Vía crucis en la ruta por el SOAT

La vida de Luis Pacheco y de su familia dio un giro inesperado el 29 de febrero de este año. Él y su hija se trasladaban a su domicilio en Següencoma, en la zona Sur de La Paz, en un bus de la línea 44 del Sindicato Litoral. Cuando estaban a la altura de la Curva de Holguín, en la avenida Libertadores, los frenos del motorizado se rompieron y el chofer tuvo que impactarlo contra el cerro, tras lo cual el coche volcó de costado.

De los 22 pasajeros heridos, su caso fue el más grave, pues sus costillas se fracturaron y le perforaron los riñones. Estuvo internado en la Clínica del Sur hasta el 2 de abril, donde recibió tres sesiones de hemodiálisis. De los 33 días de hospitalización, diez los pasó en la Unidad de Terapia Intensiva. La factura por su atención llegó a Bs 175.000, cifra que multiplicó siete veces los Bs 24.000 que cubre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

La adquisición forzosa del SOAT para los conductores de los sectores público y privado, instituida mediante la Ley de Seguros 1883, está vigente desde 2001 y busca garantizar la atención médica de heridos en siniestros de tránsito y, en su caso, cubrir los gastos de fallecimiento o de invalidez total y permanente, “evitando que los familiares de las víctimas fatales queden en absoluto desamparo por falta de recursos”, responde a un cuestionario la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Añade que en 15 años, este beneficio llegó a 220.000 accidentados y las aseguradoras erogaron al menos $us 126,1 millones (leer la nota de las páginas 8 y 9).

Pero en el camino para activar y/o hacer efectiva esta póliza se presentan al menos 15 escollos. La poca información, la burocracia, el monto insuficiente del seguro, la retención de lesionados en hospitales, la negación de auxilio, la falta de cumplimiento de deudas, los cobros y/o los estudios médicos excesivos, las dificultades para la recopilación de datos sobre el siniestro, entre otros, son problemas tras bambalinas, según víctimas y/o familiares, la APS, la Defensoría del Pueblo, compañías que administran el SOAT, investigadores de Tránsito, abogados, galenos y directores de hospitales entrevistados por Informe La Razón.

Una primera dificultad es que los gastos de hospitalización sobrepasen la suma máxima del beneficio. Para pagar la cuenta de Bs 175.000, Benita Choque, esposa de Luis Pacheco, tuvo que recurrir a sus parientes, quienes recaudaron Bs 40.000. Recibió Bs 1.400 recolectados por afiliados del Sindicato Litoral. En total, Bs 65.400, incluidos los Bs 24.000 de la póliza, que alcanzaron para pagar el 37% de la cifra global. Que los recursos sean insuficientes es moneda corriente, corroboran la representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi; el abogado especialista Juan Carlos Jiménez y el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz. Y los allegados de los heridos son los que terminan asumiendo esta pesada obligación económica.

“Los accidentes graves fácilmente sobrepasan ese monto al tercer día y el SOAT se lava las manos, cuando debería cubrir todo, eso debería revisarse en la ley”, sentencia Cruz, para quien el techo del SOAT debe subir de Bs 24.000 ($us 3.488) a $us 5.000. El importe de este seguro en el país está por debajo de los que rigen en Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela (leer nota de las páginas 14 y 15). Y Wilson Villarroel, exsuperintendente de Transportes, postula que la suma puede elevarse si rebaja el índice de siniestralidad. “Así serían menos frecuentes las quejas de que este beneficio cubre solo una parte mínima de los requerimientos”.

La imposibilidad de Benita Choque para pagar los gastos hospitalarios de su pareja, provocó que Luis sea retenido en el nosocomio privado, pese a tener el alta médica. Es un segundo escollo recurrente en este camino. Hay centros de salud que evitan que un accidentado de tránsito abandone sus ambientes hasta que no cancele la deuda acumulada, incluso si se produce el fallecimiento. Guarachi dice que su oficina atiende este tipo de denuncias y brinda apoyo con la presentación de una acción de libertad ante las instancias judiciales.

SENTENCIA. “En muchos casos se ha tratado de retener a las personas que han sido víctimas de un accidente vial o que han perdido la vida dentro de un hospital”. Sin embargo, hay jurisprudencia a favor. Una sentencia de 2011, mandada en revisión por la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba al Tribunal Constitucional, dio razón a la acción de libertad interpuesta por la familia de un peatón de 62 años que fue atropellado por un motorizado que no tenía la póliza, y que fue retenido en un nosocomio porque no podía cancelar la obligación que sobrepasó el monto del SOAT.Cruz admite que, por ley, nadie puede ser retenido, menos en un centro de salud; no obstante, remarca que para que una persona abandone éste, sus seres queridos deben garantizar un plan de pagos y ofrecer una garantía para cumplir con los gastos por el servicio. “Son insumos lo que se cobra, no solo los honorarios médicos, esto ocurre, tanto en el sistema público como en el privado. Sino todo el mundo quebraría”. Y añade que esto se aplica igual cuando se prueba que el chofer de un siniestro estaba ebrio y debe encargarse del desembolso.