El Poder Ejecutivo propone que en la nueva Ley de Pensiones, que crea un Fondo Solidario, los trabajadores independientes se puedan jubilar con sólo diez años de aportes y obtengan a cambio una renta de 400 bolivianos.
El viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, aseguró que con la ley sectorial aprobada en 1996, un ciudadano del campo con 50 años no tiene ninguna posibilidad de jubilarse.
La propuesta gubernamental plantea además flexibilizar el requisito para que los trabajadores que contribuyen al Fondo de Capitalización Individual (FCI) puedan acceder a una renta antes de los 60 años.
La norma vigente indica que eso es factible siempre y cuando el afiliado haya acumulado el suficiente dinero que le garantice una renta igual al 70 por ciento de su salario percibido en los últimos cinco años de vida laboral.
Pérez anunció que este requisito será flexibilizado al 60 por ciento del sueldo, de manera que las personas podrán jubilarse antes de los 60 años si así lo quieren.
Las opciones
El Gobierno impulsará la aprobación en el Congreso de su propio proyecto de Ley de Pensiones, en respuesta a otro planteado por la Central Obrera Boliviana (COB), que fue desechado por ser insostenible financieramente porque aumentará el gasto en 107.000 millones de bolivianos, de acuerdo con los cálculos de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, y además creará una nueva generación “sándwich” de 21.000 personas.
El viceministro Pérez explicó que el proyecto que se enviará al Congreso esta semana establecerá un sistema mixto e integrado de pensiones. Por un lado, el esquema preservará el FCI para las personas cuyo ingreso promedio de los últimos cinco años de trabajo fue de 3.000 bolivianos, y por otro incorpora un Fondo Solidario para quienes perciben un ingreso promedio o por debajo de los 578 bolivianos (ver infografía).
Este segundo esquema se sustentará con el 20 por ciento de las recaudaciones de las primas por Riesgo Común (RC) y Riesgo Profesional (RP), los aportes de la gente que percibe sueldos por encima de 34.000 bolivianos y los de los nuevos afiliados, es decir, campesinos, artesanos, gremiales y pequeños y medianos productores.
Pérez explicó que esas personas con un aporte de diez años, por ejemplo, desde los 50 años, podrán jubilarse a los 60 con un monto aproximado de 400 bolivianos de renta.
Esto con un aporte estimado de 80 bolivianos mensuales hasta acumular las 120 contribuciones.
Agregó que estos aportes se realizarán sobre la base del salario mínimo nacional e incluyen el 10 por ciento de ese monto para la jubilación; el 1,71 por ciento para la cobertura de RC (seguros contra accidentes fuera del trabajo) y un 0,5 por ciento de comisión por administración.
Además de las prestaciones mencionadas, esta persona, a través del Fondo Solidario, podrá beneficiarse del seguro contra accidentes laborales (RP).
Esta prima equivalente al 1,71 por ciento es pagada, en el caso de los trabajadores dependientes, por el dueño de la empresa.
Según Pérez, el Fondo Solidario está pensado para las personas que no han comenzado a aportar y para aquellas que pese a haber cumplido este requisito tienen la perspectiva de recibir una renta muy baja.
Señaló que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen registrados en la actualidad a un millón de afiliados. La mitad de esas personas aporta regularmente, de las cuales 14.000 están en condiciones de jubilarse pero con rentas bajas: de 52 bolivianos con diez años de aportes, 94 bolivianos con 15 años, 215 bolivianos con 25 años o 302 bolivianos con 30 años. A las personas que perciben estos sueldos se las compensará con el Fondo Solidario para que eleven su pensión.
Pérez explicó que el número de afiliados subirá cada año en un número de 2.000.
Para quienes contribuyen al FCI, el nuevo sistema de pensiones garantiza que sus aportes no serán malversados por el Estado para fines distintos.
