La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, informó ayer que desde la aprobación de la nueva Ley de Pensiones hay avances con la afiliación de consultores independientes y personas que trabajan por cuenta propia o eventuales, y hay conversaciones con los transportistas que desean acceder a la seguridad social de corto plazo (salud) y largo plazo (jubilación).
Pero como incentivos, explicó que ahora el Estado exige en “cualquier contratación pública que las empresas contratistas presenten una certificación de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de todos sus trabajadores”.
“Nos ha costado, tanto a los que licitamos obras como a los que participan en ellas, pero creemos que es la dirección correcta, es la señal adecuada para que la seguridad social de corto y largo plazo se garanticen para una cantidad importante de la población”, reiteró Caro.
“En este momento la cobertura de pensiones es cerca del 30% en áreas urbanas y mucho menor en áreas rurales, y el Estado debe preocuparse porque queremos que esta cobertura llegue a toda la población que ha estado generando producto, que ha estado trabajando en los años más productivos de su vida”, añadió.
Datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros revelan que hasta el 31 de julio de este año el Sistema Integral de Pensiones (SIP) tenía 1.504.296 afiliados, la mayoría comprendida entre los 26 y 40 años de edad.
El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Baudouin Duquesne, sugirió el miércoles que los problemas con los sistemas de pensiones surgen porque la cantidad de jubilados va en aumento y el número de contribuyentes baja.
Además, señaló que todos los fondos de jubilación en el mundo tienen el mismo problema (baja rentabilidad) por eso es que se discuten dos opciones: “o aumentar la edad de jubilación o incrementar las cotizaciones, no hay cómo salir de estas dos”. En este caso Bolivia va a tener que decir qué se hace y “cualquier decisión es dolorosa porque genera conflicto”, precisó.
Las AFP se hicieron cargo del sistema de pensiones desde 1997, pero ahora serán sustituidas por la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo que operará desde el próximo mes.
BBVA se alista para vender AFP
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) está a punto de cerrar la operación de venta de su gestora de pensiones en Bolivia al Gobierno, que ha emprendido una reforma para nacionalizar el sistema de pensiones, reportó ayer la agencia EFE.
Fuentes del sector informaron que las negociaciones se iniciaron hace aproximadamente un año después de que el Gobierno boliviano aprobara una ley que anulaba los contratos de las dos gestoras privadas que operan en el país, BBVA y Zurich. El banco español impulsó las conversaciones como una vía para encontrar una salida negociada. Las dos AFP controlan el sistema de pensiones desde 1996 y han acumulado alrededor de 5.000 millones de dólares en aportaciones de los trabajadores, de los que una parte está depositada en los bancos y otra fue invertida en bonos del Estado. Si la operación se consuma, tendría un impacto inferior a los cinco millones de dólares en el grupo. Los fondos propios del BBVA operados en Bolivia son 2,3 millones de dólares, con un ahorro gestionado en las gestoras superior a los 2.000 millones.
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