En un informe preliminar al que tuvo acceso EL DEBER, se pudo comprobar que entre 2012 y 2016, el Estado adquirió 61 pólizas, todas relacionadas con la actividad aeronáutica y las aseguró por un valor de $us 224,5 millones. Lo llamativo es que en todas las transacciones aparece el intermediario de reaseguros nacional (corredor) Conesa Kieffer & Asociados.
De acuerdo con los especialistas en seguros, la figura de un solo intermediario no es habitual, por lo que indicaron que es llamativo, porque siempre las aseguradoras nacionales recurrieron al mismo corredor nacional, siendo que en el país hay seis o siete con la misma capacidad y los contactos de reaseguro en el extranjero.
“Por lo general, cuando alguna dependencia del Estado realiza una licitación pública, las aseguradoras y reaseguradoras se presentan y gana la mejor propuesta. Estas buscan un intermediario para que las asesore sobre el costo de las primas”, explicó un analista que lleva años en el negocio de los seguros, pero que pidió no ser identificado.
La hegemonía
En los documentos que mostró, el senador demócrata Carlos Pablo Klinsky, se observa cómo Boliviana de Aviación ($us 9,8 millones); la Fuerza Aérea Boliviana ($us 58 millones); el Ministerio de Defensa ($us 8,5 millones); el Servicio de Aeropuertos Bolivianos ($us 1,2 millones) y la Dirección General de Aeronáutica Civil ($us 147 millones) aseguraron sus bienes en Fortaleza Seguros y Reaseguros, en Latina de Seguros Patrimoniales, en Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros y en Credinform Internacional S.A., en donde el corredor nacional es el mismo.
Descargo
Por la mañana de ayer, el corresponsal de este medio en La Paz, fue a las oficinas de Conesa Kieffer & Asociados, ubicadas en la zona de Calacoto, pero los empleados del lugar indicaron que el responsable se encontraba en una reunión, por lo que no lo iban a atender.
En cuanto a las aseguradoras nacionales, se las llamó y solo Fortaleza atendió nuestra consulta y explicó que la encargada de Contratos y Asuntos Legales estaba ocupada, pero que iba a contestar nuestras consultas.
Desde Credinform reiteraron que los servicios prestados al Estado fueron producto de una licitación.
En la Autoridad de Pensiones y Seguros, encargada del control de las empresas dedicadas a esta actividad no respondió a EL DEBER.
Desde BoA indicaron que contestarán las preguntas y el Ministerio de Obras Públicas pidió que se enviara una carta física.
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