Habrá tres fuentes de financiamiento
El Fondo Solidario, que incorporará la nueva Ley de Pensiones proyectada por el Poder Ejecutivo, tendrán tres fuentes de financiamiento para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
El viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, explicó que, por un lado, están las recaudaciones por las primas de Riesgo Común (RC) y Riesgo Profesional (RP), que por año ascienden a 20 millones de dólares.
Para cubrir la prima por RC (accidentes fuera del ámbito laboral), el trabajador aporta el 1,71 por ciento de su salario, y el empresario el 1,71 por ciento para RP (accidentes laborales).
La segunda fuente de financiamiento tiene que ver con el descuento del 10 por ciento a los aportantes que ganan por encima de los 34.650 bolivianos, calculados en entre 10.000 y 15.000 personas. Por ejemplo, si alguien percibe 35.000 bolivianos como total ganado, el aporte del 10 por ciento para la pensión mínima se calculará a partir de 350 bolivianos (diferencia entre el salario y el parámetro de 34.650), con lo cual el descuento asciende a 35 bolivianos al mes.
Según Pérez, las recaudaciones por este concepto durante el primer año son poco significativas y ascienden a dos millones de bolivianos, pero tenderán a incrementarse gracias a una mayor fiscalización que ejerza el Estado.
Estas dos fuentes rigen desde la aprobación de la Ley 3785, del 23 de noviembre de 2007, y su reglamento (DS 29423, del 19 de enero de 2008) para pagar la pensión mínima de 566 bolivianos a quienes iban a tener acceso a una renta muy baja.
Sin embargo, el Gobierno considera que los recursos recaudados alcanzarán para beneficiar a las nuevas personas que quieran jubilarse en el futuro.
Pérez recordó que los fondos son suficientes para financiar las rentas de unas 14.000 personas y de las aproximadamente 2.000 que se incorporarán cada año y para las cuales se ofrecerá una serie de incentivos que aún se encuentran en estudio. La tercera fuente de financiamiento la constituyen los aportes de sus salarios que realicen los nuevos contribuyentes.
Pérez adelantó que se analizarán también otras fuentes adicionales con vistas a ampliar el número de ciudadanos y ciudadanas con derecho a la jubilación.
Aportes financiarán área productiva
La entidad estatal que se encargará de administrar los aportes de los trabajadores en el futuro podrá invertir en el sector productivo.
El viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, informó que se hará un uso eficiente de los recursos de modo que se conviertan en un elemento fundamental para la actividad económica del
país; sin embargo, los ahorros también se usarán en la compra de bonos y otros valores en el mercado bursátil.
La nueva Ley de Pensiones que proyecta el Gobierno establece la creación de una entidad pública llamada “Gestora del Seguro Social de Largo Plazo”, que tendrá la independencia y el respeto que posee en la actualidad el Banco Central de Bolivia (BCB).
Esta institución sustituirá a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que quedarán al margen del manejo de los aportes laborales luego de 11 años de operación en el país.
Pérez anunció que la nueva entidad administrará un fondo de más de 3.000 millones de dólares y garantizó la transparencia en su manejo e inversión.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, dijo a la red televisiva ATB que las AFP no cumplieron sus contratos.
La COB y salubristas inician huelga
La Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país, informó ayer que varios sectores afiliados iniciaron una huelga general indefinida para exigir la aprobación de su proyecto de reforma a la ley de pensiones presentado al Ejecutivo.
El secretario general de la COB, Mario López, en declaraciones a Efe, anunció que la medida de presión será ejercida gradualmente y que los primeros sindicatos en sumarse fueron los de Potosí (suroeste), Cochabamba (centro) y Sucre (sur), “inicialmente con marchas masivas”.
“Tenemos lanzada la medida, es el paro general indefinido con bloqueo nacional de caminos, sin descartar la huelga de hambre de los dirigentes nacionales”.
