El Ministerio de Hacienda aseguró que de acuerdo al contrato con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), éstas están “amarradas de por vida” al Estado boliviano, por lo cual aseguró que es imprescindible la modificación de la Ley de Pensiones para cambiar las reglas de juego.
Además abrió la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades contra ex autoridades del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quienes suscribieron el acuerdo con carácter indefinido, situación que, dijo, en ningún ámbito se da.
En una entrevista con Radio Patria Nueva, el domingo, el ministro de Hacienda, Luis Arce , hizo conocer esa posición. El país está “eternamente amarrado con las AFP". "No lo concebimos. Eso ameritaría un juicio de responsabilidades desde mi punto de vista. ¿Por qué el Estado tiene que firmar un contrato qué no tiene una fecha de finalización con un ente gestor privado? Eso hay que romperlo y lo vamos hacer con la nueva Ley de Pensiones. Tenemos que romper ese cordón umbilical con las AFP".
El primero en advertir esa situación fue el presidente de la Futuro, Gonzalo Bedoya, quien señaló la semana pasada que contrato con el Estado “es indefinido e inembargable”.
A partir de mayo de 1997, las Administradoras de Fondos de Pensiones Previsión, del grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y Futuro de Bolivia, de Zurich Financial Services, comenzaron a operar en el país. Desde entonces, hacen de custodios de las cotizaciones de los afiliados. Hasta el 2008 captaron 3.300 millones de dólares por concepto de aportes del 48 por ciento de un total de 1,1 millones de afiliados a nivel nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los jubilados en el seguro social obligatorio el 2007 llegaron a 12.894 personas y en 2006, 8.748.
Ayer, se buscó la posición de ambas AFP, pero ninguna se pronunció al respecto.
El abogado laboralista Javier Ferreira consideró que las AFP tienen el derecho de recurrir a tribunales internacionales, tras el cambio de las reglas en el sistema de pensiones.
"Ellos pueden recurrir, pero no tendrían la oportunidad de ganar, es más, el Estado tendría la potestad de poder disolver el contrato por incumplimiento de parte de las AFP".
Ferreira aseguró que las administradoras de fondos de pensiones tendrían todas las de perder porque incumplieron en temas fundamentales como las condiciones de crecimiento del universo de jubilaciones. Según sus datos, sólo se jubilaron 20.00 personas en 11 años), las comisiones sobre accidentes de trabajo, asignaciones familiares y sobre la cuota mortoria que comenzaron a pagar hace año pasado después de más de una década de actividad.
El especialista laboral consideró que las reglas de juego cambiarán porque, tras la aprobación de la nueva Ley de Pensiones.
La semana pasada, el Gobierno planteó la modificación de la norma sectorial con el fin de que el Estado, a través de una entidad Gestora, pueda administrar los aportes de jubilación.
Arce señaló que si el debate en el Congreso así lo amerita "habrá otro gestor privado, pero no serán estas AFP que han firmado estos contratos leoninos amarrándose eternamente para la administración de los fondos de pensiones de los bolivianos".
Sin embargo, Alberto Bonadona dijo que si el Gobierno quiere deshacerse de las AFP, debería convocar a una licitación tras la aprobación de la nueva Ley.
“Para que las AFP salgan tendrían que hacer una licitación internacional para que puedan hacerse cargo de la misma forma que se hicieron cargo las dos AFP que tenemos ahora. Da la impresión que es un contrato eterno, pero no existe tal cosa , el único contrato eterno que tenemos es con la muerte. Entonces que se saque una nueva convocatoria y el que gane a un precio más bajo de la comisión podría quedarse".
Bolsa dice que AFP canalizaron $us 1.500 a la producción
La Bolsa Boliviana de Valores S.A. aseguró que los “Fondos de Pensiones se constituyen como la Única Fuente de Ahorro privado nacional de largo plazo”, que —a través del mercado de capitales— financian los proyectos productivos bolivianos “en condiciones ventajosas y sin necesidad de acudir a fuentes de financiamiento externas”.
“El mercado de capitales —dice un comunicado de la entidad— ha canalizado de forma transparente y eficiente el ahorro de los bolivianos contribuyendo al desarrollo productivo del país, financiando cerca de 1.500 millones de dólares a rubros como hidrocarburos (414 millones); electricidad (315 millones); industrial (302 millones); financiero (164 millones); minería (157 millones) y servicios (103 millones).
