de Trabajo y el de Planificación. “La próxima semana se elevará un informe al presidente de la República, Evo Morales. Lo que queremos verificar es que sea sostenible y que tenga la solvencia necesaria”, explicó.
Consultado sobre la susceptibilidad que genera en los aportantes la administración estatal, Pérez afirmó que se contempla la fiscalización para evitar la corrupción.
Por su parte el director nacional jurídico de Trabajo, Javier Viscarra, sostuvo que la Dirección del Trabajo está elaborando una propuesta alternativa a la presentada por la COB, en la que se consideran varios elementos de tal proyecto de ley.
En los últimos meses, 40 organizaciones sindicales, según Sósimo Paniagua, ejecutivo de la COB, han dado a conocer al Gobierno su interés por el retorno al sistema de reparto antiguo, para que sea el Estado, en vez de las AFP, el que maneje los recursos destinados al pago de rentas, debido a que consideran que el actual sistema no les garantiza una jubilación digna.
El gerente de la AFP Futuro, Julio Vargas, destacó que la reforma surge porque los maestros tienen un problema que no se arregla retornando al sistema antiguo. “Ellos tienen gran cantidad de aportes, pero con sueldos muy bajos, por lo que no acumulan suficiente dinero para jubilarse”, dijo.
El gerente de la AFP Futuro recordó que ofrecieron técnicos para ejecutar cambios a la ley, pero no los tomaron en cuenta. “Creo que toda reforma tiene que tomar en cuenta tanto el aspecto técnico como el social”, aseguró.
El analista Rodolfo Eróstegui considera que la motivación de las organizaciones sindicales está enmarcada en su lucha contra las reformas que efectivizó el ex dignatario Gonzalo Sánchez de Lozada. “De ser así, lo que presenciaremos como reforma de pensiones será un acto político y no un proceso de cambio”.
El economista Gonzalo Chávez precisó que la propuesta de la COB lleva de vuelta al sistema solidario, por lo que tiene dos cuestionamientos: la edad de jubilación que baja de 65 a 55 años y la creación de un fondo único, centralizando en manos del Estado los fondos de Capitalización Individual (FCI) y de Capitalización Colectiva (FCC), por lo que habrá que ver si las cuentas individuales continuarán. “Debe iniciarse un debate con públicos y privados, porque hay consenso de que el sistema de pensiones ganó en eficiencia, pero perdió en solidaridad”, dijo.
Advierten que es un sistema fracasado
Los empresarios no están de acuerdo con el retorno al sistema antiguo de pensiones, es decir, a la administración estatal, pero consideran que debe haber un debate nacional para mejorar el modelo actual.
Daniel Velasco, gerente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo, señaló que aceptar la propuesta de la COB sería volver a un sistema fracasado que demostró no funcionar y generó muchas pérdidas al Estado. “Asimismo, es la confiscación de ahorro de muchos trabajadores (1,1 millones) que aportan al nuevo sistema. No creo que se haya perdido la solidaridad porque toda la gente tiene los mismos beneficios, lo que sí creo es que se debe hacer un debate nacional para mejorar”.
Para Alberto Bonadona, ex director del Servicio Nacional de Sistema de Reparto (Senasir), el esquema planteado por la COB sólo generará mayor déficit y pondrá en riesgo los recursos de los trabajadores, porque el Estado podría no tener la capacidad de honrar la plata utilizada de las contribuciones. “Además, se deben jubilar luego de 20 años, no de 15 como sucede ahora”.
Proyecto de ley
* Las reservas constituidas en el Fondo de Capitalización Individual, que administran las AFP, serán transferidas a la Administradora Nacional de Pensiones al igual que las acciones del Estado en las capitalizadas (Fondo de Capitalización Colectiva).
* Los patrimonios del Senasir y del Senape se transferirán a la Administradora de Pensiones. Asimismo, el patrimonio de la Superintendencia de Pensiones pasa a la nueva Tesorería General de la Seguridad Social.
* Se crea un aporte estatal para contribuir al componente concesional de las pensiones y se asigna hasta el 5% del total de los ingresos recaudados para gastos administrativos.
* El titular de la Administradora Nacional de Pensiones será designado por la Presidencia de la República.
* El directorio estará constituido por seis miembros, cuatro de ellos representantes laborales.
* No se pueden retirar los aportes de las AFP, porque es confiscatorio, según Alberto Bonadona.
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