Los trabajadores en salud del departamento de La Paz se plegarán desde hoy al paro indefinido convocado por la COB, que exige al Gobierno la aprobación de la nueva Ley de Pensiones, tras cumplir ayer un paro de 24 horas contra el Gobierno Municipal de La Paz por una demanda diferente.
El dirigente de los trabajadores en salud José Luis Delgado dijo a La Prensa que este sector inició ayer una huelga general indefinida “en estricto cumplimiento de la convocatoria hecha la anterior semana por la COB”.
Cainco critica el monopolio estatal
La Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz (Cainco) acusó ayer al Gobierno de confiscar el ahorro de los trabajadores y de intentar monopolizar el sistema previsional al marginar de la nueva Ley a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El presidente de la entidad, Eduardo Paz, expresó sus dudas sobre la confianza que pueda tener la población cuando el Estado administre los ahorros para su jubilación.
Agregó que si el Gobierno quiere manejar las pensiones, debe competir con las AFP y demostrar que está en condiciones de ofrecer un mejor rendimiento.
La única forma de otorgar mayor solidaridad al sistema es llegar con cobertura a los más de dos millones de bolivianos que hoy carecen de una pensión de jubilación.
Anunció que la Cainco está elaborando una propuesta alternativa a la del Gobierno y de la Central Obrera Boliviana (COB) para mejorar la cobertura del sistema de pensiones.
La anterior semana, la entidad empresarial expresó su preocupación respecto de la propuesta de cambiar el actual esquema, porque considera que eso representará un retroceso a cuando estuvo vigente el sistema de reparto, que ingresó en crisis. Este esquema financiaba las rentas de los jubilados con el aporte de los trabajadores activos. En cambio, con el sistema vigente cada trabajador aporta individualmente.
Más datos
El Poder Ejecutivo desechó el proyecto de pensiones de la Central Obrera Boliviana.
La SPVS señaló que la reforma propuesta pone en riesgo los aportes a las AFP.
La COB, en respuesta, anuncia una movilización general en todo el país.
El Gobierno asegura que su proyecto es universal y no confisca los aportes.
La actual Ley de Pensiones ya fue ajustada con la Ley 3785 y su reglamento.
El viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, aseguró que con la ley sectorial aprobada en 1996, un ciudadano del campo con 50 años no tiene ninguna posibilidad de jubilarse.
La propuesta gubernamental plantea además flexibilizar el requisito para que los trabajadores que contribuyen al Fondo de Capitalización Individual (FCI) puedan acceder a una renta antes de los 60 años.
La norma vigente indica que eso es factible siempre y cuando el afiliado haya acumulado el suficiente dinero que le garantice una renta igual al 70 por ciento de su salario percibido en los últimos cinco años de vida laboral.
Pérez anunció que este requisito será flexibilizado al 60 por ciento del sueldo, de manera que las personas podrán jubilarse antes de los 60 años si así lo quieren.
Las opciones
El Gobierno impulsará la aprobación en el Congreso de su propio proyecto de Ley de Pensiones, en respuesta a otro planteado por la Central Obrera Boliviana (COB), que fue desechado por ser insostenible financieramente porque aumentará el gasto en 107.000 millones de bolivianos, de acuerdo con los cálculos de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, y además creará una nueva generación “sándwich” de 21.000 personas.
El viceministro Pérez explicó que el proyecto que se enviará al Congreso esta semana establecerá un sistema mixto e integrado de pensiones. Por un lado, el esquema preservará el FCI para las personas cuyo ingreso promedio de los últimos cinco años de trabajo fue de 3.000 bolivianos, y por otro incorpora un Fondo Solidario para quienes perciben un ingreso promedio o por debajo de los 578 bolivianos (ver infografía).
Este segundo esquema se sustentará con el 20 por ciento de las recaudaciones de las primas por Riesgo Común (RC) y Riesgo Profesional (RP), los aportes de la gente que percibe sueldos por encima de 34.000 bolivianos y los de los nuevos afiliados, es decir, campesinos, artesanos, gremiales y pequeños y medianos productores.