Según el documento, la Bolsa hizo conocer también que actualmente, el ahorro de los bolivianos para su jubilación representa más del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “Hasta el primer semestre de este año, a través del mercado de capitales el sector privado se ha financiado con aproximadamente 200 millones de dolares y se encuentran en proceso la canalización de recursos para la inversión privada aproximadamente 500 millones”.
Dudan de la administradora estatal
La Bolsa de Valores expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de crear una entidad estatal que administre los aportes de los trabajadores en lugar de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“Nuestra preocupación ante la decisión gubernamental de reformar la Ley de Pensiones es que pueda afectarse los fundamentos de transparencia y eficiencia. Al ser el Estado el mayor deudor de los fondos de pensiones, sería incompatible que sea el propio Estado el único que administre el ahorro de los trabajadores”.
A la fecha, el Estado tiene deudas con las AFP por 2.668 millones de dólares.
Policía irrumpe bloqueos, hay detenidos
Un masivo contingente policial intervino ayer por la fuerza los seis puntos de bloqueo de carreteras que iniciaron los trabajadores de la Central Obrera Boliviana (COB). Según la entidad, del hecho se detuvo al menos a 10 personas.
Según el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, se registraron seis bloqueos que fueron despejados en el transcurso de la jornada.
El primero estaba ubicado en la localidad de Mecapalca, en la carretera Oruro-Cochabamba; el segundo en Caracollo, entre La Paz- Oruro, donde había tres, y otro en la zona de Apacheta.
Al final de la tarde se reportó la instalación de otra manifestación en la zona de Cañadón Antequera, camino Oruro-Potosí.
Gamarra señaló un quinto bloqueo que fue instalado en Challapata, donde protestaron los discapacitados. Hasta el cierre de edición, la Policía no intervino esta movilización y el Poder Ejecutivo convocó a los dirigentes al diálogo.
Según la COB, había al menos 10 personas detenidas. El Ministerio de Gobierno no informó cuántos eran, pero aseguró que serán liberadas. El Viceministro y el ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, afirmaron que las protestas tienen fines políticos y sólo buscan frenar el referéndum revocatorio de mandato.
Las agresiones
En radio Fides, Freddy Auza, dirigente de la Central Obrera Departamental de Oruro, denunció que los efectivos policiales maniataron a los manifestantes con las manos atrás y los pusieron boca abajo sobre el asfalto de la carretera La Paz-Oruro, en Caracollo.
El bloqueo fue impulsado por mineros de Colquiri, Amayapampa, Obras Públicas de Oruro, en demanda de que el Gobierno envíe al Parlamento el proyecto de Ley de Pensiones que diseñó la COB, que plantea crear un fondo colectivo común en el que se fusionen los aportes individuales de los trabajadores que ahora están en el Fondo Individual (FCI), entre otros.
En la Apacheta estaban los maestros urbanos de La Paz.
“Hay cualquier cantidad de gases. La Policía está humillando a los trabajadores. Los están poniendo boca abajo”. Así contaba Auza, sin aliento y con la voz entrecortada, mientras corría hasta los cerros para escapar de los efectivos “verde olivo”.
Agregó que alrededor del lugar estaba repleto de policías.
Según Julio Machaca, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), los trabajadores fueron “brutamente reprimidos” por la entidad del orden. Relató que fueron golpeados. “Muchos compañeros hemos sido maltratados. Nos han emboscado y hemos sido detenidos unos 10. Nos han herido de los pies, nos han golpeado al peor estilo de las dictaduras. Nos han cerrado en una maletera de un bus y nos han gasificado. En medio de la confusión se nos han perdido algunos de nuestros celulales y pertenencias y documentos personales. Esto debemos repudiar, ya que el único culpable es el Gobierno de Evo Morales, que ya no parece un hermano, pero aún así, con mucho dolor, vamos a seguir en la lucha, ya consideramos que esto es un maltrato a los derechos humanos”.
En Potosí, el magisterio urbano rural decidió plegarse a las movilizaciones de la COB.
Los dirigentes de Sucre también marcharon ayer por las calles de la ciudad. Cochabamba se sumará hoy a las protestas.
Al congreso
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, pidió nuevamente dialogar con la COB.
Aseguró que el Gobierno ya envió su proyecto de Ley de Pensiones al Congreso.
Por eso, pidió a los dirigentes presionar a esa instancia para acelerar los cambios.
Señaló que ésa es la instancia de debate para plantear ideas de la reforma de pensiones.
Al final del día, el Gobierno recién envió el proyecto de ley al Congreso Nacional.
El viernes, el Ejecutivo se comprometió a mandarlo oficilamente, pero no lo hizo.
