Asofin teme que la ley contra el terrorismo afecte al sector

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Ximena Paredes / Página Siete
Ximena Paredes / Página Siete
Una persona realiza una transacción en una entidad.
La Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas (Asofin) teme que la Ley 262 de Régimen de Congelamiento de Fondos y otros activos de personas vinculadas con terrorismo y su financiamiento afecte las operaciones de crédito y ponga bajo sospecha de hechos irregulares a los funcionarios de estas instituciones financieras.

La norma fue aprobada el 31 de julio de 2012 y establece el régimen de congelamiento de fondos, crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y Financiamiento del Terrorismo (FT) e incorpora modificaciones relacionadas al Código Penal.

Según Asofin, en su último boletín, esta ley tiene implicaciones para las instituciones de microfinanzas que trabajan con clientes del sector informal.

La norma establece que figuras como los delitos tributarios, aduaneros y otros, considerados “delitos precedentes”, constituyen un riesgo con implicaciones civiles y penales para las entidades financieras.

Por ejemplo, “en la ejecución de una simple operación cotidiana para la concesión de créditos o la apertura de cuentas, bien podrían producirse acciones que den pie a acusaciones contra el personal de las instituciones financieras por omisión o complicidad, por ejemplo por no haber reportado una presunta evasión fiscal”, señala Asofin.

Si alguno de los prestatarios no factura todas sus ventas, el funcionario que le aprobó el crédito, con la Ley 262, puede quedar bajo sospecha por no haber reportado la información del cliente.

Con la política de “conozca a su cliente”, impulsada por el Gobierno para transparentar los recursos, la entidad financiera debe efectuar la debida diligencia, a fin de identificar operaciones inusuales o sospechosas y, en su caso, reportarlas a las autoridades.

En lo operativo, esa exigencia demanda, según Asofin, múltiples actividades de diligencia y reporte que necesitan tiempo, inversiones y recursos humanos adicionales, lo que tiene incidencias sobre los costos y tiempos de entrega de los productos financieros.

Con esta directriz, las entidades ahora deben exigir a los usuarios la procedencia de depósitos o cheques.