El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) denunció en Pando a la jueza Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria, María Esther Caero Silva, por la comisión de los delitos de Prevaricato y Resoluciones Contrarias a la Constitución y las leyes, debido a que impide la fiscalización impositiva a la empresa Tahuamanu. Este miércoles 10 de agosto se efectuará el juicio de reenvío o nuevo proceso en su contra.
Este caso tiene sus antecedentes en el año 2002 cuando se formalizó la exención de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) a favor del contribuyente Tahuamanu. Esta exención quedó sin efecto automáticamente por mandato de la Ley Financial de 2009 motivo por el cual se emitió la Resolución Administrativa N° 001/2009.
Tahuamanu impugnó e interpuso una demanda contenciosa tributaria ante la jueza Caero quien emitió la Resolución N° 147/2010 prohibiendo al SIN realizar cualquier actividad contra el referido contribuyente. Esta decisión judicial impidió continuar con el procedimiento de fiscalización iniciado.
Ante esa Resolución judicial, el SIN inició un proceso penal contra la jueza Caero pero el Tribunal de Sentencia Segundo, sin haber valorado los elementos de prueba presentados, emitió la Sentencia N° 11/2014 de 15 de agosto de 2014 que resolvió la inocencia de la magistrada. Mediante Auto de Vista de 14 enero de 2015 se confirmó la sentencia absolutoria.
Sin embargo, mediante Auto Supremo N° 267/2015 de 23 de abril de 2015 se resolvió dejar sin efecto ese Auto de Vista por falta de fundamentación descriptiva, analítica y jurídica, razón por la cual mediante Resolución de 30 de junio de 2015 se declaró procedente la apelación del SIN y se anuló totalmente la Sentencia absolutoria emitida por el Tribunal de Sentencia Segundo, disponiendo en consecuencia la realización de juicio de reenvío (nuevo juicio) en contra de Caero.
Este nuevo juicio se efectuará este miércoles 10 de agosto de 2016 en el Tribunal de Sentencia Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Este proceso reviste alta importancia por constituirse en una muestra de la lucha frontal contra la corrupción en la que incurren algunos administradores de justicia.
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