La COB pide que Hacienda entrege al Parlamento el plan que esa instancia diseñó.
Además abrió la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades contra ex autoridades del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quienes suscribieron el acuerdo con carácter indefinido, situación que, dijo, en ningún ámbito se da.
En una entrevista con Radio Patria Nueva, el domingo, el ministro de Hacienda, Luis Arce , hizo conocer esa posición. El país está “eternamente amarrado con las AFP". "No lo concebimos. Eso ameritaría un juicio de responsabilidades desde mi punto de vista. ¿Por qué el Estado tiene que firmar un contrato qué no tiene una fecha de finalización con un ente gestor privado? Eso hay que romperlo y lo vamos hacer con la nueva Ley de Pensiones. Tenemos que romper ese cordón umbilical con las AFP".
El primero en advertir esa situación fue el presidente de la Futuro, Gonzalo Bedoya, quien señaló la semana pasada que contrato con el Estado “es indefinido e inembargable”.
A partir de mayo de 1997, las Administradoras de Fondos de Pensiones Previsión, del grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y Futuro de Bolivia, de Zurich Financial Services, comenzaron a operar en el país. Desde entonces, hacen de custodios de las cotizaciones de los afiliados. Hasta el 2008 captaron 3.300 millones de dólares por concepto de aportes del 48 por ciento de un total de 1,1 millones de afiliados a nivel nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los jubilados en el seguro social obligatorio el 2007 llegaron a 12.894 personas y en 2006, 8.748.
Ayer, se buscó la posición de ambas AFP, pero ninguna se pronunció al respecto.
El abogado laboralista Javier Ferreira consideró que las AFP tienen el derecho de recurrir a tribunales internacionales, tras el cambio de las reglas en el sistema de pensiones.
"Ellos pueden recurrir, pero no tendrían la oportunidad de ganar, es más, el Estado tendría la potestad de poder disolver el contrato por incumplimiento de parte de las AFP".
Ferreira aseguró que las administradoras de fondos de pensiones tendrían todas las de perder porque incumplieron en temas fundamentales como las condiciones de crecimiento del universo de jubilaciones. Según sus datos, sólo se jubilaron 20.00 personas en 11 años), las comisiones sobre accidentes de trabajo, asignaciones familiares y sobre la cuota mortoria que comenzaron a pagar hace año pasado después de más de una década de actividad.
El especialista laboral consideró que las reglas de juego cambiarán porque, tras la aprobación de la nueva Ley de Pensiones.
La semana pasada, el Gobierno planteó la modificación de la norma sectorial con el fin de que el Estado, a través de una entidad Gestora, pueda administrar los aportes de jubilación.
Arce señaló que si el debate en el Congreso así lo amerita "habrá otro gestor privado, pero no serán estas AFP que han firmado estos contratos leoninos amarrándose eternamente para la administración de los fondos de pensiones de los bolivianos".
Sin embargo, Alberto Bonadona dijo que si el Gobierno quiere deshacerse de las AFP, debería convocar a una licitación tras la aprobación de la nueva Ley.
“Para que las AFP salgan tendrían que hacer una licitación internacional para que puedan hacerse cargo de la misma forma que se hicieron cargo las dos AFP que tenemos ahora. Da la impresión que es un contrato eterno, pero no existe tal cosa , el único contrato eterno que tenemos es con la muerte. Entonces que se saque una nueva convocatoria y el que gane a un precio más bajo de la comisión podría quedarse".
Bolsa dice que AFP canalizaron $us 1.500 a la producción
La Bolsa Boliviana de Valores S.A. aseguró que los “Fondos de Pensiones se constituyen como la Única Fuente de Ahorro privado nacional de largo plazo”, que —a través del mercado de capitales— financian los proyectos productivos bolivianos “en condiciones ventajosas y sin necesidad de acudir a fuentes de financiamiento externas”.
“El mercado de capitales —dice un comunicado de la entidad— ha canalizado de forma transparente y eficiente el ahorro de los bolivianos contribuyendo al desarrollo productivo del país, financiando cerca de 1.500 millones de dólares a rubros como hidrocarburos (414 millones); electricidad (315 millones); industrial (302 millones); financiero (164 millones); minería (157 millones) y servicios (103 millones).
Según el documento, la Bolsa hizo conocer también que actualmente, el ahorro de los bolivianos para su jubilación representa más del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “Hasta el primer semestre de este año, a través del mercado de capitales el sector privado se ha financiado con aproximadamente 200 millones de dolares y se encuentran en proceso la canalización de recursos para la inversión privada aproximadamente 500 millones”.
