Los empresarios esperan que el pago total de un tributo presuntamente omitido, previa impugnación judicial, sea flexibilizado en un 10% mediante una boleta de garantía. El sector considera que este aspecto debe ser incorporado en la reglamentación de la Ley 212, vigente desde el 3 de enero.
Durante la rendición de cuentas de la Autoridad de Fiscalización Tributaria (AIT), el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Óscar Calle, sostuvo que la normativa tributaria -que se la conoce como solve et repete, que significa “paga y reclama”- atenta contra los derechos de defensa e inocencia del sector y además que es “inconstitucional”.
El artículo 10 de la Ley 212 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, promulgada en diciembre de 2011, hace ajustes al Código Tributario y determina que para iniciar cualquier demanda contencioso-tributaria en la justicia por adeudos superiores o iguales a 15.000 unidades de fomento a la vivienda, el contribuyente deberá depositar la totalidad del monto.
Mediante esta norma los empresarios están obligados a pagar la totalidad del impuesto presuntamente omitido más la multa, si es que buscan habilitarse a un proceso judicial de defensa en el ámbito tributario.
Calle señaló que se solicitó al Gobierno, mediante diferentes instancias, que se reajuste la norma en pro del empresariado que paga impuestos y que puede estar sujeto a errores de cálculo ante las instancias recaudadoras del país como el Servicio de Impuestos, la Aduana Nacional o los municipios. “Estamos esperando que en el reglamento se establezca algún procedimiento que considere el no pago del 100% por omisión de tributos”, agregó.
Calle pidió que en la reglamentación de la Ley 212 se puedan establecer los procedimientos de pagos tributarios omitidos, como se ordenaba en la anterior legislación. “En la anterior Ley 212 se establecía el pago a través de un depósito de un 10% de monto sujeto al pleito tributario”, sostuvo.
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