Pérez explicó que esas personas con un aporte de diez años, por ejemplo, desde los 50 años, podrán jubilarse a los 60 con un monto aproximado de 400 bolivianos de renta.
Esto con un aporte estimado de 80 bolivianos mensuales hasta acumular las 120 contribuciones.
Agregó que estos aportes se realizarán sobre la base del salario mínimo nacional e incluyen el 10 por ciento de ese monto para la jubilación; el 1,71 por ciento para la cobertura de RC (seguros contra accidentes fuera del trabajo) y un 0,5 por ciento de comisión por administración.
Además de las prestaciones mencionadas, esta persona, a través del Fondo Solidario, podrá beneficiarse del seguro contra accidentes laborales (RP).
Esta prima equivalente al 1,71 por ciento es pagada, en el caso de los trabajadores dependientes, por el dueño de la empresa.
Según Pérez, el Fondo Solidario está pensado para las personas que no han comenzado a aportar y para aquellas que pese a haber cumplido este requisito tienen la perspectiva de recibir una renta muy baja.
Señaló que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen registrados en la actualidad a un millón de afiliados. La mitad de esas personas aporta regularmente, de las cuales 14.000 están en condiciones de jubilarse pero con rentas bajas: de 52 bolivianos con diez años de aportes, 94 bolivianos con 15 años, 215 bolivianos con 25 años o 302 bolivianos con 30 años. A las personas que perciben estos sueldos se las compensará con el Fondo Solidario para que eleven su pensión.
Pérez explicó que el número de afiliados subirá cada año en un número de 2.000.
Para quienes contribuyen al FCI, el nuevo sistema de pensiones garantiza que sus aportes no serán malversados por el Estado para fines distintos.
Habrá tres fuentes de financiamiento
El Fondo Solidario, que incorporará la nueva Ley de Pensiones proyectada por el Poder Ejecutivo, tendrán tres fuentes de financiamiento para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
El viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, explicó que, por un lado, están las recaudaciones por las primas de Riesgo Común (RC) y Riesgo Profesional (RP), que por año ascienden a 20 millones de dólares.
Para cubrir la prima por RC (accidentes fuera del ámbito laboral), el trabajador aporta el 1,71 por ciento de su salario, y el empresario el 1,71 por ciento para RP (accidentes laborales).
La segunda fuente de financiamiento tiene que ver con el descuento del 10 por ciento a los aportantes que ganan por encima de los 34.650 bolivianos, calculados en entre 10.000 y 15.000 personas. Por ejemplo, si alguien percibe 35.000 bolivianos como total ganado, el aporte del 10 por ciento para la pensión mínima se calculará a partir de 350 bolivianos (diferencia entre el salario y el parámetro de 34.650), con lo cual el descuento asciende a 35 bolivianos al mes.
Según Pérez, las recaudaciones por este concepto durante el primer año son poco significativas y ascienden a dos millones de bolivianos, pero tenderán a incrementarse gracias a una mayor fiscalización que ejerza el Estado.
Estas dos fuentes rigen desde la aprobación de la Ley 3785, del 23 de noviembre de 2007, y su reglamento (DS 29423, del 19 de enero de 2008) para pagar la pensión mínima de 566 bolivianos a quienes iban a tener acceso a una renta muy baja.
Sin embargo, el Gobierno considera que los recursos recaudados alcanzarán para beneficiar a las nuevas personas que quieran jubilarse en el futuro.
Pérez recordó que los fondos son suficientes para financiar las rentas de unas 14.000 personas y de las aproximadamente 2.000 que se incorporarán cada año y para las cuales se ofrecerá una serie de incentivos que aún se encuentran en estudio. La tercera fuente de financiamiento la constituyen los aportes de sus salarios que realicen los nuevos contribuyentes.
Pérez adelantó que se analizarán también otras fuentes adicionales con vistas a ampliar el número de ciudadanos y ciudadanas con derecho a la jubilación.