Dudan de la administradora estatal
La Bolsa de Valores expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de crear una entidad estatal que administre los aportes de los trabajadores en lugar de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“Nuestra preocupación ante la decisión gubernamental de reformar la Ley de Pensiones es que pueda afectarse los fundamentos de transparencia y eficiencia. Al ser el Estado el mayor deudor de los fondos de pensiones, sería incompatible que sea el propio Estado el único que administre el ahorro de los trabajadores”.
A la fecha, el Estado tiene deudas con las AFP por 2.668 millones de dólares.
Policía irrumpe bloqueos, hay detenidos
Un masivo contingente policial intervino ayer por la fuerza los seis puntos de bloqueo de carreteras que iniciaron los trabajadores de la Central Obrera Boliviana (COB). Según la entidad, del hecho se detuvo al menos a 10 personas.
Según el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, se registraron seis bloqueos que fueron despejados en el transcurso de la jornada.
El primero estaba ubicado en la localidad de Mecapalca, en la carretera Oruro-Cochabamba; el segundo en Caracollo, entre La Paz- Oruro, donde había tres, y otro en la zona de Apacheta.
Al final de la tarde se reportó la instalación de otra manifestación en la zona de Cañadón Antequera, camino Oruro-Potosí.
Gamarra señaló un quinto bloqueo que fue instalado en Challapata, donde protestaron los discapacitados. Hasta el cierre de edición, la Policía no intervino esta movilización y el Poder Ejecutivo convocó a los dirigentes al diálogo.
Según la COB, había al menos 10 personas detenidas. El Ministerio de Gobierno no informó cuántos eran, pero aseguró que serán liberadas. El Viceministro y el ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, afirmaron que las protestas tienen fines políticos y sólo buscan frenar el referéndum revocatorio de mandato.
Las agresiones
En radio Fides, Freddy Auza, dirigente de la Central Obrera Departamental de Oruro, denunció que los efectivos policiales maniataron a los manifestantes con las manos atrás y los pusieron boca abajo sobre el asfalto de la carretera La Paz-Oruro, en Caracollo.
El bloqueo fue impulsado por mineros de Colquiri, Amayapampa, Obras Públicas de Oruro, en demanda de que el Gobierno envíe al Parlamento el proyecto de Ley de Pensiones que diseñó la COB, que plantea crear un fondo colectivo común en el que se fusionen los aportes individuales de los trabajadores que ahora están en el Fondo Individual (FCI), entre otros.
En la Apacheta estaban los maestros urbanos de La Paz.
“Hay cualquier cantidad de gases. La Policía está humillando a los trabajadores. Los están poniendo boca abajo”. Así contaba Auza, sin aliento y con la voz entrecortada, mientras corría hasta los cerros para escapar de los efectivos “verde olivo”.
Agregó que alrededor del lugar estaba repleto de policías.
Según Julio Machaca, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), los trabajadores fueron “brutamente reprimidos” por la entidad del orden. Relató que fueron golpeados. “Muchos compañeros hemos sido maltratados. Nos han emboscado y hemos sido detenidos unos 10. Nos han herido de los pies, nos han golpeado al peor estilo de las dictaduras. Nos han cerrado en una maletera de un bus y nos han gasificado. En medio de la confusión se nos han perdido algunos de nuestros celulales y pertenencias y documentos personales. Esto debemos repudiar, ya que el único culpable es el Gobierno de Evo Morales, que ya no parece un hermano, pero aún así, con mucho dolor, vamos a seguir en la lucha, ya consideramos que esto es un maltrato a los derechos humanos”.
En Potosí, el magisterio urbano rural decidió plegarse a las movilizaciones de la COB.
Los dirigentes de Sucre también marcharon ayer por las calles de la ciudad. Cochabamba se sumará hoy a las protestas.
Al congreso
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, pidió nuevamente dialogar con la COB.
Aseguró que el Gobierno ya envió su proyecto de Ley de Pensiones al Congreso.
Por eso, pidió a los dirigentes presionar a esa instancia para acelerar los cambios.
Señaló que ésa es la instancia de debate para plantear ideas de la reforma de pensiones.
Al final del día, el Gobierno recién envió el proyecto de ley al Congreso Nacional.
El viernes, el Ejecutivo se comprometió a mandarlo oficilamente, pero no lo hizo.
La COB pide que Hacienda entrege al Parlamento el plan que esa instancia diseñó.
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