El total de la mora, en los ámbitos administrativo y judicial en el seguro social a largo plazo, llega hasta abril pasado a 755 millones de bolivianos, según el reporte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Las 34 mayores deudoras tienen obligaciones por 509 millones de bolivianos, es decir, el 67,4%.
Por ejemplo, el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) tiene una deuda total de 207, 2 millones de bolivianos a ambas AFP; esa empresa dejó de operar.
También hay entidades como la Caja Nacional de Salud (CNS), que adeuda a AFP Previsión 10 millones de bolivianos o entidades públicas como las direcciones departamentales de educación de La Paz y Santa Cruz, con 4,3 y 6,7 millones de bolivianos respectivamente (ver infografía).
El analista económico Alberto Bonadona explicó que esas deudas disminuyen los aportes del empleado y los intereses que este dinero pudo haber generado hasta el momento de la jubilación.
"El interés es más importante, a la larga, que el propio aporte para generar una pensión. Lo que corresponde es que el empleador que no ha pagado deba hacerlo sí o sí. No hay otra alternativa. Si se debe rematar los bienes (de la empresa) o tienen que ir a la cárcel (el propietario), debe procederse así”, dijo.
Aportes
La empresa descuenta un 10% del total ganado a cada trabajador para su cotización mensual. Este dinero pertenece al empleado y no se puede quedar en manos de los empleadores.
Para acceder a una jubilación, una persona debe tener aportes por 30 a 35 años aproximadamente y con ellos obtener una renta que equivalga al 60% de su total ganado. Sin embargo, si la empresa en que trabajó no cumplió, recibirá una menor pensión.
El secretario de Finanzas de la Central Obrera Boliviana, Óscar Tapia, sostuvo que el trabajador que esté a punto de acogerse a la jubilación no podrá hacerlo si la empresa debe aportes a la AFP, porque no calificará.
El segundo problema es que "sólo se les hará el cálculo en base a los aportes que tenga”. Por esta razón, la renta de su jubilación será menor a la que le corresponda. "Los meses y años que la entidad no pagó generan un gran perjuicio al trabajador, como sucede con Ecobol”, declaró el dirigente sindical.
Muchos empleados no pueden jubilarse porque no tienen los aportes suficientes.
"Lamentablemente, las AFP no están cumpliendo las obligaciones que les impone la ley. Ellas son las responsables de no haber cobrado a su debido tiempo”, remarcó Tapia.
Según el dirigente, las AFP deberían seguir procesos judiciales. "Por lo tanto, debe responder y no es posible que se vaya tranquilamente. Al trabajador le descontaron y le retuvieron su salario de cada mes”, subrayó.
El analista Armando Álvarez opinó que las responsables también son las entidades estatales. "El Ministerio del Trabajo, que debería estar velando porque las empresas hagan sus aportes a la seguridad social. Repito:
debemos entender que el aporte a las AFP es parte del salario. Existen falencias básicas en materia laboral en Bolivia que no se toman en cuenta. Alguien tiene que supervisar que las empresas cumplan con el requisito”, dijo.
Bonadona cuestionó la labor de las propias AFP.
"Debían haber colocado un ejercito de abogados para cobrar los aportes. La obligación que tienen es de proteger al empleado. Si no cumple sus obligaciones el trabajador podría hacer un proceso jurídico en el que diga que le paguen a tiempo y, si no cumple sus obligaciones, es la entidad la que le adeuda”, dijo.
Gestora
El Gobierno decidió dejar a un lado a las AFP y crear la Gestora Pública para que administre los fondos de jubilación de todos los trabajadores.
La entidad se encargará de cobrar las deudas a las empresas por la vía administrativa. En caso de que no paguen, debe iniciar procesos coactivos de la seguridad social y luego procesos penales por delitos previsionales, en función a lo que estipula la nueva Ley de Pensiones.
Se añadió, incluso, al Código Penal el delito de "apropiación indebida de aportes”. Quienes fueran culpables (empleador o representante legal) serán sancionados con cinco a 10 años de privación de libertad, porque están en calidad de agentes de retención y se apropian de las contribuciones destinadas a la jubilación de sus empleados.
Tapia señaló que si la Gestora cumple con su trabajo, las empresas harán los aportes; de lo contrario, sus propietarios deben ir a la cárcel. "Hoy, por ejemplo, no vemos a nadie detenido”, lamentó. Las empresas en mora con las AFP no pueden hacer contratos con el Estado.
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