Aportes financiarán área productiva
La entidad estatal que se encargará de administrar los aportes de los trabajadores en el futuro podrá invertir en el sector productivo.
El viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, informó que se hará un uso eficiente de los recursos de modo que se conviertan en un elemento fundamental para la actividad económica del
país; sin embargo, los ahorros también se usarán en la compra de bonos y otros valores en el mercado bursátil.
La nueva Ley de Pensiones que proyecta el Gobierno establece la creación de una entidad pública llamada “Gestora del Seguro Social de Largo Plazo”, que tendrá la independencia y el respeto que posee en la actualidad el Banco Central de Bolivia (BCB).
Esta institución sustituirá a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que quedarán al margen del manejo de los aportes laborales luego de 11 años de operación en el país.
Pérez anunció que la nueva entidad administrará un fondo de más de 3.000 millones de dólares y garantizó la transparencia en su manejo e inversión.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, dijo a la red televisiva ATB que las AFP no cumplieron sus contratos.
La COB y salubristas inician huelga
La Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país, informó ayer que varios sectores afiliados iniciaron una huelga general indefinida para exigir la aprobación de su proyecto de reforma a la ley de pensiones presentado al Ejecutivo.
El secretario general de la COB, Mario López, en declaraciones a Efe, anunció que la medida de presión será ejercida gradualmente y que los primeros sindicatos en sumarse fueron los de Potosí (suroeste), Cochabamba (centro) y Sucre (sur), “inicialmente con marchas masivas”.
“Tenemos lanzada la medida, es el paro general indefinido con bloqueo nacional de caminos, sin descartar la huelga de hambre de los dirigentes nacionales”.
Los trabajadores en salud del departamento de La Paz se plegarán desde hoy al paro indefinido convocado por la COB, que exige al Gobierno la aprobación de la nueva Ley de Pensiones, tras cumplir ayer un paro de 24 horas contra el Gobierno Municipal de La Paz por una demanda diferente.
El dirigente de los trabajadores en salud José Luis Delgado dijo a La Prensa que este sector inició ayer una huelga general indefinida “en estricto cumplimiento de la convocatoria hecha la anterior semana por la COB”.
Cainco critica el monopolio estatal
La Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz (Cainco) acusó ayer al Gobierno de confiscar el ahorro de los trabajadores y de intentar monopolizar el sistema previsional al marginar de la nueva Ley a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El presidente de la entidad, Eduardo Paz, expresó sus dudas sobre la confianza que pueda tener la población cuando el Estado administre los ahorros para su jubilación.
Agregó que si el Gobierno quiere manejar las pensiones, debe competir con las AFP y demostrar que está en condiciones de ofrecer un mejor rendimiento.
La única forma de otorgar mayor solidaridad al sistema es llegar con cobertura a los más de dos millones de bolivianos que hoy carecen de una pensión de jubilación.
Anunció que la Cainco está elaborando una propuesta alternativa a la del Gobierno y de la Central Obrera Boliviana (COB) para mejorar la cobertura del sistema de pensiones.
La anterior semana, la entidad empresarial expresó su preocupación respecto de la propuesta de cambiar el actual esquema, porque considera que eso representará un retroceso a cuando estuvo vigente el sistema de reparto, que ingresó en crisis. Este esquema financiaba las rentas de los jubilados con el aporte de los trabajadores activos. En cambio, con el sistema vigente cada trabajador aporta individualmente.
Más datos
El Poder Ejecutivo desechó el proyecto de pensiones de la Central Obrera Boliviana.
La SPVS señaló que la reforma propuesta pone en riesgo los aportes a las AFP.
La COB, en respuesta, anuncia una movilización general en todo el país.
El Gobierno asegura que su proyecto es universal y no confisca los aportes.
La actual Ley de Pensiones ya fue ajustada con la Ley 3785 y su reglamento.
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